“Si no se tiene la documentación correspondiente, yo no les creo nada”

El legislador del MPF Pablo Villegas puso en duda la información que están brindando por los medios algunos funcionarios de la provincia, como la deuda de 23 mil millones que la semana pasada eran 20 mil, dada a conocer por el Secretario de Hacienda. También descree del informe “sesgado y parcializado” del presidente de la caja Rubén Bahntje, como fundamento para no devolver la movilidad automática. Recordó que Bahntje nunca reclamó las herramientas de financiamiento previstas en la ley de emergencia, que se crearon para capitalizar la caja. “Son rápidos para chicanear pero lerdos para pelear por los recursos”, fustigó Villegas, y hoy prevé defender el proyecto presentado por el MPF. Remarcó que la movilidad “es un derecho” y que “lo financiero y lo económico no se puede someter a lo político”.

Río Grande.- “No se enteraron de la derrota y de la decisión que tomó el pueblo de la provincia”, lamentó ayer en declaraciones a Radio Universidad 93.5 el legislador del MPF Pablo Villegas, luego de sucesivas apariciones mediáticas de funcionarios provinciales que han optado por “chicanas” en lugar de encarar una transición madura.

Enmarcó en esta falta de madurez política el raíd mediático del secretario de Hacienda Víctor Díaz, quien comenzó destacando que dejarían a la gestión Melella 150 millones de dólares del endeudamiento no utilizado, para luego “blanquear” una deuda “de 20 mil millones de pesos”, que a los pocos días trepó a 23 mil millones, además haciendo responsables a Mónica Urquiza como parte de la gestión de Estabillo y a Fabiana Ríos del grueso de la deuda pública.

Hoy se debatirá en la comisión de presupuesto la movilidad jubilatoria y hay varios proyectos presentados, uno de ellos del bloque del MPF, que prevé restituir la movilidad automática, mientras que desde el oficialismo las recomendaciones versan sobre la conveniencia de esperar al cambio de gestión. El presidente de la caja Rubén Bahntje elevó un informe a los legisladores para defender la necesidad de mantener el statu quo, pero Villegas no va a quedarse “con un informe sesgado y parcializado de los padres del ajuste previsional”, dijo.

Si bien el mopofista no integra la comisión de presupuesto, va a participar para acelerar el dictamen y llevar a sesión la derogación del artículo que quitó la movilidad automática. “Cada vez que los activos tengan alguna actualización del salario, automáticamente deberán recibirla los pasivos, como ocurría antes de la aprobación del paquete de leyes del 8 y 9 de enero de 2016”, explicó de los alcances.

“Es una conquista social que tiene más de 60 años y nació como un justo reconocimiento en una época del país en que se vivía un momento parecido al actual, con un alto proceso inflacionario y una depreciación monetaria importante. La movilidad previsional automática surgió como un acto de justicia social y reparación económica y social en su momento, y la provincia debe volver al viejo esquema que fue derogado en la madrugada del 9 de enero de 2016, a instancias del actual oficialismo. Esa reforma tuvo el voto en contra del MPF”, subrayó.

Consultado sobre el impacto en la caja de previsión de esta restitución del derecho a la movilidad automática, consideró que “uno no puede ser tan necio de negarlo. Es una decisión política devolver el derecho de la movilidad automática a los jubilados, esto va a generar una repercusión financiera y no se puede negar esa realidad. Pero por lo menos de mi parte, la decisión política no va a estar supeditada ni a un informe técnico, ni a un informe sesgado que puedan hacer las actuales autoridades de la caja previsional. Acá son rápidos para algunas cosas pero bastante lerdos para otras. Son rápidos para salir a chicanear públicamente, para poner en duda la capacidad técnica que se pueda llegar a tener, pero son lerdos para pelear por los recursos extraordinarios que creó la ley de emergencia previsional 1068 y la ley 1190, que determinó la prórroga. Esos recursos se crearon para fortalecer el sistema previsional, pero los fondos del convenio del ANSES, que son 120 millones, no entraron a capitalizar el sistema previsional, sino que los usó el gobierno para cubrir su déficit estacional. Las utilidades del Banco Tierra del Fuego no fueron a fortalecer el sistema previsional, sino que se usaron en parte para la famosa compra de las turbinas Sullair de la Dirección Provincial de Energía, desconociendo el mandato de direccionarlas al sistema previsional”, mencionó de dos puntos que forman parte de una denuncia judicial de la directora de la caja Elisa Dietrich.

“Lo único que ha hecho este gobierno para fortalecer el sistema previsional fue el ajuste sobre los empleados y los pasivos con el fondo solidario. Nosotros respaldamos la decisión política de devolver la movilidad automática a los jubilados, en un país con alta inflación y depreciación monetaria, y lo hacemos con la claridad conceptual de que, en forma paralela, también se tiene que discutir de una manera profunda e intelectualmente honesta cuáles son los recursos financieros que necesita el sistema previsional, y cuáles eran los recursos extraordinarios de la ley de emergencia previsional. Yo no me voy a quedar a las resultas de un informe sesgado y parcializado por las actuales autoridades, que han sido los padres del ajuste previsional en la provincia. Vamos a discutir la totalidad de la información y es necesario cumplir con la palabra empeñada”, dijo, recordando las promesas de campaña.

