El arqueólogo contratado por la Secretaría de Cultura, a cargo de Gonzalo Zamora, reveló ayer que fue despedido por no avalar con su firma los estudios de impacto ambiental y arqueológico de la obra del corredor costero Canal Beagle. Aseguró que un grupo de funcionarios lo presionó poco antes de la audiencia pública del año pasado, y quedó sin trabajo poco después de no haber accedido. Expuso que el relevamiento que tiene el gobierno fue hecho en ocho días y en muchos tramos “en vehículo”, sin ningún tipo de excavación para registrar el patrimonio arqueológico. Hoy está en juicio contra el Estado y confía en que el tiempo “nos dé la razón a todos los que estamos denunciando las irregularidades de este proyecto”.
Río Grande.- El licenciado Lucas Turnes, ex empleado de la Secretaría de Cultura, a cargo de Gonzalo Zamora, reveló ayer las razones por las que fue despedido, al no acceder a los supuestos “aprietes” de su jefe, junto con varios funcionarios de primera línea del gobierno, para que avalara con su firma los informes de impacto ambiental y arqueológico de la obra del corredor costero Canal Beagle.
Por Radio Provincia comenzó relatando que “trabajaba para Ciencia y Tecnología, y también para Cultura como tallerista de Arqueología. En julio del año pasado me convocaron de la Secretaría de Cultura para ingresar a planta permanente con el cargo de Director General de Patrimonio Cultural y Paleontológico. La idea era que asesorara a la provincia con el corredor costero Canal Beagle. Ese fue el motivo de la contratación, pero al Gobierno de la provincia no le gustó mi opinión sobre lo que había que hacer para que el proyecto no afectara los sitios arqueológicos y paleontológicos”, señaló.
“Mi primera reunión fue con Luís Vázquez, (Mauro) Pérez Toscani y Olaf Jovanovich, y en esa reunión los tres sugirieron que no hacía falta hacer un estudio de impacto arqueológico porque ya estaba hecho. Cuando revisé lo que había, no era ningún estudio de impacto arqueológico sino trabajos científicos hechos por arqueólogos del CADIC que hace 40 años trabajan en el área, sobre lugares específicos, que no tiene nada que ver con relevar una traza de 132 kilómetros. Esa fue la primera batalla. Yo dejé sentado por escrito que no había un estudio de impacto arqueológico y que era necesario contratar personal para hacer el relevamiento. Estas cosas estaban en el pliego licitatorio, que fue redactado por el ministro Luís Vázquez. Ahí decía que el personal contratado tenía que tener experiencia de trabajo en los sitios de tipo concheros, y en todo el país, salvo la gente del CADIC, no hay especialistas en concheros, que son típicos de la costa del Beagle”, explicó.
“En Obras Públicas no querían saber nada con el CADIC porque les proponían un tiempo determinado para hacer un buen relevamiento. Esto significa un buen trabajo de registro para ver dónde están todos los yacimientos. Luego ver qué zona de bosque se puede talar y cuál no. Recién con esta información se tenía que hacer la traza; pero la traza ya estaba impuesta y el estudio había que hacerlo después como para cumplir una formalidad”, aseguró.
“Pasó el tiempo y después de mi informe el gobierno no avanzó con esto. Ya muy cerca de la audiencia pública, la empresa Gancedo contrató una empresa arqueológica que se llama Arqueo Ambiental y a mí me tocó fiscalizar el trabajo de campo de esa empresa, que realmente fue muy pobre. Se hizo un relevamiento de los 132 kilómetros en 8 días, solamente superficial, porque no hubo ninguna prueba de pala, y muchos de los tramos se recorrieron directamente en vehículo, ni siquiera a pie. Yo dejé todo esto sentado por escrito y le avisé a Gonzalo Zamora, que es el Secretario de Cultura y era mi jefe directo”, dijo.
Aclaró que “un estudio serio se podría haber realizado en unos tres meses y teníamos la oportunidad de hacerlo bien. Yo me incorporé en 2018 y empecé a revisar las notas enviadas desde el gobierno al CADIC, que ya había sido contactado a principios de 2017. El gobierno no avanzó para nada en una línea de trabajo y perdió dos temporadas de verano de trabajo”, observó, convencido de que el tiempo no era el problema en este caso.
