Se trata de presentaciones independientes por parte del Dr. José Pellegrino, abogado defensor de dos empresas investigadas por supuestas irregularidades en la obra pública municipal. Acusa al fiscal Quadrini de una persecución judicial y del delito de “fraude procesal”; y al abogado de la querella Francisco Giménez de lavado de activos. En este último caso, por tratarse de un delito federal, será derivado al fuero correspondiente para que se investigue con qué fondos el letrado adquirió un club de polo en la provincia de Buenos Aires.
Río Grande.- El Dr. José Pellegrino, abogado de las empresas Vaquera y Constructora Patagonia SRL, radicó ayer dos denuncias penales. Una de ellas apunta contra el fiscal mayor Guillermo Quadrini, por presunto mal desempeño, en función de una supuesta persecución judicial contra la firma Constructora Patagonia y presunto “fraude procesal”, dado que estaría actuando en dos causas paralelas que tramitan en distintos juzgados.
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La segunda pide una investigación patrimonial del abogado Francisco Giménez, representante de las supuestas víctimas de acoso sexual de parte del intendente de Río Grande, quien habría adquirido un club de polo en la provincia de Buenos Aires. Por tratarse del delito de lavado de activos la imputación, será derivado al fuero correspondiente, según informaron las fuentes judiciales.
Por Radio Provincia, el Dr. José Pellegrino dio a conocer otras medidas previas a las denuncias de ayer, vinculadas con la presentación de un recurso de casación contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones, que resolvió aceptar como querellante al denunciante Mario Lovera –representado por Francisco Giménez-. “Entendemos que esto nos agravia porque no tiene ninguna relación con las empresas, y no puede ser querellante quien no tiene ningún vínculo jurídico con los imputados”, explicó.
Cabe recordar que Lovera había sido apartado como querellante por dar un domicilio falso y hubo una investigación de paradero ordenada por el juez, hasta que se lo ubicó en la provincia de Formosa. La defensa de Melella había rechazado su condición de querellante al no tener domicilio conocido y no poder ser citado a declarar, el juez le dio la razón, la sentencia fue apelada por Giménez y, dado que en el intervalo se ubicó al denunciante y testigo, la Cámara falló a favor de tenerlo por querellante.
Ahora deberá definir el Superior Tribunal de Justicia si hace lugar a la presentación y, si confirma o rechaza la condición de querellante de Lovera. “Esta es una cuestión técnica que tiene que ver con la legitimación para actuar de este señor contra empresas como Constructora Patagonia, con la que no tuvo absolutamente ningún vínculo jurídico, ni de trabajo, ni de nada. Es poco menos que descabellado que este señor pueda ser querellante contra Constructora Patagonia, porque no hay perjuicio de la empresa a su persona ni razón para que sea querellante de la empresa”, dijo Pellegrino.
Detalló que oportunamente Mario Lovera “fue subcontratado por la empresa Vaquera Construcciones para ejecutar mano de obra, no por Constructora Patagonia. Se lo tomó como jefe de cuadrilla, la tarea la realizó y se le abonó, como él mismo reconoce en una de sus declaraciones. Cobró 400 mil pesos por una obra, con los cuales le debía pagar a su gente, cosa que no hizo, por lo cual la empresa Vaquera Construcciones tuvo que afrontar un reclamo en el Ministerio de Trabajo”, expuso.
El desempeño de Quadrini
Ayer el abogado sumó otra presentación, esta vez contra el fiscal mayor Guillermo Quadrini, a quien acusa de “incumplir con los deberes de funcionario público. Hace tres años que el Dr. Quadrini viene investigando a la empresa Constructora Patagonia, por los expedientes de obra pública del 2012 en adelante, causa que tramita en el juzgado del Dr. Cesari Hernández. Ahora se presentó el Dr. Giménez pidiendo que nuevamente se investigue la obra pública de Constructora Patagonia del año 2012 en el juzgado de Sahade y esto no se puede hacer”, dijo de las dos causas paralelas en trámite.
“Merece también como mínimo una sanción procesal para el Dr. Giménez, porque está obrando en forma ilícita. Él no puede desconocer que se está investigando a la empresa hace tres años en otro tribunal”, subrayó, y aseguró que hasta ahora “no se encontró una sola irregularidad”.
“Yo estoy tratando de salvar una familia que está siendo destrozada, porque la justicia se convierte en una máquina de picar carne. La empresa Constructora Patagonia fue allanada dos veces y las dos veces le secuestraron todas las máquinas, las computadoras, la papelería. En una primera oportunidad le devolvieron las computadoras un año y medio después, cuando una pericia para sacar el contenido del disco duro puede tardar una o dos semanas, nunca un año y medio”, dijo.
“Después de tener un año y medio secuestradas todas las computadoras, apareció una nueva denuncia, volvieron a allanar la empresa y le volvieron a secuestrar las máquinas. Es un disparate esta causa, porque no hay una sola prueba de perjuicio fiscal”, enfatizó.
“En su momento yo recusé al Dr. Sahade y al Dr. Quadrini porque no nos permitían acceder a la causa, lo que es inconcebible después de dos allanamientos y secuestros de documentación. Yo tuve que seguir por los medios la causa en la que imputaban a mis clientes, porque no podía acceder al expediente, hasta que finalmente el juez Sahade reflexionó y me lo permitieron. Pero precisamente el juez Sahade fue denunciado después por darnos acceso a la causa. Esto es un disparate, porque estando imputados no podíamos ejercer el derecho de defensa”, remarcó.
