De acuerdo a lo que se desprendió de la sesión mantenida el pasado martes por el Consejo de la Magistratura, la conducta de la fiscal Laura Urquiza deberá ser evaluado por ese organismo, aunque dos de los consejeros habían propuesto que el “comportamiento” de la fiscal solo sea analizado por el Superior Tribunal de Justicia, propuesta que finalmente no prosperó.
Ushuaia.- El Consejo de la Magistratura se reunió el pasado viernes, abordaron diferentes temas, entre ellos, la denuncia contra la fiscal Laura Urquiza, que fue protagonista de un verdadero escándalo tras intentar detener a un secretario y prosecretario del Juzgado de Instrucción N° 2 de la ciudad de Río Grande.
En esta oportunidad, los consejeros votaron -en principio- mandar a analizar el “comportamiento” de la funcionaria, por la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, solicitud realizada por el Licenciado Leonardo Gorbacz y acompañada por el Legislador Pablo Blanco
Sin embargo, esa propuesta no prosperó ya que el fiscal Virgilio Martínez de Sucre, el juez Gonzalo Sagastume y el abogado Suarez definieron que el “comportamiento» de la funcionaria Urquiza, debe ser evaluado por el Consejo de la Magistratura, lo que no implica que automáticamente se le inicie el jury, sino, es momento de solicitar a Presidencia -en este caso al Doctor Gonzalo Sagastume) que elabore un informe acerca de lo que sucedido con la fiscal Laura Urquiza.
El paso posterior a la realización del informe, el fiscal acusador que aún no se designó, evalúa si corresponde o no avanzar en el proceso de a jury.
Causales de jury
De acuerdo a la Ley 525 de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, son causales:
- a) Mala conducta, morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus funciones;
- b) desconocimiento notorio del derecho;
- c) comisión de delitos comunes;
- d) inhabilidad física o moral sobreviniente;
- e) las inhabilidades previstas en el artículo 204 de la Constitución Provincial.
¿Qué pasó con la fiscal Laura Urquiza?
Se trata de la denuncia que recae sobre la fiscal de Río Grande Laura Urquiza, quien fue acusada por parte del juez de Instrucción Raúl Nadim Sahade de múltiples delitos.
La denuncia de Sahade tiene origen en hechos ocurridos el 28 de junio pasado en el despacho de la fiscal Urquiza, en el edificio de Tribunales del excampamento YPF.
Agotado el horario normal administrativo de esa jornada, el Juez Raúl Nadim Sahade ordenó a su secretario, el Dr. Eduardo Tepedino, dirigirse al despacho de Urquiza para correrle vista de un expediente, referido a una denuncia por supuesto peculado en contra de un funcionario del gobierno provincial.
Así lo hizo Tepedino, quien en compañía de otro empleado del Juzgado –Lucas Ghio- se dirigió al despacho de la fiscal Urquiza pero sólo encontró en el lugar a las secretarias Georgina Minelli y Mónica Macri.
Tras consultar a su superior, Minelli se habría negado a recibir la carpeta y, ante la insistencia de Tepedino y Ghio (y su negativa a retirarse), la empleada volvió a telefonear a Urquiza para ponerla al tanto de la complicada situación. Frente a ello, la fiscal se dirigió a la comisaría Tercera donde denunció que “dos masculinos” estaban causando un incidente en su oficina.
En pocos minutos arribó a Tribunales la fiscal, acompañada por ocho uniformados de la Tercera, quienes forzaron la salida del lugar de los dos funcionarios, sin que el episodio pasara a mayores por el momento.
Pero lo acaecido indignó al Juez Sahade, quien llegó a ser testigo de cómo los policías intentaban “conducir” a Tepedino y su compañero de trabajo fuera del despacho de la fiscal.
La denuncia elevada al Superior Tribunal de Justicia consigna que, en esos momentos, Urquiza –en voz alta- le exclamó a Tepedino “¿Te vas a ir por tus medios o te hago detener, te vas a retirar o te hago llevar por la fuerza pública?”.
La presentación de Sahade y Tepedino advierte que lo acontecido es de “una inusitada gravedad institucional, nunca antes vista en el ámbito del Poder Judicial de Tierra del Fuego”.
Por eso pidieron, entre otras pruebas documentales y testimoniales, que se le realice a la fiscal Urquiza una “amplia pericia psiquiátrica”, a los fines de evaluar “si se encuentra en condiciones mentales óptimas para seguir ejerciendo el cargo que desempeña y la gran responsabilidad que el mismo conlleva”.
Según la denuncia, (que podría haber sido recaratulada por el Fiscal acusador) Urquiza está acusada por los delitos de “Abuso de autoridad, amenazas coactivas agravadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, requerimiento indebido de la fuerza pública y prevaricato”. Respecto de la Secretaria Minelli sería por la presunta comisión del delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
