A las 11:36 llegó a los tribunales. Ingresó directamente a la sala de audiencias por una puerta lateral del edificio. Cuando puso un pie en el edificio la esperaban parte de los dirigentes que fueron a acompañarla. Le hicieron una suerte de pasillo y la aplaudieron mientras pasaba. Antes de entrar a la sala de audiencias, Cristina Kirchner se sentó a saludar a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo.
Buenos Aires.- «Cuidado con la cámara», le dijo a Cristina Kirchner el funcionario de Comodoro Py que la acompañó a la sala de audiencias. La ex mandataria se presentaba a su primer juicio oral. No dijo una palabra pero su sola presencia le alcanzó para acaparar la atención mediática y política del día.
Cuando la ex presidenta llegó ya estaban sentados allí los restantes 12 acusados del caso. Cristina se ubicó en la última fila con sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy a sus costados. Saludó a quienes tenía más cerca, entre ellos Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas.
En cambio no tuvo contacto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ni con el empresario Lázaro Báez, ni con el ex funcionario y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, ni con el ex secretario de Obras Públicas, José López.
De Vido Báez y Carlos Kirchner están detenidos y se sentaron en primera fila, custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Báez y De Vido que se sentaron uno al lado del otro, vestían camisas en tonalidades del rosa y llevaban escarapelas en sus abrigos.
López fue aislado del resto de los acusados ya que se buscó que no hubiera inconveniente con los otros imputados porque es arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción. El ex secretario de Obras Públicas se sentó en el mismo sector que la Fiscalía y las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). «Así queda claro en qué lugar está», le dijo a Infobae y enojado uno de los imputados del juicio.
A las 12:03 – con una inusual puntualidad para los usos y costumbres de los juicio orales- ingresaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Así, comenzaba formalmente el primer juicio oral y público por sospechas de corrupción a Cristina Kirchner. Lo único que se hizo en el juicio fue leer unas 90 páginas de las 584 que constituyen la acusación de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Fue una lectura tediosa que generaba caras de aburrimiento entre los acusados, los abogados y el público. Cristina Kirchner estuvo toda la audiencia con un celular en la mano. Lo miraba y lo manipulaba. Al mismo tiempo hablaba con Beraldi, uno de sus abogados. A veces se reían.
A las 13.21 la ex presidenta levantó la mirada porque en ese momento comenzaron a leer la imputación dirigida a cada uno de los acusados. Y la primera en ser nombrada fue ella en su carácter de «Jefe de una asociación ilícita». Eso indicaba también que se había alcanzado la lectura de la página 38 del extenso requerimiento de elevación a juicio.
Detrás de ella, con un blindex que los separaba, estaba el público. Hubo 63 asientos destinados a dirigentes y allegados a la ex presidenta. Justo detrás de ella estaba la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Dentro del público que ingresó a la planta baja de la sala de audiencias estaban el diputado Eduardo «Wado» De Pedro, el sindicalista Hugo Yasky, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario , Tati Almeyda de Madres de Plaza de Mayo el periodista Horacio Verbitsky, Martín Sabbatella, Gabriela Cerruti, Juan Martín Menna y Oscar Parrilli, entre otros.
En una bandeja alta, se ubicó medio centenar de periodistas y consiguió un lugar el diputado Rodolfo Tailhade, quien cuando quiso acreditarse para ingresar en el sector de abajo, las localidades ya se habían agotado.
Los dirigentes comenzaron a llegar a Comodoro Py muy temprano. Los primeros a las 7 de la mañana. Ninguno quería quedarse sin uno de los 63 asientos reservados para el público. Pero a las 8:30 ya había una lista de espera. Se quedaron afuera de la sala de audiencias Sergio Berni, Héctor Recalde y Axel Kicillof, entre otros.
Todos se concretaron en el hall de entrada del edificio judicial. Faltaban todavía tres horas para que empezara el juicio. Salieron a las escalinatas de Comodoro Py y entre ellos pasó el fiscal federal Eduardo Taiano. Pasó inadvertido. Pero fue el fiscal que consintió los sobreseimientos de los Kirchner en las causas por enriquecimiento ilícito y el primero en firmar que una causa a la ex mandataria pase a juicio oral, la de dólar futuro.
La expectativa era tan grande que ya a las 11 periodistas, fotógrafos y público -más de 100 personas- pugnaban por ingresar a la sala de audiencias. El mayor trabajo para hacerlo ordenado lo tuvo una agente de la Policía Federal. «Se pueden correr para atrás, necesito la puerta libre», les pedía la mujer sin éxito. «Por favor, dejen espacio», repetía. Pero todos se agolpaban. «Intendentes y diputados abajo», dirigía una de las personas que acompañó a Cristina Kirchner
A las 15:00, después de dos horas y 45 minutos de lectura, el juez Gorini dispuso que la audiencia terminara y continuaría el próximo lunes.
Cristina se levantó y fue la primera en salir de la sala de audiencias. En el hall la esperaba el público. «Gracias, gracias, gracias», les decía mientras saludaba y su custodia le abría paso. Salió del edificio, se subió al auto oficial que la trajo y se fue. A un costado, un grupo de militantes la alentaba. No dijo una sola palabra. No lo necesitó para tener la centralidad informativa del día.
Los puntos centrales de la acusación contra Cristina Kirchner en el primer día del juicio
La primera jornada estuvo dedicada a dar lectura a parte de las acusaciones. Estas sostienen que Néstor y Cristina Kirchner, desde la cumbre del Poder Ejecutivo, fabricaron a un empresario amigo, como Báez y lo enriquecieron «a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad» mientras «seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción».