“Nosotros hemos sido muy claros en defender estas conquistas sociales y en la campaña política dijimos que, ante la primera oportunidad que tuviéramos, íbamos a sancionar la ley correspondiente, y lo vamos a hacer porque somos coherentes y porque a mí no me gusta borrar con el codo lo que ayer escribí con la mano. La situación en que se vaya a entregar la provincia no es obstáculo para que se vuelva al viejo sistema de la movilidad previsional que tenían los jubilados estatales hasta enero de 2016”, remarcó.

Además de Villegas participarán de la reunión de hoy la legisladora Urquiza y el legislador Löffler, que “son integrantes de la comisión de presupuesto y son mucho más entendidos que yo en la materia. Yo tengo en claro que lo financiero y lo económico no puede someter a lo político y para mí es una regla de oro”, sentenció.

 

La deuda fluctuante de Díaz

 

Con respecto a la deuda provincial que la semana pasada era de 20 mil millones de pesos y esta semana pasó a 23 mil millones, Villegas prefiere esperar a ver el proyecto de presupuesto 2020, donde debe estar plasmado todo lo que se dice, dado que “no le cree” a los funcionarios de Bertone.

“Nosotros vamos a esperar a que el gobierno actual, dentro del marco de lo que prevé nuestra Constitución provincial, eleve el presupuesto 2020 a fines del mes de agosto. La discusión se va a dar seguramente entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Primero tenemos que hacernos de información seria y documentada, que hoy está faltando, sobre el verdadero estado financiero y económico de la provincia. A partir de ahí participarán no solamente los actuales legisladores, sino los electos y los equipos técnicos que determinen Gustavo Melella y Mónica Urquiza. Trataremos de hacer la mejor ley de presupuesto que podamos tener, que trasluce el plan de gobierno que va a tener la nueva gestión”, se comprometió.

Advirtió que si el presupuesto 2019 fue reconducido, no fue por falta de consenso para aprobarlo sino todo lo contrario: “El presupuesto de 2019 es reconducido porque no hubo una ley sancionada en 2018, pero no por falta de voluntad del MPF sino porque hubo un acuerdo político entre el bloque UCR-Cambiemos y los legisladores oficialistas para que no haya una ley de presupuesto”, afirmó Villegas.

En función de esta dificultad de no contar con una ley en este ejercicio, insistió en esperar antes de hablar de la deuda por heredar. “Hasta que yo no vea la documentación respaldatoria de los dichos de los funcionarios actuales, pongo en reserva cada una de sus opiniones. Este gobierno se ha caracterizado en estos tres años y medio por negar sistemáticamente la información en todo sentido, tanto la de acceso público como la información económica. Por eso hasta tanto no tengamos una información documentada, con los informes bancarios y técnicos que le den respaldo, me parece que no corresponde darle crédito a declaraciones de los funcionarios actuales, que tienen un alto contenido político y quieren desconocer el resultado de las elecciones y la opinión del pueblo de la provincia. Pareciera que siguen en campaña, porque siguen atacando a las futuras autoridades del gobierno de la provincia, tanto al gobernador electo como a la vicegobernadora electa, como si acá no hubiera pasado nada. El pueblo se expidió y ya rechazó un modo de gestionar, pero hay algunos que todavía se resisten, haciendo declaraciones altisonantes. Si no se tiene la documentación correspondiente, yo no les creo nada”, disparó.

“Por eso es importante que el gobierno actual presente el proyecto de presupuesto, porque ahí se va a poner al descubierto cuál es el verdadero estado de situación que nos vamos a encontrar a mediados de diciembre de este año”, explicó.

 

Juicios de la provincia

 

Por otra parte, se lo consultó sobre los juicios que tiene la provincia y si esperan tener información sobre este punto. “Esperemos que en el marco de la transición las actuales autoridades en primer lugar reconozcan la derrota y en función de eso pongan la menor cantidad de palos en la rueda posible, que entreguen la información pública que es básica y elemental para poder planificar una gestión de gobierno. Yo desconozco el estado de las demandas contra el estado, sé que en el sistema previsional hay un alta litigiosidad por el cambio de las reglas de juego, por ejemplo con la movilidad previsional. Es precisamente lo que muchas veces algunas decisiones quieren evitar”, dijo.

“Yo soy bastante escéptico, porque durante tres años y medio los funcionarios se comportaron de esta manera, negando sistemáticamente el acceso a la información pública, y no creo que de la noche a la mañana, luego de la derrota electoral, cambien esa posición. Junto con Mónica Urquiza presentamos un proyecto de ley para reglamentar este proceso de transición, que es traumático no solamente en Tierra del Fuego sino en el país. Ese proyecto va a tomar estado parlamentario en agosto y veremos si podemos generar el debate correspondiente. Este es un período extraordinario que necesita ser regulado, no solamente para este proceso sino para los que vengan en el futuro”, propició.

Finalmente cifró expectativas en la nueva conformación de la Legislatura, sin mayorías automáticas y con cinco bloques diferentes. “Yo lo veo como algo positivo y creo que nos va a exigir hacer uso de la mejor manera de la herramienta del diálogo político y también abrir las puertas de la Legislatura para que se genere el debate correspondiente. La Legislatura es la casa política, la casa del pueblo de la provincia, y durante estos últimos años no se han generado grandes debates ni grandes trabajos en las comisiones. La constitución de la cámara para los próximos cuatro años va a  posibilitar eso”, concluyó.

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