Integrantes de la comunidad Shelk’nam y especialistas en antropología cuestionaron la exhumación de restos que se hizo en el cementerio La Candelaria de Río Grande. También exigieron una rápida restitución de los mismos. “Todavía nos preguntamos cómo comunidad, qué es lo que realmente estaban buscando”, dijeron.
Río Grande.- Miguel Pantoja, integrante del Centro Cultural Rafaela Ishton, y la antropóloga social Cecilia Gerrard, fueron entrevistados acerca de la exhumación de cuerpos del cementerio ubicado frente a La Misión Salesiana, hecho concretado hace algún tiempo atrás por un grupo de investigadores, y la no restitución de dichos restos que fueron además sacados de la provincia.
En una entrevista por el programa radial “Desde las Bases”, Pantoja comenzó señalando que por esta situación llevan “un tiempo haciendo los reclamos pertinentes, también ante el Estado nacional, ante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el Estado provincial en la figura de la propia gobernadora (Rosana) Bertone, en una comunicación personal dónde le comuniqué e informé de esta situación”.
El integrante de la comunidad shelknam aseguró que “la situación es bastante grave, no es tan simple y hay que analizar cómo se hizo todo el proceso de exhumación. El antropólogo que se menciona no es un antropólogo común y corriente, tiene su influencia y está trabajando en un ámbito en el cual tiene mucha llegada. Es el responsable directo de un grupo de investigación y es quien lo dirige, dependen de la Facultad de Ciencias Sociales dependiente de la Universidad de Buenos Aires”, destacó.
Pantoja mencionó que “todavía nos preguntamos cómo comunidad, qué es lo que realmente estaban buscando. Son preguntas que nos ayudan a saber un poquito más de cómo se dio este proceso y es ahí donde comenzamos a ver algunas irregularidades que se han cometido, con una serie de exhumaciones que se realizaron en el cementerio de la Candelaria, frente a la Misión Salesiana, entre el año 2007 y 2013 en un lapso de siete años donde se realizaron cinco exhumaciones en total en un periodo de varias semanas. Se extrajeron un total de 33 restos humanos, así que estamos hablando de un número importante”, remarcó.
Después indicó que “lo que pasó fue que di una entrevista que generó bastante repercusión, aunque es un tema viejo pero que está vigente. La respuesta todavía no llega, no se devolvieron los restos y hay un plazo vencido. Estamos hablando también de la inoperancia de la gestión actual porque han no han hecho absolutamente nada para agilizar ese trámite que se debía haber concretado hace unos años”, remarcó Pantoja.
Por su parte la antropóloga social, Cecilia Gerrard, dijo que “en primer lugar hay que poner en contexto que es lo que viene ocurriendo con la investigación en Tierra del Fuego, específicamente. Donde los pueblos originarios no son reconocidos como tales por muchos investigadores, que desde hace 30 años y más vienen haciendo investigación y no se registran antecedentes de consultas”.
“Esto es un problema que excede al propio Ricardo Guichón y que tiene que ver con que existen en la provincia muchos reservorios de restos humanos, de colecciones arqueológicas, y no está planteado ningún tipo de política de restitución. Sabemos que en el Museo del Fin del Mundo hay restos humanos, tuve oportunidad de visitar el archivo y después no pudimos volver porque se nos plantea que no hay personal. Pero en ese momento, haciendo trabajo de archivo, estaba justamente haciendo una tarea de identificar esto cuerpos y ponerlos en unas cajas”, remarcó la especialista.
Señalando que le gustaría “reflexionar sobre los dichos de Ricardo Guichón, presidente de la Asociación de Antropología Biológica, porque entre sus afirmaciones me llamó la atención su consideración respecto del cementerio como un lugar privilegiado para obtener cierto tipo de información. Creo que hay implícita una violencia muy clara, porque estamos en un cementerio histórico”.
Pero advirtió que “no se trata de un sitio que han encontrado y que no sabían dónde estaba o que tiene 2000 años de antigüedad. Es un lugar que está en conexión directa con personas de carne y hueso”. Aunque mencionó que desde hace mucho tiempo “se reproduce esta complicidad entre la ciencia, el estado y los salesianos, porque en este caso la institución salesiana dio su visto bueno para que se realice este tipo de investigación”, aseveró.
Miguel Pantoja por su parte remarcó que “se dijeron cosas graves, se mintió en muchas cuestiones, porque como integrante del pueblo shelknam he visto que hubo manipulación. Estoy denunciando no sólo lo que tiene que ver con la violación al protocolo de consulta previa libre e informada, que fue violado porque los pueblos no importamos a la hora de definir estas cuestiones. No se respetan nuestros derechos y lo que estamos denunciando es muy grave, tiene que ver con una omisión u ocultamiento de la información a la que estos antropólogos tuvieron acceso”.
“Ocultaron los registros de las personas enterradas allí porque sabían que si lo hubiéramos conocido, como comunidad, la resistencia hubiera sido mayor de la que fue. Él (por el antropólogo Ricardo Guichon) me pide disculpas en un momento, y le dije que la única disculpa que puedo aceptar es que devolvieran los restos inmediatamente. Porque mi tatarabuela estaba ahí enterrada y hoy no sé si lo está. No sé si está en ese territorio, en ese cementerio, y es muy probable que esté en una caja en Quequén que es donde se llevaron los restos”, repasó el referente del Centro Cultural Rafaela Ishton.
Pantoja indicó que en ese lugar “también hay un tío abuelo materno mío y un bebito de mi familia, entonces todo eso me parece mucho más grave. Hay personas de mi comunidad que probablemente tengan familiares directos enterrados ahí”, insistió. Para volver a preguntarse después “por qué esa información no se comparte” y señalar que “a lo que él se refiere como diálogo, es un conflicto abierto”.
Finalmente expresó la antropóloga Cecilia Gerrard que “aparentemente se está tratando de dilatar la restitución. Aparte no aclara que de estos 33 restos, por lo menos según lo manifestado hace dos años, sólo pretendía devolver 15. Aparentemente tampoco eso se informa, si van a devolver la totalidad o sólo algunos. Hace dos años que la comunidad está reclamando enérgicamente la restitución de esos cuerpos y no se concreta, acá hay una ley de restitución de restos humanos que entra en contradicción con la ley de patrimonio. Hay que avanzar en eso, se debería crear una Comisión de ética tanto en el CONICET como en la agencia, para poder determinar que no se pueden hacer exhumaciones en un cementerio indígena sin el consentimiento correspondiente, porque es una violación a derechos humanos fundamentales. Por otra parte urge una reforma a la Ley de Patrimonio”, concluyó Gerrard, refiriéndose a la necesidad de reformar la normativa que existe sobre la materia.