Los secretarios del Tribunal Oral Federal 2 leyeron la frase y Cristina Kirchner lo escuchó desde la última fila del salón de los acusados. Fue tan solo uno de los párrafos de las casi 600 páginas en donde la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita y Ignacio Mahiques, pidieron llevarla al juicio oral que hoy enfrenta, junto al ex ministro de Planificación De Vido, a Baez, el cuñado de su marido Carlos Santiago Kirchner y el ahora arrepentido en el caso cuadernos José López. No es una pieza nueva dentro del expediente, pero la formalidad exige su lectura al inicio del debate oral.
«La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos», sostuvo la fiscalía.
Y se añadió: «Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otro planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos».
Para la Fiscalía, la maniobra se edificó en cuatro pilares: «1) la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz; y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor del empresario Lázaro Báez, en detrimento de las arcas del Estado».
En palabras del Ministerio Público, Lázaro fue así «ungido como el destinatario de este enriquecimiento exponencial y vertiginoso, no tenía ningún antecedente en el negocio de la construcción vial y que su inmersión en esta actividad se debió a que Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo colocaron como el beneficiario de todo el esquema de corrupción que montarían» alrededor de la obra pública vial.
«Néstor y Cristina Kirchner no sólo diseñaron el plan tendiente al favorecimiento del empresario amigo de la familia, con el que mantenían estrechos vínculos económicos, sino que además, con el fin que su designio se llevara a cabo sin resquicios, colocaron en los lugares clave a personas que sabían que participarían de esta empresa criminal y controlarían desde sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional a los funcionarios de menor grado de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia de Vialidad de la provincia de Santa Cruz».
Según se apuntó, «los elementos de prueba reseñados dejan en claro que Lázaro Báez no tenía ninguna empresa constructora ni se dedicaba a dicha actividad, lo que permite sostener que la participación del nombrado en esta maniobra no se debió a su experticia en el rubro de la construcción. Pero si a ello se le agrega la acreditación de un vínculo personal y de extrema confianza que une a Lázaro Báez con Néstor y Cristina Kirchner, es posible concluir que la colocación de una persona allegada como beneficiario inmediato de la maniobra tuvo por fin que quienes diseñaron la maniobra pudieran asegurarse y controlar el destino del dinero que sustraerían ilegítimamente del Tesoro Nacional».
Los acusadores de la instrucción sostuvieron: «La maniobra orquestada jamás hubiera sido posible sin que desde la Presidencia de la Nación, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, tomaran la decisión política de favorecer a la provincia de Santa Cruz con inversiones millonarias en obra pública vial y dotaran por diferentes medios de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad con el fin de que aquella pudiera pagar sus obligaciones, las que luego los demás miembros de la organización se encargaban de hacer llegar a las empresas del Grupo Báez».
El dictamen añadió: «No resulta azaroso que la provincia de Santa Cruz fuera la jurisdicción en la que se ejecutó, es decir en la que el Estado pagó, la mayor cantidad de dinero en obra pública vial, así como tampoco es casual que dicha provincia, luego de Buenos Aires, fuera por lejos la provincia en la que el Estado Nacional licitó la mayor cantidad de dinero en obras.»
Otro de los puntos sostenidos por el Ministerio Publico hizo hincapié en que «varias de las empresas del Grupo Báez participaban como oferentes en un mismo proceso licitatorio, con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización a favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar». Según se sostuvo, «esta maniobra, además de simular la repartición de toda la obra pública en varias empresas —a través de la alternancia en las adjudicaciones—, serviría como herramienta para monopolizar la obra vial, imponer el monto deseado en la contratación y direccionar la suerte de los procesos licitatorios».
Con un extenso repaso, los fiscales aseguraron «el esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez no se limitó únicamente al proceso de adjudicación, sino que también se extendió en la etapa de ejecución de las obras, en donde se verificó una ausencia total y deliberada de control en la marcha de las obras viales interesadamente adjudicadas».
Quedó así subrayado que existió un «incumplimiento sistemático, reiterado y permanente en los plazos de contratación y en la entrega de las obras terminadas» en donde solo se finalizaron dos de 51 obras viales adjudicadas al Grupo Báez en el tiempo previsto en el contrato y, a pesar de los 12 años transcurridos, solo se terminaron 26 de esas 51 obras adjudicadas.
Los acusadores hicieron hincapié en que ninguno de los funcionarios intervinientes del Ministerio de Planificación o la Dirección de Vialidad tomaron cartas en el asunto «ni intervino para indagar por qué la obra se extendía indefinidamente y se atrasaba a pesar de que el Estado Nacional le destinaba cuantiosos fondos cada año, no sólo a través del presupuesto aprobado por el Congreso sino mediante reasignaciones posteriores vía decreto de necesidad y urgencia o resoluciones ministeriales».
«Esta continua decisión de adjudicar obras a las empresas incumplidoras formaba parte del plan ideado desde el Poder Ejecutivo Nacional y respondía a la matriz de corrupción diseñada a favor de Lázaro Báez», se añadió. «Si nos lleváramos por lo que cada uno de los imputados aseguró, nadie tenía a su cargo el control real de las obras viales de Santa Cruz, lo que es a todas luces un contrasentido y muestra cómo, en verdad, nos encontramos frente a una maniobra por medio de la cual la excesiva celeridad de los tiempos de adjudicación a Báez permitió conocer que los diversos funcionarios no ejercían un control y examen real sino que formalizaban en el expediente su decisión previa de otorgar obra pública vial al empresario amigo y socio comercial de la ex familia presidencial».
