El Presidente de la Cámara de Comercio, José Luís Iglesias, consideró el freno de embargos de AFIP como un punto central de la ley de emergencia comercial aprobada ayer. Respecto de los beneficios a nivel provincial, los relativizó, considerando insuficiente el plazo de 180 días. Además, observó que en el caso de la energía eléctrica, las condiciones son diferentes en Ushuaia, donde la DPE tiene un respaldo del tesoro provincial para adherir, a diferencia de la Cooperativa. También marcó la desventaja en la zona norte al no contar con el desarrollo del turismo y sostuvo que “toda la ciudad ha perdido su poder adquisitivo”. Desde enero a mayo, hay un 10% de comercios que cerró y sigue el promedio de un despido diario.
Río Grande.- El Presidente de la Cámara de Comercio de la zona norte, José Luís Iglesias, tomó con cautela la aprobación de la emergencia comercial a nivel provincial y la expectativa está centrada en lograr la adhesión de AFIP.
Por FM La Isla consideró que las suspensiones de las ejecuciones de AREF no son “un tema medular”, teniendo en cuenta que alcanzan el 1,3% del total de los comerciantes. “En cuanto a la suspensión de ejecuciones de la DPE, que es un organismo provincial, no sabemos de qué ejecuciones estamos hablando, en qué nivel, con qué consumo, si es comercial, si es por falta de ingresos o de trabajo. Tendría que interiorizarme antes de dar una opinión cierta”, sostuvo, además de observa las limitaciones de la Cooperativa Eléctrica para adherir.
“La Cooperativa Eléctrica no depende de la provincia en forma directa, es decir que el problema de la luz en Ushuaia lo resuelve la provincia, y en Río Grande los resolvemos los de Río Grande. No es lo mismo tomar ese tipo de medidas al contar con el erario provincial, que cuando los ingresos vienen directamente del consumo de los individuos. Por ahí son medidas que no van a lo medular de la ley. Se han establecido 180 días y estaría bueno que ese plazo se amplíe, teniendo en cuenta el concepto de solidaridad. Me parece que la parte abarcativa de la ley de emergencia económica pasa por asumir que estamos en una situación conflictiva, sobre todo en Río Grande, donde hemos perdido muchas fuentes de trabajo y el consumo. No tenemos el paliativo para los ingresos y la facturación de la parte del turismo, porque es una ciudad postergada en todo sentido”, manifestó.
“Tenemos dos vuelos, contra once en Ushuaia, y unas asimetrías en cuanto a la posibilidad de ingreso por el turismo. Hemos tratado de gestionar más vuelos pero no tuvimos mucha suerte, porque son necesarios, aunque no tenemos un perfil de turismo, pero sí un desarrollo en el sector petrolero, que necesita estar vinculado con otras ciudades de la Patagonia, y hay un tránsito lateral que tiene que ver con las empresas y los negocios”, subrayó.
“Esta emergencia comercial permite que la provincia pueda gestionar ante la AFIP, como se hizo en Santa Cruz y en Chubut, para que adhiera y conceda por lo menos los 180 días de plazo para resolver la situación de empresas que están a punto de cerrar”, expuso como positivo, si bien tampoco resuelve la cuestión de fondo.
“La situación es grave porque la caída del consumo no para, y esto lo tenemos medido. En general la caída es constante y se ha caído un 33% de facturación de un año a otro, y desde el año pasado tenemos la pérdida de un puesto de trabajo por día en promedio. Eso va dando una pauta de la real situación. Hay una gran cantidad de gente que está llegando a pagar el mínimo de la tarjeta solamente, hay una gran cantidad de cheques rechazados y el escenario es decreciente. No vemos que todavía hayamos llegado al final para que empiece el repunte. Esto ya depende de una política a nivel nacional, que a nuestras empresas electrónicas y textiles le ha causado un perjuicio importante”, planteó.
“El comercio minorista está tratando de sobrevivir y todos los días se están cerrando negocios. Desde el mes de enero al mes de mayo tenemos un 10% más de locales desocupados sobre la avenida Perito Moreno y San Martín. El comercio está tratando de vender de cualquier forma, ante unos costos exorbitantes, porque no alcanzan a reponer, y están vendiendo al precio que le cuesta la reposición. El flete también crece y hay tasas usurarias en el sistema bancario, que impiden refinanciar deudas. Toda la ciudad ha perdido su capacidad de poder adquisitivo y no se le puede pedir más esfuerzo”, enfatizó Iglesias.
Indicó que “los relevamientos los hacemos juntamente con CAME en la zona céntrica, en determinadas avenidas, también sobre la calle Viedma. Tenemos un global de medidores comerciales, que hablan de la cantidad de comercios posibles, desde una gomería a un quiosco. Yo estoy todo el día en la Cámara, camino la calle y la sensación es que la situación cada día está peor y que no saben cómo van a hacer para seguir adelante. Lo primero que hay que cuidar es la salud, y en un año nos aumentó el 54% la medicina privada. El estado cuida a sus empleados, porque les da educación y salud, pero el privado se tiene que arreglar solo y no hay ayuda para nadie. Acá no hay subvenciones ni nadie que vaya a ayudar a que no nos saquen el medidor. Cuando el comercio no paga, le sacan el medidor. En épocas de elecciones el arco político se pone solidario, pero la realidad de la economía es una sola. Lo demás son paliativos, son disfraces, porque si no producimos más y no logramos reconvertir todo el aparato productivo, la situación no puede mejorar, porque no hay margen”, concluyó.
