El secretario de derechos humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, informó sobre la decisión de judicializar la autorización del presidente Macri a la empresa LATAM para hacer escala en Córdoba en su ruta de Brasil a las Islas Malvinas. Sostuvo que solamente buscan beneficiar a los ocupantes ilegales con herramientas logísticas, a costa de la explotación que están realizando de los recursos argentinos. Hoy presentan un recurso de amparo por considerar inconstitucional el decreto, que habilita la escala a partir del 6 de noviembre.
Río Grande.- El CECIM La Plata presentará hoy un recurso de amparo contra la autorización del presidente Macri a la empresa LATAM para hacer escala en Córdoba en su vuelo de Brasil a las Islas Malvinas.
Por FM Del Pueblo, el secretario de derechos humanos de la organización, Ernesto Alonso, dio cuenta de un “trabajo contrarreloj”, dado que hoy vence el plazo para impugnar el decreto. “Decidimos presentar este amparo porque está en riesgo el derecho a la soberanía de todos los argentinos. A partir de la llegada del gobierno de Macri se ha dado un giro de 180 grados, como ha ocurrido en otros gobiernos neoliberales. Está dando elementos para que nuevamente los británicos tomen la iniciativa en el Atlántico Sur”, aseguró.
Recordó que la política macrista dio su primer paso el 13 de septiembre de 2016 cuando “firmaron ese nefasto acuerdo conocido como Foradori-Duncan, y ahí se plasmaba que Argentina iba a posibilitar el desarrollo económico de las Islas Malvinas en los temas de comunicaciones, pesca e hidrocarburos. Todas esas fases se están cumpliendo y el gobierno hizo todo lo posible para que ese acuerdo no pase por el Congreso de la Nación, que es el órgano natural, porque iba a ser rechazado”, afirmó.
“Una de las responsables de que eso sucediera fue la diputada Lilita Carrió, en ese momento presidente de la comisión de relaciones exteriores, que se opuso sistemáticamente al pedido de la oposición de que ese acuerdo pasara por el Congreso”, apuntó.
Reiteró que había un objetivo marcado y “se van cumpliendo las fases. Los fueguinos lo sufren en carne propia, porque se han entrometido en intereses que los incumben. Le han permitido a las empresas que en forma ilegal e ilegítima están en la fase de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas que también operen en las cuencas de la plataforma continental argentina, y esto viola la ley de hidrocarburos”.
“Con el tema de la pesca, ya vimos en los ’90 los acuerdos de Madrid 1 y 2, que permitieron a los británicos conseguir recursos para la sustentabilidad de su posicionamiento neocolonial militar. Armaron una fortaleza en 1985, que además amenaza la paz de la región, y eso se sustenta con los recursos que en forma ilegítima el gobierno de las islas vende a través de licencias de pesca y consiguen miles de millones de dólares de la pesca ilegal de recursos naturales que son de Argentina”, enfatizó.
En esta política se enmarcan los vuelos a Malvinas con escala en territorio nacional: “Uno de los vuelos de conectividad está planteado desde Chile, con una escala mensual en Río Gallegos, y el vuelo de Río Gallegos a Malvinas sale alrededor de 800 dólares. Estos vuelos lo único que generan es mejor logística para conseguir mejores beneficios en la usurpación. Estamos poniendo toda la carne al asador para que Gran Bretaña siga avanzando en las distintas fases que tiene planificadas, y la fase final es la proyección hacia la Antártida”, dijo Alonso.
“Desde el Congreso nacional trabajamos con varios diputados de la oposición pero sistemáticamente el oficialismo no permitió que este tema se trate, desde el 2016 hasta la fecha. Nosotros presentamos una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la justicia no hizo nada al respecto. Estamos ante una situación de extrema emergencia y estos temas quedan muy relegados, porque la gente está pensando en la subsistencia, pero esto es parte de lo que tenemos que definir hacia el futuro, con una política de estado real para recuperar nuestro territorio”, remarcó.
Lo cierto es que hoy se presenta “un recurso de amparo para que se deje sin efecto un decreto firmado por Macri y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, donde pareciera que no hay un conflicto con Gran Bretaña. San Pablo no es cualquier lugar, es un aeropuerto internacional y es el corazón industrial de Brasil, donde se producen insumos para cualquier industria, y básicamente para el tema de petróleo. Se le está dando una conexión directa desde San Pablo para la logística de la zona, que va a seguir trabajando con la pesca. Esto beneficia a los militares que van a seguir con la ocupación ilegal, y el gobierno nacional lo está autorizando, en violación de la Constitución Nacional”, criticó.
De cara a un posible cambio de gobierno, consideró que “debe haber nuevamente un camino de defensa de la soberanía que nos han quitado. Es el conflicto más importante a escala global por la magnitud del territorio que está en disputa, y nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para poner en tensión el costo-beneficio de la usurpación. No podemos seguir permitiendo que se sustenten con los recursos de todos los argentinos”, sentenció.
A pedido de los ocupantes
Cabe recordar que el decreto de Macri-Dietrich autoriza a LATAM a hacer escala en Córdoba a partir del 6 de noviembre. Se trata de una escala mensual, que se sumará a los vuelos también mensuales que se realizan hoy desde Punta Arenas, con escala en Río Gallegos.
LATAM Airlines Brasil fue elegida para operar el vuelo en diciembre de 2018, tras un proceso de licitación acordado entre los gobiernos de Argentina y del Reino Unido. Según el presidente Macri, responde a una política de acercamiento a los isleños tendiente a recomponer el diálogo con Gran Bretaña, y en los hechos ha accedido a demandas concretas de los usurpadores.
La propia Cancillería admitió que desde las Islas Malvinas se reclamaban aeronaves más grandes para responder a necesidades de los isleños de transportar más mercadería. También requerían más contacto con el continente, sin tener que costearse un vuelo a Londres.
