El legislador del MPF explicó que las implicancias administrativas o eventualmente penales competen a otros ámbitos. En la comisión investigadora se prevé analizar “responsabilidades políticas” y buscarán “la medida más efectiva y concreta” para evitar “un daño irreparable” al patrimonio de los fueguinos. Entendió que la postura de la gobernadora y del ministro de Obras Públicas de continuar la obra y apelar las medidas que disponga la justicia, es “un mensaje al Poder Judicial”.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas expuso los alcances de la comisión investigadora del corredor costero Canal Beagle, que prevé investigar las “responsabilidades políticas” en torno a la obra. Por Radio Provincia, sostuvo que esta comisión “es un escalón más para poder analizar la documentación y deslindar las responsabilidades políticas de quienes hayan cometido irregularidades. El Tribunal de Cuentas va a investigar la responsabilidad de los actuantes, también la Fiscalía de Estado. El Poder Judicial tiene otro tipo de investigación y la Legislatura atiende las responsabilidades políticas”, subrayó.
Se le recordó que la legisladora Myriam Martínez se mostró permeable a una investigación y mencionó una auditoría, pero desde el Ejecutivo se sigue avanzando, y el Ministro de Obras Públicas confirmó que la obra va a continuar y adelantó van a presentarse en todas las instancias judiciales que intenten paralizarla. “Eso lo tomo como un mensaje al Poder Judicial. Cuando los máximos representantes del Poder Ejecutivo hacen una manifestación de esas características, uno lo lee como una advertencia al Poder Judicial para que vean lo que van a hacer”, manifestó.
“Más allá de lo que opine Vázquez y la gobernadora, nosotros estamos trabajando para ver qué mejor medida puede llegar a incidir de manera más efectiva y más concreta, para evitar este daño irreparable sobre el patrimonio de los fueguinos. La Legislatura tiene mecanismos institucionales para poner blanco sobre negro, y hay distintos actores institucionales de nuestra provincia que ponen de relieve que hay una serie de irregularidades que va a haber que analizar”, dijo.
Reiteró que “la intervención del Poder Legislativo es para determinar responsabilidades políticas. Hay un empecinamiento y una tozudez por ejecutar esta obra como se lo está haciendo por ejemplo en el tramo 1, donde no resiste un análisis de razonabilidad. Lo que se está impactando no son veinte árboles sino el patrimonio ambiental de todos los fueguinos. Este gobierno parece ciego y sordo frente al reclamo de toda una sociedad. Nosotros queremos que pare y que se haga la obra de la mejor manera posible, para que sea una ruta que responda a los estándares del respeto al paisaje, al ambiente y a nuestros valores turísticos”, concluyó.
A la espera de una definición judicial
Por su parte María Laura Borla, miembro de la asociación de profesionales de turismo y socia de Mane’kenk, indicó por el mismo medio que esperan una definición de la justicia luego de las presentaciones realizadas. “Nosotras no somos conocedoras del manejo de los tiempos judiciales y estamos esperando respuestas más contundentes del Poder Judicial. Nuestra primera presentación solicitó la suspensión de la audiencia pública y, si el juez hubiera dado lugar a ese pedido, se hubieran evitado las consecuencias que iba a traer este paupérrimo estudio de impacto ambiental”.
“Todo lo que se desencadenó después viene a partir de ese momento. Si se hubiera suspendido la audiencia como lo pedían muchas organizaciones, hubiéramos evitado este daño”, afirmó, tras difundirse nuevas fotografías con la tala masiva de árboles.
“A esto se suma que nunca se sometió a análisis en audiencia pública el estudio de impacto arqueológico, que de una manera que pareciera malintencionada se manejó con otra legislación, como tampoco ocurrió con el impacto minero. Si estos estudios se hubieran sometido a audiencia pública, el resultado del proceso iba a dar un impacto negativo superior. Se forzó un proyecto de alto impacto ambiental”, consideró.
