Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma reclamaron por la falta de cumplimiento de la fecha anunciada para el pago de las mismas. También se refirieron a “los sucesivos incumplimientos de las leyes en materia de discapacidad, por ejemplo la Ley N° 712 sobre la actualización del monto de la pensión”.
Río Grande.- En un comunicado, desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma señalaron que “antes de las elecciones, el Gobierno anunció que a partir de marzo las pensiones RUPE se abonarían el 28 de cada mes. Estas promesas se sostuvieron hasta que la fórmula Bertone-Arcando viera truncada su ambición de ser reelecta; porque el mes pasado se abonaron las pensiones el día 29 y este mes sería el 1 de agosto”, advirtieron.
En el mismo sentido expresaron que “Denunciamos y repudiamos esta acción, que sumada a los sucesivos incumplimientos de las leyes en materia de discapacidad, por ejemplo la Ley N° 712 sobre la actualización del monto de la pensión deja a las personas con discapacidad y sus familias en una incertidumbre que les impide organizar su economía”.
Vale mencionar que la Comisión de Discapacidad viene realizando reuniones y asambleas en Ushuaia y Río Grande, tratando distintos temas como “el acceso a las pensiones RUPE y los recursos de amparo, las prestaciones médicas, problemas en las obras sociales, juntas evaluadoras de Certificado Único de Discapacidad y Certificado Médico Obligatorio, trabas burocráticas para acceder a las pensiones, falta de recursos humanos para inclusión educativa, adhesión a leyes nacionales como la Ley de Electrodependientes y falta de reglamentación de leyes provinciales; entre otros que mencionaron integrantes de la misma.
Según se informó desde la propia Comisión de Discapacidad “el común denominador de todos estos temas fue la política restrictiva del gobierno de (Rosana) Bertone, que impide el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, algunos de raigambre constitucional”, remarcaron.
También explicaron que “en cada una de las asambleas; los participantes pueden contar en primera persona cómo les afecta el ajuste en discapacidad en sus vidas cotidianas”, brindando de esa forma argumentos para llevar adelante los diferentes reclamos.
Finalmente explicaron desde la Comisión que como conclusión de las reuniones que mantienen con familiares y personas con discapacidad “se ha definido profundizar la campaña de difusión de derechos de las personas con discapacidad -primera condición para defenderlos- impulsar en conjunto con el resto de las organizaciones intervinientes la adhesión provincial a la Ley de Electrodependientes, reiterar el pedido de reunión con los responsables de la junta evaluadora del Certificado Médico Obligatorio, además de acompañar y/o patrocinar legalmente a las personas con discapacidad en el reclamo de sus derechos”, entre otros aspectos.
