El legislador del MPF Pablo Villegas presentó ayer un proyecto de resolución para conformar una comisión investigadora de la obra del corredor costero Canal Beagle. Estará integrada por un legislador de cada bloque político y serán citados los funcionarios responsables. El legislador expuso la sucesión de irregularidades que han verificado los organismos de control, la investigación que lleva adelante la justicia y deslizó la posible comisión de delitos, como las “amenazas coactivas” contra el arqueólogo Lucas Turnes, despedido luego de negarse a firmar el informe de impacto arqueológico.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas presentó ayer un proyecto de resolución con el fin de conformar una comisión investigadora de la obra del corredor costero Canal Beagle, que se integraría la semana próxima con un legislador por cada bloque.
“Ya lo hemos hablado con otros legisladores y desde el MPF tenemos la seria intención de que venga a dar explicaciones el Secretario de Cultura (Gonzalo Zamora), y el Secretario de Ambiente (Pérez Toscani). Todos hemos tomado conocimiento público desde hace tiempo de la serie de irregularidades administrativas por un lado, vinculadas con el sistema de contratación de la obra del corredor del Beagle, en el tramo 1, 2 y 3. Por otro lado hay serias falencias en los estudios de impacto ambiental y arqueológico que se presentaron”, dijo por Radio Provincia.
“Todos hemos tomado conocimiento de las opiniones de empleados de la Secretaría de Cultura. Yo tengo copia de un informe que habla de una serie de irregularidades del impacto arqueológico. Queremos apostar por un desarrollo sostenible de la provincia y no estamos en contra de que se haga una ruta, por lo menos de acá a Almanza, pero se tiene que hacer bien, respetando los yacimientos y el patrimonio arqueológico y paleontológico, y cuidando el ambiente de la mejor forma posible”, subrayó.
Adelantó que “seguramente en estos días va haber novedades de algunas herramientas de carácter parlamentario y judicial, tratando de mantener el equilibrio entre el desarrollo sostenible de la provincia y la protección de nuestro patrimonio”. Para Villegas “lo más razonable sería parar la obra, pero este gobierno se ha empecinado en no hacerlo y querer imponer la contratación de una obra que a todas luces va a contramano de los intereses de la comunidad. Basta ver la gente que se suma a las marchas y hasta la opinión de nuestros propios hijos. El licenciado Piana en su momento expuso ante todos los legisladores que no está en contra de la obra pero que se tenían que realizar estudios serios de impacto arqueológico y paleontológico. Yo tengo copia de su opinión en el proceso judicial que las asociaciones ambientalistas están llevando a cabo, y a esto se le suma que hay funcionarios del gobierno que son los responsables ambientales de la empresa”, dijo, en alusión a la doble función del subsecretario Ricardo Vukasovic verificada por el Fiscal de Estado.
“Hay una serie de irregularidades que ameritan una intervención parlamentaria mucho más seria, más punzante, y hay que ser sumamente cuidadosos con las decisiones que tomemos, porque esta compleja relación contractual que ha generado el gobierno de la provincia con la empresa puede llegar a traer un mayor perjuicio a la provincia. Estoy absolutamente de acuerdo en generar un statu quo, paralizar la ejecución de la obra, porque hay serias irregularidades. Ya ha intervenido el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y nosotros tenemos que intervenir. Esto no es politizar la ejecución de la obra sino poner de relieve lo que todos sabemos en la ciudad de Ushuaia”, sostuvo.
Consideró urgente “revertir el impacto ambiental que genera y la mejor forma es parar la obra, y luego ver lo que hay en todos y cada uno de los expedientes, y en las acciones judiciales que están tramitando. Hay un profesional que fue echado de la Secretaría de Cultura por no avalar el estudio de impacto arqueológico y exponer irregularidades. Si un fiscal está atento, se habría materializado prima facie por lo menos el delito de amenazas coactivas”, expresó, dado que el profesional dio cuenta de una “reunión de apriete” de la que participaron varios funcionarios de la provincia.
“Hay serias irregularidades administrativas, hay un impacto ambiental fortísimo, hay toma de posesión de tierras que no están expropiadas todavía, y nosotros como actores institucionales de la provincia no nos podemos hacer los distraídos”, concluyó.
