Integrantes de la Regional Tierra del Fuego de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, solicitan, mediante de un comunicado, al Gobierno Provincial y a la Municipalidad de Río Grande la correcta difusión del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo.
Río Grande.- El comunicado publicado a través de las redes sociales, indica, “desde la Regional TDF, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en el marco de las acciones conjuntas que se desarrollan a lo largo de todo el país, denunciamos que el Ministerio de Salud de la Provincia y la Municipalidad de Río Grande incumple con la correcta difusión del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) , que prevé la realización de esa práctica bajo tres causales y que forma parte de nuestra legislación vigente desde 1921.
Sin acceso a la información respecto de los derechos que nos asisten, nuestra autonomía se ve absolutamente vulnerada. Vale la pena recordar Tierra del Fuego AIAS, cuenta con un protocolo desde 2012, sin embargo si la normativa no es difundida en los centros de atención primaria y en los hospitales públicos en lugares visibles, es sólo letra muerta y nuestros derechos se ven cercenados. Por esto demandamos la visibilización del Protocolo para que las mujeres fueguinas conozcan y se apropien de sus derechos.
Por otro, repudiamos la cartelería exhibida en el Hospital Regional Río Grande, cargada de información religiosa y carente de rigurosidad científica.
Como sabemos que tomar la decisión de interrumpir un embarazo es complejo, exigimos la creación de consejerías pre y post aborto para asesorar y acompañar, si así lo quisieran, a las mujeres y personas con capacidad de gestar.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) impulsa la promoción del derecho de las personas gestantes a la posibilidad de acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando se encuentre entre las causales previstas por el sistema normativo del país.
La realización de las ILE debe guiarse por el principio de autonomía, por lo cual todas las actitudes y prácticas de las/los/les profesionales del área de la salud deben estar destinadas a que en base a la información veraz, adecuada y completa que se le brinde a la persona gestante, pueda esta tomar la mejor decisión que considere. Por consiguiente, es derecho de les gestantes o futures gestantes exigir el acceso fácil a la información necesaria para poder entender el proceso y despejar las dudas que surgieran con respecto a la ILE.
Es obligación y deber ético *de* toda persona que preste un servicio a la comunidad desde el área de la salud, tales como los psicólogos/as, trabajadores/as sociales, enfermeras/os, personal administrativo o de seguridad y demás personas que intervengan en la atención de las ILE, proveer la información de manera adecuada (ágil, inmediata) para así asegurar el acceso sin discriminación de todas las personas a sus derechos sexuales y reproductivos.
Proveer información incompleta o inadecuada puede acarrear responsabilidad legal. Las demoras innecesarias o el brindar información falsa para llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente.
El camino hacia la legalización del aborto está precedido por la correcta y efectiva aplicación de la I.L.E. ¡Será Ley!”.
