El juez electoral Isidoro Aramburu hizo un balance positivo del desempeño del juzgado en las elecciones provinciales, más allá de las críticas por la demora en conocer los resultados, que no era materia de su competencia, aclaró. La demora para poder votar y las reiteradas quejas de los ciudadanos, que son cada vez más como también las listas, podrían marcar “un punto de inflexión” para encarar con tiempo el debate de la reforma política, planteó el magistrado. Se mostró satisfecho por el rol cumplido en materia de paridad de género y consideró “un dato incontrastable que hay un cambio en la sociedad y en el reclamo del colectivo de mujeres para la participación política”.
Río Grande.- El juez electoral Isidoro Aramburu, transcurrido poco más de un mes de las elecciones provinciales, efectuó un balance del desempeño del juzgado a su cargo por FM La Isla. La tarea sigue durante la feria judicial, porque se trabaja en la justificación de la no emisión del voto con parte del personal. “La mayoría son estudiantes que están fuera de la provincia, y pueden escanear un certificado de alumno regular y subirlo a la página web del juzgado, con lo cual cumplen con la justificación”, informó.
Respecto del balance de las elecciones, dijo que “del punto de vista de la competencia del juzgado electoral es altamente positivo. El objetivo máximo fue que el escrutinio provisorio se viera reflejado en las actas del escrutinio definitivo y así pasó. Hay una identidad perfecta y fueron suscriptas todas las actas el 28 de junio. No hubo ningún planteo ni impugnación de ningún partido político y estoy más que satisfecho como juez electoral, porque hemos garantizado la transparencia, la imparcialidad y la total normalidad de los comicios”.
“Después hay aristas que se pueden evaluar, pero quizás no son una misión específica del juzgado electoral. Como no hubo reforma política, realizamos la tarea artesanal que se ha desarrollado históricamente en Tierra del Fuego. Es una tarea que realizan los presidentes de mesa y los delegados judiciales, que estuvimos entrenando fuertemente durante más de un año. Hemos hecho reuniones de capacitación para delegados y autoridades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande de manera repetida este año y el pasado. Por primera vez hemos evaluado y emitimos certificados. Esa tarea es artesanal y no tiene mucho que ver la tecnología”, manifestó.
Explicó que “manualmente el mismo presidente confeccionó las actas de cierre de mesa y escrutinio provisorio, frente a los fiscales de los partidos, y es la que entregó cada uno de los agentes de seguridad, que luego llevaban en mano esas actas al personal de cómputos dependiente de la justicia. Toda la tarea del juzgado es artesanal y con vocación de servicio”, remarcó.
La posibilidad de tecnificar esta labor manual fue materia de consulta, concretamente mediante una reforma política. “Yo soy respetuoso del sistema republicano y de la división de poderes, y no me compete impulsar una reforma política. No obstante tengo mi opinión personal y sería bueno que el sistema electoral se perfeccione. Me hago eco de lo que me han manifestado todos los legisladores de la provincia cada vez que se me convocó a la comisión 1 para dar mi opinión. Todo el mundo está confluyendo en esta situación, porque el sistema es muy complejo y ese es un dato objetivo de la realidad. Tenemos sistemas diferentes, de preferencias, de tachas y habría que armonizar y simplificar el sistema”, planteó.
“El sistema además habilita las listas espejo, las colectoras, y la profusión de la oferta electoral hace muy confusa la situación para el ciudadano”, sostuvo, teniendo en cuenta que hubo más de 70 boletas en Río Grande y Ushuaia.
El juez reiteró que “la reforma política es resorte exclusivo de los legisladores de la provincia, pero yo veo con buenos ojos una reforma, y se lo he planteado a los legisladores, para armonizar el sistema y simplificarlo un poco, para que la ciudadanía vea mejorada su herramienta para poder ejercer el derecho político de elegir a sus autoridades”.
