El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, a menos de cuatro meses de finalizar el mandato, hizo un balance de la gestión del área a su cargo. “En tres años hemos podido encauzar y resolver el problema de contaminación de la bahía Encerrada, que está prácticamente recuperada. Durante todo el invierno estuvo congelada y esto es un indicador de la mejora objetiva. Estamos poniendo en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales Bahía Golondrina en el ingreso al aeropuerto, y el año que viene se prenderá la segunda planta que estamos construyendo, que es Arroyo Grande», dijo. Por otra parte aclaró que no hubo “ni agresiones ni amenazas” en la reunión con Lucas Turnes, pero admitió “deliberaciones muy profundas”.
Río Grande.- El presidente de la DPOSS Guillermo Worman fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la denuncia de apriete que realizó por los medios el arqueólogo Lucas Turnes, ex empleado de la Secretaría de Cultura a cargo de Gonzalo Zamora, en la que habría estado presente junto a varios funcionarios y también aprovechó para hacer un balance de gestión a escasos tres meses de concluir la gestión provincial.
“En tres años hemos podido encauzar y resolver el problema de contaminación de la bahía Encerrada, que está prácticamente recuperada. Durante todo el invierno estuvo congelada y esto es un indicador de la mejora objetiva. Estamos poniendo en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales Bahía Golondrina en el ingreso al aeropuerto, y el año que viene se prenderá la segunda planta que estamos construyendo, que es Arroyo Grande», dijo.
Agregó que “en Tolhuin expandimos a más de 1.400 familias las redes de agua y cloacas y ya hemos adjudicado la obra de expansión de la planta potabilizadora, que va a duplicar la capacidad de producción de agua potable. En Ushuaia pasamos de dos a tres plantas potabilizadoras y ampliamos en un 40% la planta del Valle de Andorra. Pusimos en funcionamiento la planta del valle del río Pipo y en los últimos inviernos dejamos de tener cortes de agua”, destacó.
“Hemos mejorado la calidad del agua y amesetamos la tarifa. En un escenario inflacionario y con tarifazos de AYSA de casi el 500%, en el mismo período no llegamos a incrementar la tarifa en más de un 40%. Desde diciembre de 2015 hasta ahora hubo dos aumentos que no llegan al 40% de la tarifa”, comparó.
“En Ushuaia el 95% de los vecinos tienen acceso a agua potable por red. Hay un sector que está por encima de la cota de la cisterna que hasta el momento tiene factibilidad nula. En Río Grande no manejamos el servicio y no tengo datos para brindar, pero empezamos a construir la planta de tratamiento sanitario de margen sur. Se han hecho movimientos de suelo y se inició la obra civil, que es la construcción de la platea para levantar la estructura. Esta obra se va a reanudar a partir del 15 de septiembre, después de la veda”, adelantó.
Con respecto al impacto de la última devaluación del 30% en las obras, afirmó que están garantizadas: “El grueso de las obras las adjudicamos con el dólar a 15,40 pesos en 2016. Es decir que algunas obras iniciaron con el dólar 40 pesos más bajo de lo que está hoy. La provincia ha podido blindar la ejecución y finalización de las obras, porque están garantizadas con fondos provinciales vinculados con el bono. Esto nos permite tener un fondo anticíclico para garantizarle a las empresas y los trabajadores la finalización. Más allá de la política cambiaria errática, no hemos tenido inconvenientes en sostener la secuencia de pagos. El grueso de las obras las hemos terminado y nos quedan las nuevas redes de agua y cloaca en los barrios Las Reinas, Cuesta del Valle y Leñadores en el Valle de Andorra. Probablemente terminemos con la reparación del Saint Christopher. La planta de Arroyo Grande va a finalizar el año que viene y recién en el primer semestre de 2021 la que estamos construyendo en margen sur. Lo mismo con la ampliación de la planta potabilizadora en la bajada hacia el lago en Tolhuin, que va a iniciar en septiembre y estará finalizando en el primer semestre de 2020. El resto de las obras las empezamos a mediados de 2016 y la gran mayoría están terminadas”, detalló.
Respecto del financiamiento, sostuvo que “fue múltiple, porque algunas se financiaron con fondos del tesoro provincial, otras con el bono que colocó la provincia, hay obras con financiamiento mixto entre gobierno nacional y provincial; y hay un crédito específico con el FFFIR –Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional- para obras de saneamiento. La planta de margen sur también está financiada por el FFFIR con un mutuo específico para Río Grande”.
También se refirió a las deudas de nación con la DPOSS: “En este momento la nación nos está debiendo casi 250 millones en obras de agua y cloacas. Han hecho pagos de manera muy discontinuada, entonces la provincia debe adelantar los recursos para no romper la cadena de pago con las empresas”, señaló.
Diferenció el caso de la planta potabilizadora de Río Grande, donde la deuda de nación se debe a documentación que no presentó todavía el municipio. “El Fideicomiso Austral le requirió al municipio que regularice la situación dominial de esa planta y hasta ahora no se ha podido enviar al Estado nacional la documentación respaldatoria. El Fideicomiso estipula que las obras que financia son propiedad de la provincia y no se ha logrado ordenar administrativamente los papeles de esa planta, que está operando, pero hay dificultad para terminar de rendir los certificados de obra. La nación exige que se rinda correctamente cómo se ejecutó esa obra, previo al envío de remesas. Nosotros hace un año no sabemos cuál es el estado de funcionamiento de esa planta, y no contamos con la documentación para enviar a nación. Entiendo que las tierras fueron acordadas con una de las estancias y hay que terminar de ordenar la situación administrativa”, observó.
