El ministro de Gobierno José Luís Álvarez garantizó que la obra se va a realizar, luego de varios años sin respuesta para los 1.800 lotes de la urbanización San Martín Norte, una operatoria público-privada lanzada por el Municipio de Río Grande. La empresa Camuzzi derivó a la Provincia las obras faltantes y, una vez finalizadas, se hará cargo del mantenimiento. “La zona comprende 3.500 parcelas más en la zona de María Behety y está la propia urbanización del IPV en esa zona. Hay una urbanización del 23% de la superficie de Río Grande y el gobierno de Tierra del Fuego no puede mirar para otro lado”, sentenció el ministro.
Río Grande.- Luego de idas y venidas de los vecinos que adquirieron terrenos en la urbanización San Martín Norte, el gobierno de la provincia recibió de Camuzzi las obras faltantes y se hará cargo del troncal. El ministro de Gobierno José Luis Álvarez, el ministro de Obras Públicas Luís Vázquez y el secretario de Hábitat y Servicios Comunitarios Alberto Ibarra visitaron los estudios de Radio Universidad 93.5, y garantizaron que esta obra se va a realizar, porque además representa el acceso a la red de gas para “el 23% de la superficie total de la ciudad”.
El ministro Luís Vazquez relató que “los vecinos tomaron contacto con el ministro Álvarez y nos transmitieron que ya habían golpeado todas las puertas pidiendo ayuda y no la tuvieron. Estaban en una situación de mucha angustia, viendo que seguía pasando el tiempo. Nosotros asumimos la responsabilidad de evaluar la situación y luego dar una respuesta concreta, que es llevar adelante la obra troncal de gas, que va a permitir darle suministro a las 1.800 parcelas de la urbanización, y a los vecinos que ya están instalados se les va a hacer la conexión y el nicho de gas”, dijo.
“Tenemos orden de la gobernadora de avanzar para resolver el tema puntual a cada vecino. No se va a discriminar entre el que pagó o no pagó el terreno, y se va a hacer la red para toda la urbanización y después nuestras áreas legales avanzarán al respecto. La decisión es dar la solución definitiva a estos vecinos que han estado sin respuesta durante mucho tiempo”, manifestó.
Por su parte el Ministro de Gobierno se refirió a la notificación de Camuzzi, fechada el 17 de mayo, por la cual se transfieren a la provincia las obras pendientes, que luego volverán a la distribuidora para su mantenimiento.
“La situación de peregrinar de los vecinos viene desde hace dos años y en el mes de abril la gobernadora me derivó a hablar con un grupo de vecinos que se acercaron, y me contaron todas las peripecias que estaban teniendo por la relación con BC Ushuaia, que junto con Misión Grande SA es el fiduciante del fideicomiso San Martín Norte. Esto fue auspiciado por el Municipio de Río Grande en su momento, hubo un acuerdo público-privado para avanzar con la urbanización. En un momento se trabó la conexión troncal desde la avenida San Martín hacia la urbanización y ahí empezó el peregrinar. Primero fueron a hablar con BC, a quien le pagaron los terrenos, luego fueron al municipio, que es solidariamente responsable, pero les dijo que no tenían nada que ver y era una cuestión de los privados. BC decía que Camuzzi no quería hacer la obra, Camuzzi decía que BC no quería hacerla, terminaron en el ENARGAS, que es el ente regulador, pero no tenían respuesta de nadie”, sostuvo.
“Desde el gobierno venimos teniendo una política de acceso a la red domiciliaria de gas, que viene desde la obra del gasoducto fueguino, la red de mejora de transporte a margen sur, y llevamos casi dos mil metros de caño de 6 pulgadas desde la planta compresora al barrio AGP, cruzamos el río Grande y estamos haciendo 11 obras de redes de gas en toda la margen sur, en base a esta política de acceso a la red domiciliaria de gas”, remarcó.