“Más allá de que hemos puesto lo mejor para poder agilizar, los ciudadanos tardan en votar por esta complejidad. Cada vez es más lento porque cada vez hay más ciudadanos, más listas, y por ahí este puede ser un punto de inflexión para poder afrontar con tiempo un debate amplio, con la participación de los legisladores y de los que tengan que opinar”, propició.
Se le preguntó si cree que hay voluntad política de modificar el sistema y la respuesta fue afirmativa. “La sensación que tengo es que sí, porque cuando estuve en la Legislatura muchos legisladores tenían esta idea. Obviamente es un tema complejo que va a requerir mucho debate y horas de propuestas y alternativas diferentes. El año pasado y este año había una idea de reforma pero luego se vinieron los tiempos encima y no hubo margen para hacerlo”, señaló.
Concejo de Ushuaia y reemplazos
También opinó sobre la forma en que se resolvió la controversia entre paridad de género y preferencias en el Concejo de Ushuaia, y puso en valor el fallo del Superior Tribunal de Justicia para garantizar la paridad, al disponer que “había que articular las preferencias independientemente por género. Creo que ha sido una manera inteligente de armonizar la paridad que prevé la carta orgánica de Ushuaia más el sistema de preferencias, que antes del fallo terminaba desvirtuando la paridad. El fallo fue un paso adelante que permite que las mujeres puedan ejercer plenamente el derecho político a la participación”, analizó.
Otro punto de análisis tuvo que ver con los reemplazos de legisladores tanto nacionales como de concejales, ante dos casos puntuales que podrían entrar en discusión. En esta materia hay un fallo de la jueza María Servini de Cubría dictado el 6 de junio pasado, que ordenó el reemplazo de una mujer por otra de la lista, cuando quien seguía era un hombre. Fue a partir de la renuncia de la diputada nacional Anabella Hers Cabral para asumir en el Consejo de la Magistratura, a quien sucedía en la lista Jorge Garayalde. El planteo presentado por Malena Galmarini, la ex diputada Marcela Durrieu y la directora del Observatorio Social Legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, Micaela Ferraro, fue tenido en cuenta.
En la provincia se daría una situación análoga, pero con otro género, con el reemplazo de Martín Pérez en la Cámara baja, que fue electo intendente de Río Grande. Debería asumir Carolina Yutrovich, pero Federico Greve podría reclamar la banca, de seguirse el criterio del reemplazo por el mismo género. También en el Concejo Deliberante de Río Grande, de llegar al Senado la concejal María Eugenia Duré, dejaría el lugar a un concejal varón y, de acuerdo al fallo de Servini de Cubría, debería reemplazarla la mujer que sigue en la lista. Por un lado el juez Aramburu separó jurisdicciones y dijo que el reemplazo de Martín Pérez es competencia del Dr. Federico Calvete. En cuanto a la situación que podría plantearse en el Concejo Deliberante de Río Grande, aclaró que “no existe el instituto de la preferencia ni el de la paridad de género, y la carta orgánica de Río Grande es muy distinta de la de Ushuaia”. Además, el fallo de Servini tiene aplicación a nivel federal y no podría invocarse como jurisprudencia local.
El juez remarcó que “es un dato incontrastable que hay un cambio en la sociedad y en el reclamo del colectivo de mujeres para la participación política. Nosotros hemos dado nuestra opinión en el caso concreto del amparo López Entable y amparo Carrasco, y hemos hecho lugar a esas acciones, para que le den participación a la mujer. No cabe duda de que es un debate de este tiempo y nuestra opinión fue receptada favorablemente por el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo que aplaudimos. Pero si me ciño a la ley y a la carta orgánica de Río Grande, no tiene incumbencia el fallo de Servini de Cubría, que es un fallo nacional en el ámbito de la Cámara de Diputados. No es aplicable esta jurisprudencia a este caso en concreto. De acuerdo a la normativa vigente, es un corrimiento inmediato del concejal que sigue en el orden de la lista”, manifestó.
“En el caso de Carolina Yutrovich es otro fuero y no me meto a opinar. Lo que correspondería es que se consulte al juez federal con competencia electoral en Tierra del Fuego”, concluyó Aramburu.
