El presidente de la Fundación Ushuaia XXI afirmó que se está ensanchando la ruta a 20, 30 y hasta 40 metros, destruyendo bosques nativos “innecesariamente”. Cuestionó la desprolijidad con que se lleva adelante la obra y la falta de claridad sobre el destino que se le dará a la ruta, que iba a ser escénica pero se está convirtiendo en “un crimen ecológico”. Deslizó que “parecen acciones para justificar el pago a la empresa de una determinada cantidad de dinero sin que medie ninguna cordura”.
Río Grande.- El presidente de la fundación Ushuaia XXI, Julio Lovece, cuestionó duramente la forma en que se está llevando adelante la obra del corredor costero Canal de Beagle, donde se observa “una especie de crimen ecológico”, con tala de bosques nativos en forma innecesaria, según expresó por Radio Provincia.
“Es una especie de película de terror. Si el gobierno hubiese querido hacer las cosas mal, me parece que no le salían tan mal. Es algo increíble cómo se ha avanzado con ese proyecto en forma totalmente desprolija”, afirmó el ambientalista.
“No sabemos si la empresa supervisora está haciendo el trabajo para el cual se le paga y si se está cumpliendo con las leyes. Ya venimos de un estudio de impacto ambiental totalmente desprolijo y absurdo, que ha sido defendido irracionalmente por muchos funcionarios. Basta recorrer la zona para darse cuenta de que el argumento del gobierno de una ruta escénica o turística era falso. Hay lugares donde están ensanchando la ruta que ya existía, en la zona de Harberton, en la zona de Moat, en forma totalmente desprolija, talando bosques nativos innecesariamente, ensanchando la ruta 20, 30 y hasta 40 metros y no sabemos para qué”, sostuvo.
“Parecen acciones para justificar el pago a la empresa de una determinada cantidad de dinero sin que medie ninguna cordura. Estábamos pensando en una ruta escénica en la que se iba a cuidar el paisaje, y lo que se está haciendo hasta ahora es una especie de crimen ecológico, innecesario e injustificado. Seguimos con la duda de por qué construir esa ruta y gastar el dinero que se está gastando, porque el objetivo no está muy claro”, advirtió.
También se refirió a la aerosilla del Martial, que fue adjudicada a una empresa que estaría construyendo cabañas y hoteles. “Desde que me enteré de que se iba a licitar he tratado de ser claro, porque hay gente del sector privado que me pidió opinión y que investigara este tema. Nosotros creemos que el trabajo que ha hecho el INFUETUR de destrabar el conflicto con la aerosilla y licitarlo merece todo el respeto. Pero creemos que la aerosilla tiene que comenzar a funcionar por el rol social que debe cumplir, además de la recreación. A la comunidad le hace falta un lugar donde ir a esquiar y no tener que pagar lo que cuesta un centro de esquí”, subrayó.
“Luego nos enteramos de los cuestionamientos de uno de los oferentes en la licitación y entendemos que el INFUETUR tenía que responder a las inquietudes de Arakur, que no tiene en claro por qué se adjudicó a la otra empresa. Luego nos enteramos que quien fue adjudicado tiene la posibilidad de avanzar en la construcción de alojamientos en ese lugar y como fundación no lo vemos con buenos ojos, porque ya hay oferta de alojamiento en el sector privado y el estado no tiene ninguna justificación para estar alentando la instalación de más alojamientos en espacios que son del estado”, dijo.
“Esto ocurría en una etapa en que la oferta era inferior a la demanda, y se justificaba que el gobierno alentara esas inversiones, pero hoy hay que dejarlo en manos de los empresarios que están instalados y soportando los costos fijos de temporadas intermedias que siguen siendo deficitarias”, planteó.
“No vemos con buenos ojos que esta empresa a la que se la adjudicó la aerosilla termine construyendo hoteles y cabañas, con todo el impacto ambiental que implica en ese sector. Estamos hablando de bienes públicos y el público tiene derecho a opinar. No termina de quedar en claro qué van a hacer ahí y si es que ya lo están haciendo. Mañana la empresa puede pensar en recuperar lo invertido lo antes posible y terminar poniendo una tarifa por los servicios que termine siendo más o menos la misma que ir a esquiar a otro lugar. Entiendo que entre las condiciones que puso el INFUETUR está previsto no olvidar el rol social que tiene la aerosilla. Hay que ver qué va a pasar cuando asuma la nueva gestión y espero que no termine en un juicio que se dilate décadas. Hay que manejarse con mucho cuidado y lo mismo le va a pasar al nuevo gobernador con la ruta 30”, avizoró.
Saint Christopher sin avances
Por otra parte, lamentó la paralización de las obras de reparación del buque y la falta de información del gobierno sobre este tema. “Cada tanto vamos tratando de informarnos de cómo va avanzando el proyecto y la verdad que no disponemos de demasiada información, no solamente la fundación sino las otras organizaciones que hemos firmado este convenio hace más de un año con el gobierno”.
“El gobierno se comprometió a restaurar y mejorar el estado del barco, pero no tenemos demasiada información y vemos que esto se sigue dilatando. Creemos que así como el gobierno ha tomado la decisión de acelerar otras obras al borde de la ilegalidad, como la ruta 30, con este proyecto que tiene más de un año no hemos visto nada”, criticó.
“No se hizo nada salvo la parte administrativa, que ha generado cierta confusión. La parte administrativa es una especie de sainete, porque primero se licitó, se declaró desierta la licitación, luego se hizo una adjudicación directa y se terminó anunciando que se iba a hacer una obra en tres etapas, quizás con tres empresas distintas. Esto genera temor, porque tenemos profundo interés en que se repare el barco, que es un ícono y parte de la historia y del paisaje urbano de Ushuaia. Nos preocupa que se genere alguna cuestión ilegal o desprolija, de manera tal que el gobierno que viene decida frenar todo y dejar dormir el proyecto”, expuso.
“Sospechamos que el gobierno ha demorado esto a propósito, porque en realidad ha heredado esto. Si bien en algún momento se lo intentó promocionar como una iniciativa del gobierno, no ha sido así, porque hemos sido las distintas ONG y personas que individualmente han reclamado que haga algo con respecto al Saint Christopher. Por la presión social no le quedó otra al gobierno más que asumir la responsabilidad y destinó una partida presupuestaria para que el barco pueda ser reparado. Hay obras que con una simple decisión política se ejecutan, pero en este caso la decisión política se sigue demorando. Aparentemente se haría la primera etapa, que es el terraplén, y después se lo dejarían al otro gobierno. Si hacen esa etapa sin las dos siguientes, van a dejar la cosa peor de lo que está ahora. Estamos apostando a que el gobierno cumpla con su palabra y que antes de irse repare el barco”, concluyó Lovece.
