El Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico de la ciudad fue escenario de una nueva Audiencia Pública contra el tarifazo del Gobierno Nacional, de la cual participaron importantes referentes, entre ellos la abogada Andrea Manzi, coordinadora general de la Red Nacional de Multisectoriales, Claudio Daniel Boada, abogado especializado en Derecho de Usuarios y Consumidores y Mauro Stefanizzi, Socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. La secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, fue la encargada de dar apertura a la jornada que se llevó a cabo desde de las 10 de la mañana.
Río Grande.- El Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico de la ciudad fue escenario de una nueva Audiencia Pública contra el tarifazo del Gobierno Nacional, de la cual participaron importantes referentes a nivel nacional. De la misma participaron el Secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Federico Runín, la concejal Miriam Mora, el subsecretario de Participación Ciudadana, Federico Greve, el integrante del Observatorio Cuestión Malvinas, Moisés Solorza y el jurista Dr. Eduardo Barcesat.
“Como Municipio hemos estado en contra de estos tarifazos –señaló-, y más allá de eso, como ciudadana una también los padece al igual que todas las familias del país”, exteriorizó la secretaria de Promoción Social, Analía Cubino.
En este sentido, manifestó que “desde la cartera de Promoción Social del Municipio vemos día a día como el concepto de pobreza energética va deteriorando las condiciones de vida de muchas personas de nuestra ciudad”.
“Nos hemos hecho cargo de acompañar a los vecinos y vecinas de Río Grande y también de Tierra del Fuego. Nos hemos puesto a la cabeza de los reclamos contra situaciones que consideramos injustas y hemos interpuesto medidas judiciales para la defender el derecho a una vida digna”, agregó.
Asimismo, Cubino resaltó que “tenemos una distribuidora a nivel local que es una cooperativa, cuyos valores cooperativos deberían ponerse en ejercicio. En cuatro meses hemos pagado casi un millón 900 mil pesos a la Cooperativa Eléctrica para que más de 500 personas pudieran tener ese servicio que es un derecho”.
Por otro lado, manifestó que “apelamos a la responsabilidad de los distintos estamentos estatales para sentarnos en una mesa y exigir que haya una tarifa que pueda ser contemplada según la situación de cada familia, su consumo, su situación específica social”.
“Nosotros como Municipio vamos a seguir afrontando estas situaciones, porque acompañamos a los vecinos y porque conocemos y nos duele la realidad triste de muchas familias”, finalizó.
Disertantes subrayaron la “necesidad de tener tarifas justas y reconocer los servicios públicos como un derecho”
En este marco, Andrea Manzi, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales, indicó que “venimos trabajando hace tres años con el tema de las tarifas, pero empezamos con esta idea de articular con varios sectores para ver de qué otra manera podíamos empezar a trabajar dando participación en un debate para que todos podamos saber qué está pasando en todas partes del país”
“Las consignas de audiencia pública Nacional son tarifas justas, servicios públicos como derechos, tarifa social para clubes, para pymes, que la energía sea declarada un derecho; sabemos que la energía es el motor de la industria, hoy no nos podemos imaginar una persona que no tenga gas, luz o agua”, comentó.
Además, Manzi sostuvo que “el tarifazo literalmente deja estragos en la gente. Deja sin trabajo, genera muertes; hemos tenido muertes de gente que se ha electrocutado porque no puede pagar el servicio, gente que ha perdido todo por prender una vela, gente que dejó de comer para pagar el servicio. Tenemos a los electrodependientes que si no tienen energía no pueden vivir. Además, en provincias como Tierra del Fuego donde el gas es fundamental para vivir es necesario que generemos el debate”.
“Hoy por hoy las tarifas de servicios públicos ocupan más del 20 por ciento de un salario de un activo, mucho más en el caso de los jubilados. Tenemos muchos jubilados endeudados por pagar las tarifas”, informó.
Por su parte, Claudio Boada, abogado especializado en Derecho de Usuarios y Consumidores, dijo que “estamos debatiendo sobre derechos humanos fundamentales” y añadió: “todos estamos siendo dañados por esta política energética atroz que solo beneficia a los productores, las petroleras y las gasíferas”.
“En estos tres años hemos vivido una sucesión de aumentos exorbitantes que se dan simultáneamente en todos los servicios, no solo en los domiciliarios, sino también en el transporte, en la nafta, en todo lo que tiene que ver con el petróleo, y eso no solamente es un daño directo a nuestros bolsillos, sino también un golpe indirecto a toda la cadena de producción”, explicó.
Asimismo, manifestó que “frente a esos aumentos, las asociaciones y las multisectoriales empezamos a reclamar en su momento la celebración de Audiencia Pública, que es todo un proceso de información, debate y análisis previo a tomar la medida”.
Por último, Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación de Electrodependientes de la República Argentina, expuso los pormenores de la lucha por alcanzar la ley nacional de Electrodependientes. “Los electrodependientes son quienes necesitan de la energía eléctrica para poder vivir”, señaló.
“Veníamos sufriendo los cortes de luz y el incremento tarifario del 2016 nos puso en jaque. De pagar boletas de luz de 300 pesos pasamos a pagar 2500, lo cual en esa época era mucho y no podíamos afrontar como familias”, relató.
Además, explicó que “la ley fue Nacional y por una cuestión jurisdiccional se necesitaba que las provincias adhieran para garantizar la distribución interna o la subdistribución a través de una Cooperativa Eléctrica. Tierra del Fuego es una de las cuatro provincias que aún no adhirió a esta ley nacional”.
En este sentido, sostuvo que “estar aquí nos ayuda a traccionar, a impulsar un proyecto de adhesión de la legisladora Mónica Urquiza que se volvió a presentar por segunda vez, pero si en dos años no tuvo un tratamiento parlamentario no sé qué va a cambiar. Se podría solucionar de una manera fácil y sencilla con un decreto a través del Gobierno, por eso uno de los pedidos es a la gobernadora que adhiera a esta ley a través de un decreto”
Finalmente, dijo que “celebro que el Municipio de Río Grande se haga cargo y, en cierta manera, suplante esta ausencia del Estado Provincial y Nacional, pero tenemos que ir por más, porque esos derechos no pueden estar a la buena voluntad de un Municipio, sino que tiene que estar garantizado con la fuerza de una ley”.
Luego fue el turno de interactuar con los participantes y de las exposiciones de otros actores sociales, afectados directamente por la suba exponencial de las tarifas. Vinieron personas de Chubut y Buenos Aires.