Consultado sobre la actitud que tomó Zamora cuando elevó su informe, afirmó que “me dijo ‘si vos presentás este informe te prendés fuego’. Esa fue la respuesta de él, que era digna de un matón de una película de Scorsese, no de un Secretario de Cultura. Ya me habían sacado de la ruta y me habían mandado a relevar unos cañones en Monte Gallinero. La idea fue desviarme y que no me ocupara del tema de la ruta”.
Agregó que esta actitud “no fue solamente de Gonzalo Zamora. Yo tuve una reunión de apriete (sic) en la que estaban (Leonardo) Gorbacz; (Guillermo) Worman; Gimena Vitali, que es la responsable de la parte legal; el ministro de Obras Públicas Luís Vázquez y Gonzalo Zamora. Todos me dijeron que tenía que firmar y decir que el estudio de impacto ambiental y el estudio de impacto arqueológico estaban aprobados. El estudio de impacto ambiental lo querían aprobado antes de la audiencia pública y yo dije que no. Ya había explicado hasta el cansancio cuáles eran las condiciones para hacer un buen trabajo de campo, y no tenía ningún sentido ni ética profesional poner un aval en un papel sólo para que avance la obra”, expresó.
“Yo pensé que me iban a despedir ahí directamente, porque esto fue antes de la audiencia pública, pero seguí un tiempo más. En enero yo estaba colaborando en un rescate arqueológico que se hizo frente a La Anónima de San Martín, y el último día de excavación llegué a mi casa y me encontré con el decreto de baja de la planta firmado por (Juan Carlos) Arcando. Esto fue el 22 de enero”, precisó.
“De inmediato busqué un abogado para asesorarme y ver los pasos a seguir. Ahora estoy en un juicio laboral contra el Estado por esta situación y el costo de este juicio, si llega a ser favorable a mí, lo terminamos pagando todos. No es que lo paga Gonzalo Zamora. Yo había tenido que renunciar a las horas de taller porque eran incompatibles con la carga horaria del nuevo cargo que asumí en julio de 2018. Quedé a la buena de Dios, sin trabajo, y Gonzalo Zamora sabía de todo esto y cuál era mi situación”, remarcó.
Para el arqueólogo la estrategia de este grupo de funcionarios era “dejar pegado al personal técnico para que el funcionario que está de turno no tenga consecuencias una vez que se va. Después paga los platos rotos el que se hizo cargo de firmar que podía continuar la obra. En el área de Cultura hoy no quedó nadie que pueda fiscalizar un trabajo de campo. No hay ningún arqueólogo, ningún paleontólogo, ningún profesional que pueda verificar que se está trabajando correctamente en la ruta, y esto es muy grave”, alertó.
“El estudio de impacto lo presentó la empresa con personal contratado por la empresa, pero el Gobierno tiene que hacer la evaluación de cada uno de esos estudios. Si no hay profesionales geólogos o paleontólogos, no hay quién evalúe esos estudios. La verdad no les importa nada lo que pase en la zona. Si se busca un rédito económico, está mal usado el proyecto, porque de hecho propuse trabajar en serio con el turismo arqueológico, que es parte del turismo cultural y se demanda cada vez más. Pero para hacer eso hay que cuidar los yacimientos y no pasarles por encima con una topadora para hacer la ruta”, subrayó.
“Acá la ambición es desmedida. Yo no tengo pruebas de malversación de fondos y eso saldrá a la luz si investiga en serio el Tribunal de Cuentas, pero acá hay algo que no cierra. La audiencia pública del año pasado fue un cachetazo para el Gobierno, se expusieron las falencias técnicas de la obra y no pasó nada. Creo que el tiempo nos va a dar la razón a todos los que estamos denunciando las irregularidades de este proyecto. Esto es pegarse un tiro en el pie y destruir los propios recursos que van a generar trabajo sustentable a lo largo del tiempo”, concluyó.
