Si bien el bloque decidió acompañar la iniciativa del MPF que tiene el aval del gobierno electo, el legislador radical advirtió que este año, de haber existido movilidad automática, en lugar de 82 millones la caja debería haber destinado más de 320 para la actualización de haberes. Esta modificación que se aprueba el jueves impactará sobre el presupuesto 2020, que se comenzará a discutir “después de que la nación presente el proyecto”, dijo.
Río Grande.- El legislador radical Pablo Blanco se refirió por Radio Universidad 93.5 a la aprobación de la movilidad automática que se concretará este jueves, para devolver a los jubilados una conquista que se les había quitado con la aprobación del paquete de leyes en enero de 2016.
“La verdad hemos tenido pocas sesiones, esta es la segunda ordinaria y hubo tres especiales, pero no se cumplió con lo que se debería cumplir, que es como mínimo una sesión mensual”, dijo con autocrítica ante la falta de actividad legislativa a lo largo de este año electoral.
Advirtió que el impacto de la movilidad automática será importante, haciendo un cálculo de lo que hubiera ocurrido este año. “El monto de la movilidad se vio bien marcado en la liquidación de las jubilaciones de julio, que se abonaron en agosto, y fue de 82 millones de pesos la actualización de ese mes. Si tenemos en cuenta que los aumentos se dieron en marzo, la movilidad se comenzaría a pagar a partir de abril de acuerdo a la ley anterior. Contando abril, mayo, junio y julio, serían algo más 320 millones contra 82 que se pagaron. Hubo un ahorro para la caja de 240 millones de pesos”, estimó.
“Prácticamente a toda la administración pública se le dio un aumento del 23% y los aumentos de los municipios estuvieron dentro de porcentajes similares. En un mes eso implicó 82 millones”, indicó, por lo cual se deberá proyectar en el presupuesto 2020 el desembolso extra por la devolución del 82% móvil.
“El proyecto que presentó la legisladora Urquiza con la firma del legislador Villegas restituye la movilidad en forma automática. Hay algunas modificaciones que se pretenden hacer para que no quede ningún resquicio para aplicarlo correctamente. Eso es lo que vamos a discutir en la reunión de comisión de hoy. Con la movilidad automática, una vez que se da el aumento a los activos, se traslada a los pasivos”, expuso.
Presupuesto 2020
Con respecto al debate del presupuesto, recordó que “no hubo voluntad del bloque mayoritario para aprobar el presupuesto 2019. Lo estuvimos discutiendo dos meses pero no hubo número suficiente para poder dictaminar y aprobarlo, por eso se está trabajando con un reconducido. Vamos a ver el presupuesto que se presenta al finalizar esta semana, qué monto arroja y cómo está confeccionado. Lo ideal hubiera sido que se confeccionara en conjunto con el nuevo gobierno. Yo voy a convocar a la discusión, una vez presentado el presupuesto nacional, y veremos si hay participación de los electos o la van a dejar para después de asumir. En este caso van a tener 13 ó 14 días del mes de diciembre. Es una decisión que yo no manejo”, aclaró.
“Como presidente de la comisión, mi tarea es darle tratamiento al presupuesto y después se verá si lo aprueban o no”, sostuvo.
Los aportes de Bertone
Por otra parte se lo consultó sobre la decisión de la gobernadora de no cobrar el sueldo fijado por ley, y explicó que “ella hizo un decreto de autolimitación pero eso no es legal. Es legal para ella, pero los aportes a la caja los debe hacer por el sueldo que establece la ley. De esto ya hay antecedentes de la época de Manfredotti”, afirmó.
“Hoy Bertone gana 90 mil pesos porque se autolimitó para ella, pero debe pagar aportes por lo que establece la ley, y el sueldo fijado por ley es el 5% más del promedio del sueldo del intendente de Ushuaia y el de Río Grande. Esa autolimitación no es general para el resto. Ella tiene la potestad de fijar los sueldos de los ministros, los secretarios y subsecretarios, pero no tiene la potestad de fijarse su sueldo, que se fija por ley”, reiteró.
“Ella tiene que aportar por el sueldo fijado por ley y es responsabilidad de la caja reclamar ese aporte. Ya hay antecedente de casos similares y, por la mala liquidación que hizo en su momento el IPAUSS, perdió todos los juicios y pagó montos muy importantes de honorarios. La caja debe reclamar y es su obligación, pero eso lo tendría que responder el presidente”, expresó.
Inversiones para otros
Finalmente se refirió a los montos de coparticipación que está cobrando Santa Cruz por regalías de oro y plata, siendo que se trata de inversiones de fábricas radicadas en Tierra del Fuego, que nunca aportaron los fondos del fideicomiso industrial. “Nunca conformaron el fideicomiso. Antes como el gobierno nacional tenía intereses específicos en la provincia de Santa Cruz, obligó a invertir en emprendimientos productivos de esa provincia, no en Tierra del Fuego. La provincia firmó entre 2016 y 2017 un compromiso de parte de las empresas de constituir un fideicomiso, que es voluntario pero no obligatorio. Luego, producto de la situación económica, dejaron sin efecto ese fideicomiso. En los gobiernos anteriores en lugar de reinvertirse en Tierra del Fuego se hizo en Santa Cruz o en Chubut con la pesca, por una exigencia del gobierno nacional a las empresas para liberar la importación de insumos. Este es un llamado de atención de cómo estos gobiernos nacionales manejaron las inversiones que debieron ir a Tierra del Fuego”, concluyó.