En este caso “son 1.800 parcelas y potencialmente son 1.800 familias que no tienen respuesta de nadie. Fuimos a Camuzzi a ver cuál era el problema, BC no quería firma la cesión de la factibilidad de gas y Barrenechea –responsable de la urbanizadora- lo ha dicho en una comunicación pública. Lo único que hizo fue obstruir cuando se enteraron de que el gobierno quería venir a facilitarle algo a los vecinos. La zona comprende 3.500 parcelas más en la zona de María Behety y está la propia urbanización del IPV en esa zona. Hay una urbanización del 23% de la superficie de Río Grande y el gobierno de Tierra del Fuego no puede mirar para otro lado”, enfatizó.
“Lo que hicimos fue pedir la factibilidad, vimos los planos y la obra es sencilla, porque son 14 millones de pesos. Ya se llamó a licitación y el 28 de junio se abren los sobres. Tenemos vasta experiencia en el gobierno en lo que es red de gas. Queremos darle tranquilidad a los vecinos de que la obra se va a hacer, porque tenemos sobradas muestras de capacidad técnica y sobre todo decisión política para atravesar las mezquindades políticas de ciertos sectores que siempre buscan el pelo en el huevo”, cuestionó.
“Nosotros vimos una empresa reticente, un municipio que se corrió, que utilizó al fideicomiso cuando le convino, y dejaron solos a los vecinos. Ahí está el gobierno, como siempre, sosteniendo la provincia”, dijo.
Vázquez explicó que la obra se va a financiar “con fondos provinciales y estamos trabajando para que la mayor cantidad de empresas locales participen de todas las licitaciones. Estos fondos están garantizados y nosotros no podemos publicar la licitación de una obra si no tenemos los fondos asegurados. Han dicho que, como vamos a abrir los sobres después de las elecciones, esto era una especulación, pero le quiero decir a los vecinos que la ley obliga a tener un período de publicación que no podemos modificar. La comisión evaluadora se va a dar entre cinco y diez días hábiles para adjudicar esta obra, que tiene los fondos asignados. Queremos garantizar a los vecinos que la obra se va a hacer y que estamos haciendo los procedimientos correspondientes”.
“Camuzzi lo que va a hacer es una obra complementaria, que es la planta reguladora y compresora de gas. Es una obra que tiene tres veces el valor de la obra que hará el gobierno y hay que armar las plantas fuera de la provincia. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo porque la gente no puede esperar más y se cansó de golpear puertas”, reiteró.
Mostrando las obras
Consultado sobre las obras “que no se ven”, según el legislador Löffler, Vázquez dijo que “hemos hecho una autocrítica, tratando de mejorar la comunicación lo mejor posible. He acercado documentación de las 46 obras que tenemos en Río Grande y los equipos técnicos de la DPE, la DPOSS, Salud, Educación y Obras Públicas están trabajando muchísimo para sacar las obras adelante. No se puede parar porque la obra genera trabajo y calidad de vida para los vecinos, y nadie puede dejar de ver la importancia que tiene esto”, sostuvo.
“La ampliación de la capacidad de transporte de gas de margen sur es una obra que se nos atrasó más de seis meses, pero desde el municipio nos corren el arco todo el tiempo. Las mismas empresas nos dicen que les llama la atención, porque hacen una obra privada en paralelo y no les piden ni la mitad de lo que nos están pidiendo al gobierno. Esta política mezquina de poner palos en la rueda atrasa permisos, y hay un doble discurso claro. Piden de más para atrasar las obras como si eso fuera una ventaja, pero es una mirada muy chiquita y muy corta, porque los vecinos quedan en medio sin la obra. Cuando ellos encaran obras no respetan ni sus propias normativas”, cuestionó.