Worman negó aprietes pero admitió “deliberaciones muy profundas”
El presidente de la DPOSS también se refirió a las declaraciones de Lucas Turnes, despedido de la Secretaria de Cultura luego de negarse a firmar los informes de impacto ambiental y arqueológico que había elaborado la empresa Gancedo. El arqueólogo había hablado de una “reunión de apriete” entre varios funcionarios, pero Worman lo desmintió. Aclaró que fueron “deliberaciones muy profundas”, pero sin agresiones ni amenazas, vinculadas con la complejidad de la obra. Estimó que Turnes “no tiene la misma tolerancia a las tensiones propias de estos debates”, y deslizó que su denuncia mediática sería parte de una estrategia vinculada con su demanda laboral contra el Estado. Además, aseguró que hay una “utilización y manipulación” de parte de candidatos a las elecciones del 27 de octubre, que están “explotando políticamente” una de las obras más importante de la gestión Bertone.
Según el profesional, fue presionado para firmar los informes de impacto ambiental e impacto arqueológico que había elaborado la empresa, aunque se negó por la serie de irregularidades que contendrían. “Me llamó la atención leer las declaraciones de esta persona. La obra de la ruta ha suscitado una enorme cantidad de reuniones, con técnicos del gobierno, con técnicos externos. Incluso se llegaron a mantener reuniones con personal técnico-científico del CONICEC, del CADIC, de la Universidad, con algunos de los propietarios que están en la traza de esta obra, con representantes de ONG”, dijo Worman.
“La obra tiene un alto nivel de complejidad por la traza que tiene definida. Yo mantuve dos reuniones donde estuvo el licenciado Turnes y no tengo registro de que se haya producido ningún apriete. No sé qué considera Turnes como un apriete. Obviamente es una obra que ha suscitado mucha discusión, sobre todo por la tensión que se ha generado desde afuera. Quizás habría que tratar de interpretar qué se entiende por apriete”, sostuvo.
“Yo lo que confirmo es que no hubo ninguna situación ni de agresión ni de amenazas. A nadie se lo ha obligado a firmar algo que no correspondía, y de hecho por las declaraciones que leí, él confirma que no firmó ninguno de los informes. No logro entender cuál sería este presunto apriete, porque en las reuniones que estuve fueron reuniones profesionales, donde fuimos intercambiando ideas y posiciones para resolver de la mejor manera esta obra, que fue aprobada en dos oportunidades en la Legislatura”, recordó.
Para Worman el arqueólogo tendría una sensibilidad especial que llevaría a confundir con un apriete algún debate acalorado: “Este nivel de debate intenso me parece que hay personalidades que lo viven con un nivel de angustia más alto que aquellos que estamos acostumbrados a administrar las tensiones propias que tiene la gestión de políticas públicas y de determinadas obras. Me llamó profundamente la atención que Turnes en la misma nota esté explicando que le está haciendo un juicio a la provincia y que alegue que ha sido apretado. Yo lo niego taxativamente, por lo menos en las reuniones que yo estuve presente, que fueron dos o tres”, indicó.
“Me gustaría aclarar esto y habría que ser más cuidadoso en las expresiones, porque me resulta muy poco feliz que alguien diga que ha sido apretado por un grupo de funcionarios, porque tiene una connotación muy compleja. Cualquier trabajador del Estado, si llegara a vivir una situación así, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo penalmente y no en forma mediática. En el contexto de su demanda laboral ahora quiere plantear que ha sido víctima de aprietes, cuando esa situación de ninguna manera sucedió”, criticó Worman, vinculando la denuncia mediática con la demanda laboral.
No obstante admitió discusiones importantes en estos encuentros: “Es entendible que, con la complejidad que tiene esta obra, hayamos tenido deliberaciones muy profundas con respecto a cómo resolver cuestiones que son complejas. Hay gente que vive de una manera muy particular estas tensiones que son normales en una obra de estas características”, dijo de la particular sensibilidad de Turnes.
Utilización política
Además, Worman atribuyó a intereses políticos el voltaje que está tomando este debate en la sociedad. “Hay posiciones encontradas no sólo de un sector de la comunidad con el gobierno sino de sectores de la comunidad que están enfrentados entre sí. Nosotros vemos en las redes sociales que hay gente que apoya activamente la concreción de esta obra y gente que no. Esto tiene que ver con una obra de transformación de la dinámica de tránsito en Tierra del Fuego y que implica abrir una traza nueva en un sector costero que tiene bosque. Siempre se planteó que había que atravesar un sector boscoso de la costa y más del 60% de la traza ya está abierta. Resta abrir algo más del 30% y después ampliación de traza ya consumada. El debate que genera esta obra es muy intenso. Hay posiciones que comparto y otras que no, porque se ha colado de manera muy perversa la campaña electoral. Tenemos algunos de los referentes que son candidatos para las próximas elecciones del 27 de octubre y creo que hay utilización y manipulación de esta obra, no con la idea de discutir cómo se resuelve el impacto ambiental sino para sacar provecho propio. No hay un debate genuino en torno a la protección de bienes de la comunidad”, fustigó.
“Hay gente que con honestidad intelectual está planteando su preocupación y gente que está tratando de explotar políticamente una de las principales obras que puso en marcha la gestión de la gobernadora Bertone”, remarcó.