El letrado aclaró que no tiene relación con el intendente Melella y “mis clientes son el señor Vaquera y Constructora Patagonia”. Con relación a los lazos familiares “de los que hablan muy livianamente”, observó, dijo que “es cierto que en Constructora Patagonia hay un señor que se llama Alejandro Guillén y una señora que es Norma Menéndez –su esposa-, que en algún momento fue secretaria privada del intendente Melella. Pero esto no tiene nada que ver con el fraude en la obra pública, porque para que exista fraude tiene que haber perjuicio fiscal. Además, que me expliquen cómo se hace fraude en una licitación pública en la que participan varios oferentes, hay una mesa evaluadora y se compulsan los precios en presencia de los oferentes”, planteó.
Se lo consultó sobre las declaraciones del ministro de Obras Públicas Luis Vázquez, quien dijo que todas las licitaciones las ganaban estas constructoras y estaban relacionadas con la secretaria de Melella. “El señor Vázquez no sólo es un embustero sino que tendrá que dar explicaciones, porque la empresa Constructora Patagonia SRL ganó obra pública en la gobernación, cotizó millones menos que otra empresa y nunca fue notificada si le fue asignada la obra o no, y sin embargo está en plena ejecución. Nosotros constatamos la ejecución de la obra que había ganado Constructora Patagonia y la está ejecutando otra empresa, que siempre gana los contratos en la gobernación”, reveló, aunque sin dar el nombre.
Una “causa armada”
Pellegrino afirmó que la causa contra Melella está armada y mencionó otras denuncias previas que involucran a funcionarios de la provincia, cuya investigación sigue esperando. “Hace bastante tiempo denunciamos fraude procesal y creemos que esta causa está armada y sostenida desde el estado. Hemos denunciado al señor Gorbacz (jefe de gabinete), al señor Vázquez (ministro de Obras Públicas) y al señor Eposto (Secretario de Seguridad), y por supuesto al Dr. Giménez (abogado de la querella). Está por verse si en algún momento se va a tratar esto que denunciamos. La denuncia es por la compra de testigos y esto está confirmado por el propio testigo Hugo Moya, que obtuvo favores del estado, ni más ni menos que una vivienda del IPV destinada a los funcionarios que vienen a Río Grande, entre ellos el señor Gorbacz”, recordó.
“Vamos a demostrar que toda esta causa es un fraude y tiene solamente un fin político. Yo no soy afiliado a FORJA ni defensor del intendente Melella”, aseveró el abogado.
Cabe apuntar que también el abogado defensor del intendente, Francisco Ibarra, pidió el apartamiento del fiscal Quadrini de la causa, en base a acusaciones formuladas “de manera vaga, imprecisa y genérica”, dado que se plantean irregularidades de un entramado de empresas con facturación apócrifa y obras simuladas que apuntaban al enriquecimiento de empresarios y familiares ligados al municipio, “sin precisar obras, personas o hechos concretos, así como tampoco qué perjuicio hubo para el municipio”.
En la causa de obra pública están imputadas por el fiscal Quadrini las empresas Constructora Patagonia SRL, Dapco, Zimentar, Luis Marino Vaquera, Soldasur, Hernán Meneses y Yolanda Meneses, Comunicaciones Fueguinas e Inicon S.A. y, si bien el fiscal habla de “una cartelización de la obra pública municipal”, luego “su propuesta probatoria la dedica solamente a investigar a la empresa Constructora Patagonia, en una clara maniobra persecutoria a mis asistidos”, dijo Pellegrino.
El fiscal Quadrini actúa en las dos causas en las que se investigan irregularidades de obra pública, la primera tramita en el juzgado del Dr. Cesari Hernández y la segunda en el juzgado del Dr. Sahade. “El juzgado del Dr. Sahade hizo una certificación de la existencia de una causa anterior y puso en conocimiento de ello al Fiscal Mayor Quadrini, quien por otra parte debería estar en conocimiento, ya que es fiscal también en aquella causa”, sostuvo el letrado, cuestionando que, conociendo esta denuncia previa, “Quadrini continuó investigando en dos causas distintas los mismos hechos, lo cual procesalmente está prohibido y constituye un fraude procesal”.
Giménez y el supuesto lavado de activos
Finalmente, además de solicitar un llamado de atención desde el Colegio de Abogados de Río Grande al accionar del abogado de la querella Francisco Giménez, ayer el Dr. Pellegrino avanzó con una denuncia penal por presunto lavado de activos, en virtud de la adquisición de un equipo de polo en la provincia de Buenos Aires.
La presentación fue derivada al fuero federal dado que, por la naturaleza del delito, el juez provincial se declaró incompetente. Concretamente se pide la investigación de una sociedad dedicada a la actividad del polo y venta de ropa afín, por parte del Dr. Giménez, denominada “La Taqueada Polo S.A”.
Pellegrino pide también la “investigación patrimonial” de Giménez, a fin de conocer si los fondos con los que adquirió este club de polo “provienen del erario público”, con la sospecha de que forma parte de una campaña contra Melella, asociado y financiado por el actual gobierno. El abogado aseguró que Giménez tiene “un estándar de vida que no se condice con los ingresos que como profesional puede lograr”.