Observó que “el atraso genera un perjuicio a la empresa y también se perjudican los trabajadores, porque si no trabajan no pueden cobrar. Si traban una obra, no cobran la quincena o el tiempo que demore. Esto pasó con las obras de las escaleras de emergencia de Chacra II. El IPV hizo la presentación correspondiente y luego le empezaron a correr el arco, pidiendo otras cosas. Un día clausuraron la obra por una escalera, inhibiéndonos la construcción de 16 escaleras. Hubo 16 familias de Río Grande que no pudieron cobrar un mes y quedaron sin trabajo. Cambian las reglas de juego permanentemente pero tenemos la misión muy clara de hacer las obras, porque la gente las necesita”.
Aclaró que “la situación en Tolhuin y en Ushuaia no tiene nada que ver con esto, porque trabajamos complementándonos con ambos municipios, y tenemos mesas de trabajo donde se planifica y se avanza. Llevamos 600 familias que van a tener redes de gas en Tolhuin, lo mismo con las escuelas, agua y cloacas, y energía”.
Nueva escuela técnica
Por su parte el arquitecto Ibarra informó que “en margen sur se abrió la licitación para la construcción de la escuela técnica, con una inversión de 106 millones del presupuesto oficial. Se presentaron cuatro empresas y es una obra de 2.600 metros cuadrados. Los estudiantes van a egresar como maestro mayor de obras y técnicos en diseño de software, que son las dos carreras que se van a desarrollar en esa escuela”.
Vázquez puntualizó que, del plan de obras total, “el 90% está en ejecución y un 40% están casi terminadas. Es tanta la diversidad y el trabajo que se está haciendo, que es difícil dar un número definitivo, porque cada obra tiene una dinámica propia. Se puede ver el avance del microestadio de Río Grande, que es una obra de una envergadura inusitada. Hubo demoras por el suelo, que está cerca de la costa, es arenoso y tiene mucha humedad. Hubo un trabajo previo para consolidar el suelo, con zapatas de hormigón a más de tres metros de profundidad. La demora fue por el movimiento importante de suelo de esta obra, porque se creó un suelo para la estructura. Va a ser un gimnasio nacional, regional e internacional para hacer actividades deportivas y culturales. La idea ahora es cerrar el gimnasio chico y trabajar en seco adentro, porque la idea es no interrumpir las obras”.
“Las empresas ya nos presentaron adaptaciones a su plan de trabajo, para darle continuidad a las obras. La primera etapa de la fibra óptica se terminó, se licitó la segunda etapa y está trabajando la comisión evaluadora con las cuatro empresas que se presentaron, que son las número uno de todo el país. En este caso la parte técnica es tan específica, que una UTE es hasta necesaria, porque no hay una empresa local que tenga la capacidad tecnológica. Las que se presentaron son todas UTE y son variadas las propuestas. Tenemos diez días hábiles para hacer las adjudicaciones correspondientes”, dijo.
Reclamo en los canales
Por otra parte, se le preguntó al ministro Álvarez sobre el reclamo de los trabajadores de los canales públicos. “Estamos teniendo una diferencia de interpretación respecto del ámbito de competencia del convenio 131/75. La semana pasada hubo audiencia en el Ministerio de Trabajo y consignamos que el artículo 203 del convenio colectivo remite la competencia al ex Ministerio de Trabajo de nación. Hay reclamos administrativos judicializados por los trabajadores. En el año ‘92 se dictó la Constitución Provincial, que fija en la cabeza de la gobernadora la potestad de la política salarial y no puede venir una asociación privada a fijarnos cuánto tienen que ganar nuestros trabajadores públicos. Estamos en una disputa jurídica de cómo se aplica el convenio y el Ministerio de Trabajo provincial debe decidir su competencia y si debe resolver la nación esta situación”, informó.
En cuanto a la administración en general y las inequidades salariales, dijo que “igualar suena injusto, porque tenemos escasez de recursos y trabajadores con distintos niveles salariales. Los recursos tienen que ir a los que menos ganan y eso es solidaridad. Vamos a proteger a los que menos tienen, en este momento en que los recursos son escasos”, expresó.