“Si se hubieran ajustado a la ley vigente, como pretendíamos, se hubiera podido discutir una posible traza cuyo impacto no fuera tan alto. De ahí surgen todos los errores. Arrancó mal y las cosas que arrancan mal difícilmente puedan terminar bien”, advirtió.
“Nosotros no hacemos planteos desde ningún lugar político partidario. De todo el primer tramo no hay absolutamente nada incluido en el plan estratégico de desarrollo sustentable ni en ningún plan rector que el INFUETUR haya elaborado. Esto abre la imaginación para cualquier tipo de conjeturas, sobre un negocio inmobiliario, de adjudicación de tierras para hoteles cinco estrellas, y como no hay nada que podamos ver, no podemos formarnos ningún concepto. Somos plenamente conscientes del altísimo valor del paisaje, sobre todo en la franja costera del bosque, donde se combina la costa marina, el bosque nativo, los yacimientos arqueológicos, el relieve ondulado. Hay un montón de componentes que hacen que la franja de la costa tenga un valor muy superior al de alguna franja que esté unos metros más arriba”, dijo.
“Se podría haber buscado una alternativa por otro lugar, la estancia Río Encajonado presentó una alternativa que ni siquiera se incorporó, porque no está en el expediente”, apuntó.
Sobre las nuevas imágenes de la tala del bosque, dijo que “como no conocemos la traza, no tenemos conocimiento de si esas coordenadas se corresponden con la propiedad privada. Lamentablemente la Secretaría de Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental. La secretaría aprobó el desmonte y tiene facultades para derogar las autorizaciones. Por ahora está suspendido el tramo 3, porque la empresa no está dando las respuestas correspondientes, pero están autorizados a desmontar en el tramo 1 una traza que desconocemos, por lo que no sabemos si está bien o no cortado. Tenemos una respuesta verbal del área de Ambiente de que ese corte se corresponde con la traza, y de manera informal también nos dijeron que la traza de la ruta se corresponde con el sendero. Las fotos del desmonte que se tomaron se corresponden con una tala dentro de la estancia Río Encajonado pero desconocemos si se corresponde con el trazado”, reiteró.
“La versión más definitiva que tengo es que la traza coincide con el sendero a Túnel”, aseguró, siendo el más recorrido por los turistas que realizan trekking, que va a desaparecer.
Consultada sobre las expectativas ante la conformación de una comisión investigadora en la Legislatura, observó que “todos los avances son a un ritmo más lento del que creemos que debería darse” y recordó que “la Legislatura aprobó la obra sin proyecto, y la expropiación de las tierras privadas sin una definición de la traza. Todavía estamos esperando que recapaciten y reevalúen la traza, pero tampoco podemos fundamentarlo porque no sabemos por dónde pasa. Creo que por ahí pasa la estrategia, al no facilitarnos la traza final, están con una carta bajo el brazo porque no podemos cuestionar algo que no sabemos por dónde pasa”, planteó.
Agregó que “sin un proyecto ejecutivo aprobado tampoco se podía calcular el costo de la obra. Para el tramo de la turbera, la empresa dice que, como no tiene experiencia de construcción sobre una turbera, no sabe cómo lo va a hacer. En el pliego hablan de rellenos de ripio, y de esperar 30 o 40 días a ver si se sostiene para recién ahí tirar la capa de áridos. Los expertos explicaron en la audiencia que esa turbera tiene varios metros de profundidad y no se puede rellenar. Otra cosa de la que nos enteramos es que en la confección del pliego licitatorio no participó la Dirección de Licitaciones, ni la de Vialidad, ni otras áreas del Ministerio de Obras Públicas. Para la inspección de la obra se contrató a una empresa y los informes parecen hechos por la propia empresa Gancedo. Todas estas cosas cada vez nos confunden más”, manifestó.
“Además, se debe llevar adelante un plan de restauración forestal, que lo preparó justamente el responsable ambiental que cuestionó el Fiscal de Estado –dijo en referencia al ingeniero Ricardo Vukasovic, subsecretario y asesor de la empresa-. Ese plan no tiene cronograma, no tiene una selección de especies, y no es un plan de restauración tampoco”, concluyó.
