Hace un año atrás, se inició una investigación luego de una pintada realizada en la iglesia evangélica ubicada en la esquina de San Martín y Piedra Buena. Desde la misma institución, se difundieron videos y se acusó directamente a dos integrantes de la Colectiva Feminista. Ahora, y sin ningún avance, además de la renuncia de las abogadas Solange Verón y Alejandra Arce, toma la defensa de una de las implicadas, el Doctor Fernando Lapadula.
Río Grande.- Este miércoles se presentará en el Juzgado de Instrucción N°2 a cargo del juez Raúl Sahade, el abogado Fernando Lapadula, quien va a representar a una de las imputadas. La segunda presunta implicada, ya no reside en la provincia, y dejó asentado un domicilio por lo que sigue ajustada a derecho.
Las abogadas que representaban a ambas jóvenes militantes, las Doctoras Solange Verón y Alejandra Arce, renunciaron a las representaciones de implicadas. Ahora, el abogado Fernando Lapadula, toma la representación de una de las jóvenes, que hasta este momento, ni siquiera ha sido indagada, ya que no se reunieron los elementos suficientes para efectuar una indagatoria. Asimismo, los elementos que se secuestraron, entre ellos pañuelos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, aún no han sido restituidos a las propietarias, como así tampoco a los demás elementos secuestrados en distintos allanamientos realizados en la ciudad de Río Grande.
“Tener pañuelos verdes no es delito”
Así lo refirió el abogado Fernando Lapadula, en declaraciones a Radio Fueguina, quien se explicó: “Yo no puedo entender como hace un año está metida en esta causa, como tienen una computadora secuestrada y no se la devuelvan, este acto de la Justicia ha causado un perjuicio tremendo”.
Asimismo, Lapadula explicó que la causa podría haberse resuelto antes, a través de otros métodos, como la mediación, en tanto que la joven que va a representar, está imputada en la causa y nunca fue indagada, “En su momento, la Doctora Arce se negó por una cuestión de derecho a la privacidad se negó a que se abra ese dispositivo” y agregó sobre el rol de la querella, “Acá hay una irresponsabilidad de la querella que insiste con cosas que no tienen ningún sentido. Nosotros sabemos que la querella representa a la parte damnificada pero esas medidas son llevadas adelante por profesionales”.
“Mi defendida es inocente. Lo que se hizo es una locura, el juez se ampara en una denuncia en un allanamiento donde había pañuelos verdes”, dijo el abogado, notablemente molesto ante la inacción en la causa a más de un año de iniciada.
“Se allanó, y no se que persona importante hizo semejante despelote en 24 horas por una pintada. Ni por un abuso sexual se mueve la Justicia como se ha movido con esta causa”, acusó Lapadula.
Por último, el letrado dijo: “Siempre algún sector de la iglesia aunque sea evangelista tendrá sus contactos hará sus llamadas y pide todo rápido al juez”, indicó el Doctor Fernando Lapadula.
¿Cuándo comenzó la causa y qué papel tuvieron las abogadas de las organizaciones feministas?
El acto vandálico denunciado, y en el que no se aprecia con certeza quienes son los o las responsables, ocurrió en la madrugada del 8 de agosto, en la víspera de lo que sería en el Senado de la Nación, la votación por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por parte de las organizaciones feministas, la presentación la hicieron el 27 de agosto de 2018 ante en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Grande, a cargo del Raúl Nadim Sahade.
En este caso particular, Gala, en aquel momento, acompañada y patrocinada por las abogadas Alejandra Arce de la Colectiva Feminista de Río Grande y Solange Verón de la Organización feminista La Hoguera (Ushuaia) pidieron ser querellantes en la denuncia que inició la semana pasada contra un efectivo policial que se desempeña en la Comisaría Primera de la ciudad de Río Grande, por el delito previsto en el artículo 209 del Código Penal, instigación a la violencia, agravado por ser funcionario policial.
El efectivo policial había sido condecorado por el Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego en el año 2017 y el día del debate de la Ley por aborto legal, circuló un mensaje con el nombre y fotos de Gala, adjudicándole la comisión de delitos y vandalismo, afirmando “ya saben que hacer”, lo que provocó una réplica en las redes sociales, por el escrache efectuado y alentó las represalias contra la compañera.
Por otro lado, en la misma jornada, las abogadas de las organizaciones feministas tomaron vista de la causa penal iniciada por Andrés Rubén Díaz, por pintadas en paredes externas de su templo, que se habrían realizado el día del debate de la ley en el Senado.
Si bien la Fiscal interviniente ordenó el 13 de agosto la reserva de la causa, salvo mejor criterio del juez, por no existir pruebas que pudieran señalar a un responsable, mientras tanto, desde el 8 de agosto al 14 de agosto, la autoridad policial tomó medidas de investigación de las pintadas, revisando las redes sociales de personas que se encuentren a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que busca legalizar y despenalizar el aborto en Argentina. Para ello relacionaron las denuncias con la “Operación Araña” una acción política del movimiento feminista en todo el país, previa al debate en el Senado, que consistió en vestir distintos sitios característicos de la ciudad con un pañuelo verde y carteles con frases a favor del aborto legal, seguro y gratuito.
En dicho marco, la autoridad policial efectuó medidas de inteligencia con claro abuso de autoridad: a partir del perfil de Facebook de Gala, sin explicar por qué, luego siguieron con el espacio autogestivo artístico Par, y decidieron efectuar una vigilancia policial de dicho local, donde advierten que entran y salen personas “a favor de la ley” y “por portar pañuelo verde”, todo lo cual consta en la causa. Continuaron con el seguimiento de las redes sociales, concluyendo con el pedido al Juez para el dictado de una serie de medidas, que éste no sólo no refuta sino que avala ordenando tres allanamientos, y requisas personales y vehiculares de las personas y autos que se encontrasen en todos los domicilios.
El resultado de los allanamientos, explicaron en su momento desde las organizaciones, “es de una violencia institucional absoluta que afecta la libertad de reunión, de manifestación, de pensamiento, derechos y garantías a la asociación, a la protesta, a la privacidad, a la intimidad, hasta el punto absurdo que secuestran frascos con agua verde, pinceles con pintura verde, pañuelos verdes, cartones, moldes, bolsos con frases nos mueve el deseo, de color verde.
Desde La Colectiva Feminista de Río Grande y La Hoguera repudiamos todo el accionar persecutorio por partes de fuerzas de seguridad contra el reclamo pacífico y en las calles por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ponemos en conocimiento que pediremos al Sr. Juez la nulidad de la causa y al Estado provincial las medidas de investigación en el accionar de la Policía”.
El efectivo policial que instigó a la violencia fue sobreseído
El numerario de la comisaría Primera que fue denunciado en aquel momento, paradójicamente, y pese a haber incitado a la violencia, subiendo imágenes de una de las imputadas en la causa por daños, y que un año después no ha tenido ningún resultado, ya fue sobreseído en la investigación y se encuentra cumpliendo funciones como efectivo de la Policía Provincial.
