El juez Javier de Gamas Soler resolvió la causa donde se investigaba la estafa y defraudación que se cometió en más de 20 casos, donde vendían departamentos que el IPV había construido en las Barrancas del Río Pipo. Fueron procesados -y embargados por 3 millones de pesos- Carlos Córdoba, Miguel Arana, Lilian Galli, Gisela Escobar y Erik Moscoso Panozo.
Ushuaia.- De acuerdo a la resolución judicial, se estableció el procesamiento de Miguel Ángel Arana, alias “Miguelón” (56), empleado municipal de Ushuaia y ex integrante de la comisión de ATE- por ser autor del delito de Estafa que cometió en 22 casos, y por ser coautor del delito de defraudación a la administración pública, en 7 hechos con falsificación de documentación, publica el portal FM Aire Libre.
Asimismo, fue encontrado responsable por el delito de “lavado de activos de origen delictivo” y por todas estas acusaciones fue embargado por la suma de 3 millones de pesos.
De Gamas Soler firmó el procesamiento del secretario General de ATE a nivel provincial, Carlos Córdoba (60), por el delito de “estafa” al cometer 22 hechos delictivos; además de considerarlo coautor del delito de “defraudación por administración fraudulenta”. A Córdoba le trabaron un embargo por 3 millones de pesos.
Otras de las personas involucradas, Daniel Alberto Belbey, fue sobreseído. Pero esa medida se adoptó ya que el delito extinguió por su muerte.
Belbey se suicidó ahorcándose debajo de una de las tribunas del estadio municipal de fútbol de Ushuaia.
Asimismo, se procedió al procesamiento de Lilian Carolina Galli por ser responsable del delito de “estafa” en 22 hechos, y “defraudación por administración fraudulenta” y trabarle un embargo por 3 millones de pesos. Se trata de una empleada de Gobierno de 39 años.
Otra de las personas procesadas es Gisela Edith Escobar (37 años), al ser coautora del delito de “lavado de activos de origen delictivo”, y un embargo sobre sus bienes por 3 millones de pesos.
El magistrado firmó además el procesamiento de Erik Enrique Moscoso Panozo (46 años), al ser coautor del delito de “lavado de activos de origen delictivo” y un embargo de 3 millones de pesos.
En otro párrafo de esta resolución judicial se dispuso “la falta de mérito» (es decir, que el juez no tenía pruebas para disponer el procesamiento o el sobreseimiento), para Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre y Martin Ezequiel Arana. Y fueron sobreseídos Omar Alberto Calquin y Leandro Antonio Santillán Mulvhili.
Por último, el juez de la causa resolvió mantener el secuestro de las siguientes máquinas viales y rodados que pertenecerían a Miguel Ángel Arana: cuatro máquinas retroexcavadoras, dos máquinas pala-retro, un camión con caja volcadora, un auto Toyota modelo Corolla y dos cuatriciclos.
