Los jubilados que vienen marchando todos los miércoles en Río Grande pudieron entregar un documento al intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella. En él se refieren a la devolución del 82% móvil, la situación de la Caja Previsional y otros temas que los incumben. “Con el cambio de responsables de la conducción de nuestra provincia, renovamos nuestra expectativa de una vida mejor, porque además en nuestra situación, se acorta nuestro tiempo para seguir esperando”, aseguraron.
Río Grande.- Un grupo de jubilados de Río Grande, quienes desde hace un tiempo venían marchando todos los miércoles para reclamar la devolución del 82% móvil, pudo entregar un documento al intendente de Río Grande y gobernador electo, Gustavo Melella, en el marco del último Congreso Provincial del SUTEF.
El texto en cuestión señala, entre otros conceptos, que “Hace 34 años tenemos el sistema previsional provincial para los empleados estatales. Desde entonces el mismo vino sufriendo modificaciones en desmedro de sus dueños: los jubilados y los activos. En los primeros años se almacenó mucho capital, debido a la proporción entre muchos activos por cada pasivo. Los responsables de los vaivenes económicos tan comunes en nuestra provincia y la nación, como a los que estamos asistiendo, nos despojaron de lo que podía haber sido un rico fondo de sustentabilidad”, se advierte allí.
Después se menciona que “Eso hubiera paliado nuestra situación actual, que para una importante cantidad es angustiante. En todo caso sufrió el mismo destino que casi todas las Cajas Previsionales de nuestro país y a las pruebas nos remitimos con lo que ocurre hoy con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES”.
El documento que fue entregado al gobernador electo expresa además que “Los jubilados hoy sufrimos las consecuencias de ese saqueo, pero no somos responsables ni cómplices. Los adultos mayores no descendemos en la escala social cuando nos jubilamos, no somos prescindentes ni descartables. Debemos poder mantener nuestro sistema de vida que supimos ganarnos con los años requeridos para jubilarnos”.
Más adelante dice que “Fuimos defraudados por los tres Poderes de la denominada democracia, el “Gobierno del Pueblo”. Sistemáticamente el Poder Ejecutivo de turno, cuando requirió dinero echó mano a las reservas previsionales. El Poder Legislativo, que muchas veces convalidó a ciegas esas decisiones e incluso generó las herramientas “formales” para ese saqueo. El Poder Judicial (fue) cómplice necesario por acción u omisión”, advierten los jubilados.
Señalando además que “Las leyes promulgadas a partir del año 2016 relacionadas con el sistema previsional, tienen carácter de inconstitucionales. El quite del 82% móvil automático desconoce el artículo 14 de nuestra Constitución y fallos sucesivos que disponen que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…” Hoy nos dicen que miles de personas en la provincia, los jubilados provinciales, no podemos continuar la vida que teníamos porque no hay fondos, porque no cierran las cuentas, porque el presupuesto no lo permite”.
“Los mismos fundamentos que sustenta hoy el gobierno nacional. Son respuestas de administradores. No elegimos administradores, ya existen máquinas que los pueden reemplazar con mayor eficiencia y mucho menos gasto. Elegimos representantes que tomen decisiones priorizando a los seres humanos y no a lo fáctico, estándar, a un determinismo económico”, advierte el documento.
Más adelante se expresa que “Tienen que aprender a leer que votamos para estar mejor las personas que vivimos hoy, por supuesto sin caer en el extremo del derroche del futuro. Nuestras actuales jubilaciones están por debajo de la canasta básica, considerada para la Ciudad de Buenos Aires, según el INDEC, y los números dados por la Caja de Jubilaciones en promedio. Esta situación se debe en gran medida a la falta de paritarias con los activos a quienes estamos ligados, como corresponde y que reclamamos también como derecho adquirido”.
Por otra parte recuerdan que “el promedio está traccionado o desvirtuado por un grupo de jubilaciones que exceden el sueldo del cargo de gobernador. De esto que se hagan cargos los tres poderes del Estado Fueguino, pero no lo usen para promediar la jubilación de la gran mayoría de los jubilados. Si los respectivos funcionarios de turno no actúan con la idoneidad y responsabilidad correspondiente, es real que se van adquiriendo derechos que son inalienables”, señalan.
Los jubilados se refirieron también a “perjuicios a nuestra Caja que tendrá que afrontar el pago de retroactivos por mal desempeño de sus funcionarios. Sin contar las acreencias de nuestra Caja de Jubilaciones, nunca devueltas, es una decisión política pagarnos el 82 % móvil automático. En el mismo presupuesto que usan como pretexto para negarlo está la solución”, aseguran.
El texto propone redireccionar fondos destinados a “publicidad, comisiones, otorgamiento de sobreprecios, abuso de las tercerizaciones, nombramientos para formar el ejército político particular, falta de capacitación en la administración pública, desinversión en tecnología para optimizar los servicios en todas las áreas , ejecución de deudas del gobierno nacional, afectación de acreencias de las instituciones públicas, etc”.
En el tramo final dicen que llevan “años de lucha con el fin de preservar nuestros derechos constitucionales ganados que nos fueron robados quitándonos el 82% móvil, liquidando nuestros haberes mediante un coeficiente indescifrable y reduciendo la movilidad solo a mitad de lo que corresponde. Cercenaron nuestro derecho a conocer qué y en carácter de qué cobramos. A nuestra edad y habiendo trabajado, de distintas maneras para mantenerla, nunca pensamos que la decadencia de la democracia, la iban a producir los mismos referentes que debieron darle sustentabilidad. Aun así, con el cambio de responsables de la conducción de nuestra provincia, renovamos nuestra expectativa de una vida mejor, porque además en nuestra situación, se acorta nuestro tiempo para seguir esperando”, concluye el documento que fue leído a Melella.
