El vicepresidente de CAME Diego Navarro informó sobre la decisión tomada en la asamblea de ayer de solicitar la sanción de una ley de emergencia pyme, con vigencia hasta fin de año, ante la complicada situación del sector. Se busca una herramienta para que la pequeña empresa “pueda sobrevivir”, dado que constituyen el 95% de las empresas del país y generan el 70% de la mano de obra empleada. Cuestionó la inexistencia de un plan de salida de la crisis de los que aspiran a conducir la Argentina y sostuvo que hoy reina la incertidumbre, que no se resolverá hasta que finalice el proceso electoral.
Río Grande.- El vicepresidente de CAME, Diego Navarro, informó por Radio Universidad 93.5 sobre la decisión tomada en la asamblea realizada ayer con todos los integrantes de la organización, que reclamarán al gobierno nacional la sanción de una ley de emergencia pyme.
En el encuentro “se incorporaron 30 nuevos consejeros a la institución, que cuenta con un consejo directivo de 60 y pasaron a 90, luego de una modificación del estatuto. Ingresó la Cámara de Ushuaia que estaba como suplente y ahora es titular, representada por Claudia Fernández. Se sumaron distintos lugares del país y hoy Tierra del Fuego tiene dos lugares en el consejo”, dijo.
“Con esta integración, se debatieron los temas más acuciantes del momento, y se decidió plantear una ley de emergencia para las pymes. Abarca cuatro o cinco puntos que son muy acuciantes en este momento, para que la pyme que está tratando de sobrevivir tenga herramientas para lograrlo”, expresó.
“La pyme puede tener uno, dos, tres empleados, y puede que no tenga empleados y trabaje la familia. Hay categorías y todo un abanico, y hoy en día son casi el 95% de las empresas del país. Si bien generan el 70% del empleo, representan más del 40% del PBI nacional. Esto hace que sea muy necesaria la vida de las pymes para el tejido social argentino”, subrayó.
Entre las medidas que fueron incorporadas al proyecto de emergencia, mencionó su vigencia “hasta fin de año”, la “suspensión del impuesto al débito y al crédito, el adelanto del mínimo no imponible establecido para los aportes del 931, como se hizo en algunos rubros de economías regionales. Eso reduciría el pago de aportes por puesto de trabajo. Se plantea una tasa especial de financiamiento del 21% y, en caso de pymes en situación de riesgo con pérdida de puestos de trabajo, puede haber algunos planes especiales. También se plantea el tema de los impuestos que van en los servicios, que afectan a las pymes”, detalló.
Navarro dio cuenta de un contexto complejo que atraviesa todas las jurisdicciones. “La gente está mal y el desánimo es general. Hay mucha incertidumbre. No se ve ni se habla de cómo se sale. No hay un planteo real de cuál es el proyecto de nadie. Nadie dice cuál es el camino. La realidad está muy difícil, necesitamos mucha tranquilidad pero tampoco quedarnos dormidos. Todo este período de tiempo hasta que se definan las elecciones no es otra cosa que una espera para encontrar el debate de los temas, que ahora no estamos viendo. Nadie está diciendo qué va a hacer con la Argentina, piden que los voten, pero no hablan del programa que se va a llevar adelante”, cuestionó de los que se postulan a la presidencia.
“Toda esta incertidumbre no es buena, porque trae una paralización y así venimos desde hace mucho tiempo. En Tierra del Fuego tenemos una situación muy delicada, en particular en Río Grande, porque Ushuaia tiene una dimensión distinta por la actividad turística, que riega recursos cada tres, cuatro o seis meses, pero en Río Grande hace tiempo estamos planchados. Eso está trayendo muchos problemas, de supervivencia y de sostenimiento del empleo. Por eso planteamos este pedido de una emergencia pyme que contenga puntos básicos para sostener puestos de trabajo de acá a fin de año, hasta que esté resuelta la situación electoral”, explicó.
El pedido se va a presentar “ante el gobierno nacional y seguramente se va a elevar a presidencia de la nación o al ministerio de producción”, concluyó.