“Nosotros hemos logrado garantizar que se mantengan los derechos adquiridos, porque más allá de dar de baja las últimas incorporaciones del último año (de Ríos) al principio de la gestión, no hubo baja de trabajadores ni persecuciones laborales. Durante ocho años hubo un sistema que se instaló donde mandaban los sindicatos. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque hoy la ex gobernadora Ríos se hace la desentendida y se olvidó de que Horacio Catena en su momento entraba a las patadas a Casa de Gobierno y lograba volcar decisiones gubernamentales. La gobernadora logró autoridad de gobierno, es un gobierno que tiene poder, que decide, y que paga los costos políticos, porque muchas veces tenemos que decir que no”, advirtió.
“Se logró capacitar a toda la administración pública, dar equipamiento, y la política salarial se ha sostenido, porque siempre hubo incrementos, a pesar de que no haya sido todo lo que pedían los sindicatos, como el caso extremo del SUTEF que pedía 137% de aumento este año. La gobernadora logró hacer funcionar el estado y tener una mirada solidaria con el sector privado, porque la decisión de adelantar el aguinaldo atiende la situación del sector privado también, al inyectar recursos. Luego entraron 130 millones de un plan que debía la nación y se transformó el adelanto en un bono. Se está haciendo la mayor inversión en obra pública, que hace que tengamos tres mil puestos de trabajo directos y tres mil indirectos”, repasó.
Agregó que “con fiscalización sanitaria hemos logrado bajar el ausentismo y a partir de mayo instalamos los relojes biométricos para el ingreso y egreso del personal, que va a tener aplicación efectiva a partir de agosto. Hemos denunciado certificados truchos, se ha cesanteado gente por faltas injustificadas, y acá hay que cuidar los puestos de trabajo”.
Inversiones millonarias
Finalmente el ministro Vázquez dio una estimación de la inversión de la provincia en obras en la zona norte. “Sólo para la margen sur se han invertido mil millones de pesos, y hay 1.500 millones de pesos más para el resto de la ciudad de Río Grande. Realmente se ha invertido muchísimo en Río Grande, sobre todo en el tema de gas, donde había una situación de inequidad social. Estas obras tienen que ver con un estado presente para toda la comunidad, no solamente para los empleados públicos. Antes había un estado que solamente se miraba a sí mismo, hoy el estado se hace cargo de transformarse a sí mismo y dar respuesta a la comunidad, más allá de todas las dificultades que han generado las políticas de Macri”.
“El estado provincial está sosteniendo cualquier atraso de los certificados que nación no nos envía, y Rosana Bertone con esto quiere que no se detengan las obras y no generar desempleo. El IPV hoy tiene un déficit de 400 millones de pesos por los fondos que no le envió la nación, y se está dando respuesta con las leyes de la emisión de bonos”, dijo.
Dio a conocer que ayer envió una nota a la comisión del Fideicomiso Austral “pidiendo una reunión urgente para el día miércoles, porque hemos agotado todas las instancias de factibilidad que nos pidió el gobierno nacional para dar la autorización a la obra de interconectado de gas desde el San Martín al Gasoducto Fueguino. Esta obra tiene un costo de 14 millones de dólares y nos va a permitir garantizar el suministro para los próximos 20 años y ampliar más de 6.000 usuarios en Río Grande. Esta obra la venimos peleando hace más de un año y el Fideicomiso Austral le debe a Tierra del Fuego el interconectado de gas. Son fondos de la provincia, tomados de las regalías, y la nación tiene que otorgarnos este permiso. El proyecto técnico está avalado por el ENARGAS, por YPF, por Camuzzi, y por la Secretaría de Energía de la nación. Queremos que el miércoles se reúna el fideicomiso y nos dé el acta para que podamos publicar la obra. El coordinador Fermín Randón dice pensar en Tierra del Fuego, nosotros pensamos en Tierra del Fuego, la nación también dice pensar en Tierra del Fuego, y creo que tiene que haber una respuesta”, concluyó.
