La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich objetó el proyecto que tendría dictamen en la reunión de comisión de hoy, a la que prevé asistir, porque garantiza la automaticidad pero no pondría fin a dos criterios diferentes para la determinación del haber. Advirtió que podrían darse “dos movilidades distintas”, con perjuicio para unos 500 pasivos que se jubilaron después de la sanción de la ley 1210 y estarían dispuestos a iniciar reclamos.
Río Grande.- La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich expuso por Radio Fueguina la preocupación por el proyecto que tendría dictamen en la reunión de comisión de hoy, para ser aprobado en la sesión del jueves, porque podría dar origen a “dos movilidades distintas”.
“La esperanza es lo último que se pierde y se ha trabajado muchísimo. Los jubilados hemos estado movilizados durante mucho tiempo desde el 2016 cuando se sacaron las nuevas leyes y después de la 1210 que ha agravado la situación de los jubilados al eliminar el 82% móvil. Hemos tenido que esperar seis meses para recibir una recomposición en el haber y todos estamos muy ansiosos de participar en la reunión de comisión”, dijo.
“Estamos bastante alarmados porque, al parecer, de todas las promesas que se hicieron sobre la devolución del 82% móvil parece que retrocedieron y solamente se va a garantizar la automaticidad de la movilidad, que no es lo mismo que la restitución del 82% móvil”, manifestó.
“Por cómo está redactado el proyecto de ley que ha circulado en los medios y estaría próximo a aprobarse en la sesión del jueves, solamente se prevé la automaticidad y deja librado a la reglamentación la elaboración de los índices de actualización”, afirmó.
Explicó que “nuestro sistema previsional, antes de la modificación del actual gobierno, mantenía una relación directa con el último cargo, categoría y función del trabajador. Cada vez que uno de estos elementos se mueve en el sector activo, mueve el haber del jubilado. Esto ha cambiado, porque cuando se sancionó la ley 1210 se estableció una nueva fórmula de cálculo del haber de los nuevos jubilados, y se toma un promedio de los últimos 120 meses de trabajo. En esos casos la única manera de movilizar el haber es por promedio. Por eso digo que la incertidumbre que se ha generado es si realmente la voluntad de los legisladores es que haya dos movilidades distintas: una que sería por cargo, categoría y función, que fue la manera de determinar el haber hasta la sanción de la ley 1210 para los que se jubilaron con anterioridad a la ley; y otra por promedio de escala para los que se jubilaron con posterioridad”, planteó.
“Esto va a generar una nueva situación de crisis en la caja, porque seguramente los más de 500 jubilados a los que se les determinó el haber con este nuevo criterio, van a reclamar para sí el mismo tipo de movilidad de los que se jubilaron con anterioridad. El gran problema que se suele tener en el sistema previsional es la manera en que los organismos públicos otorgan aumento a sus trabajadores. Cuando se otorgan aumentos discrecionales, donde se aumentan ítems, o un adicional, o se crea un adicional, alteran toda la situación de cómo se traslada el aumento al pasivo. Por eso justamente se reclama que, con el promedio de escala, los aumentos que se otorgaron al trabajador se diluyen y el jubilado percibe un prorrateo de ese aumento. El caso más claro fue lo que ocurrió este año con el aumento por responsabilidad jerárquica. Como es por promedio de escala, todo se suma y todo se divide, y ya no hay una relación con el trabajador que cobraba ese adicional en actividad, porque al aumentar ese adicional no le impacta en su haber”.
“En caso de que los organismos públicos, en lugar de aumentar adicionales otorgaran un aumento de porcentaje al básico, no va a haber diferencia, porque el mismo porcentaje al básico lo va a recibir en la misma proporción el jubilado; pero estamos muy acostumbrados al uso de los adicionales. Con esta nueva metodología de trasladar la movilidad por promedio de escala, se distorsiona la relación y el jubilado cobra una ínfima parte”, advirtió.
“Cualquiera sean los términos en que se sancione la ley, en forma inmediata no genera ningún cambio en los haberes de los jubilados, porque está atado a la recomposición salarial que pueda tener cada uno de los sectores en actividad. Una cosa es la automaticidad, pero el problema es cómo se traslada ese aumento a los jubilados. Si los legisladores vuelven a respetar el criterio de cargo, categoría y función, todos los que se jubilaron antes de la sanción de la 1210 van a tener la movilidad en su haber previsional. El problema es cómo garantizar el 82% a los nuevos jubilados, porque ese principio lo tienen absolutamente perdido. La forma de determinar el haber inicial ya no respeta el criterio de cargo, categoría y función, sino que es el promedio de los últimos 120 meses. Los nuevos jubilados, que son alrededor de 500, han perdido entre un 10 y un 25%, por la manera de calcular el haber”, estimó.
Bahntje ausente
Consultada sobre la ausencia de Rubén Bahntje en estos debates, indicó que “el presidente de la Caja, por una cuestión de respeto institucional, debería estar presente en la reunión de comisión, pero él no representa en realidad los intereses del sistema previsional, sino que representa los intereses del Gobierno. Obviamente si va, no será en representación de los intereses de los jubilados, porque es emisario del Poder Ejecutivo, cumple funciones en representación del Ejecutivo y está llevando las políticas del Ejecutivo”.
“Igualmente sería importante que asista porque hace a la calidad institucional y la obligación de gestión. El no presentarse es una manera de eludir una responsabilidad de su función y su cargo. Pero que vaya o que no vaya, más allá de la falta de institucionalidad, no creo que sea considerado como un elemento para que cambie la opinión de ningún legislador”, sostuvo.
“Bahntje ha sido un buen representante del Poder Ejecutivo y ha sabido llevar adelante todas las políticas que le ha marcado el gobierno. Hubo un proceso de ordenamiento y mejoramiento interno, pero vengo reclamando desde 2017 información de cuál ha sido el destino de los recursos extraordinarios que se crearon por ley de emergencia para fortalecer el sistema previsional, y nunca tuve acompañamiento del presidente para avanzar en eso. Estos reclamos siguen pendientes y, con la presentación del presupuesto 2020, he puesto en conocimiento de la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y los tres bloques legislativos que yo entiendo que hay un recurso que el gobierno provincial debe seguir abonando, pero el presidente entiende que no. Esto hace que en lugar de ser un presupuesto superavitario, se produzca una situación de déficit”, aseveró.
“Esto ha generado que el Municipio de Ushuaia se pretenda posicionar en contra del 82% móvil, pero nada dice que, si el Ejecutivo pagara lo que tiene que pagar, el sistema no sería deficitario”, concluyó.
