La directora de la caja de previsión comparte el criterio expresado por los gremios SUTEF, SOEM y SEJUP pero, en función del proceso electoral iniciado, consideró que no podría prosperar, porque obligaría a la prórroga de mandatos. Repasó los intentos de revertir la modificación del Directorio desde 2016, pero aseguró que nunca la Legislatura les dio tratamiento. También informó sobre el rechazo a su propuesta de reglamentación de la ley que devuelve la movilidad automática. El área legal de la caja elaborará el proyecto de decreto para elevar al Ejecutivo.
Río Grande.- La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich fue consultada por Radio Provincia sobre el pedido de postergación del SUTEF, SEJUP y SOEM de las elecciones de la caja de previsión y la obra social. Va a acompañado de una solicitud a la Legislatura para que modifique la composición, a fin de recuperar la autarquía perdida con el doble voto del presidente, más el vicepresidente, que no permite a los vocales que prospere ninguna de sus iniciativas.
“Obviamente comparto esta postura, porque con la conformación del Directorio la supremacía del voto la tiene el Poder Ejecutivo. Apenas asumimos en 2017, el primer proyecto de ley que presentamos a la Legislatura pedía eliminar la figura del vicepresidente, a los efectos de que el presidente designado por el Ejecutivo mantuviera la posibilidad del doble voto pero, al eliminar la figura del vicepresidente, con un representante por cada sector había posibilidad de lograr que una iniciativa presentada por los vocales pudiera prosperar”, recordó.
“Esto no generó ningún interés en los legisladores y nunca prosperó. Terminó el 2017 y en 2018 volvimos a presentar un proyecto, con los mismos fundamentos de que se perdía la autarquía y que los directores no tenían participación en la toma de decisiones del Directorio. En este caso se evaluó que existía un incumplimiento de la ley electoral, ya que no se respetaba la representatividad en función de la cantidad de electores a los cuales uno representa. Se argumentó que la caja y la obra social tienen un representante por cada sector, cuando el sector activo supera los 20 mil y los jubilados no llegan a los 7mil, sin embargo cada sector tiene un representante. Esta propuesta tampoco fue analizada por los legisladores”, agregó.
“En 2019 se envió una nota solicitando una modificación del sistema electoral de la caja de previsión, planteando que se sacara de la ley 1210 el proceso electoral de la caja y que se agregara a la ley orgánica del organismo un procedimiento similar al que se vino realizando históricamente para las cajas y luego para el IPAUSS, donde este proceso electoral lo gestionaba el Directorio. Al estar hoy por jurisdicción, se impide que las personas que están fuera de la isla puedan votar. Tampoco prosperó y llegamos a la fecha en que se convocó a elecciones 120 días antes a la finalización del mandato. Cualquier presentación que se haga una vez iniciado el proceso electoral, no creo que tenga posibilidad de que le hagan lugar, ya que esto alteraría todo el proceso y obligaría a las autoridades electas a la prórroga de mandatos, cuando las razones que existen han estado vigentes durante los tres años de este mandato y los legisladores no han tenido ningún interés de corregirlas o modificarlas”, planteó.
Apuntó que cuando salió la ley que reformó la composición, “el Directorio no tuvo participación. Solamente tomamos conocimiento de un decreto del Ejecutivo, sin ningún tipo de intervención del Directorio”.
Proyecto rechazado
Por otra parte, se refirió a la reglamentación de la ley que devolvió la movilidad automática, para lo cual presentó un proyecto, a fin de que esta vez el Directorio tenga participación en las decisiones del Ejecutivo, al menos presentando un borrador.
“Esta ley da atribuciones al Directorio a proponer al Ejecutivo la reglamentación. Entendí importante generar el debate interno, proponiendo un proyecto de reglamentación para elevarlo al Ejecutivo, para que el Ejecutivo no lo reglamente en forma unilateral e inconsulta, sabiendo que hay una oposición a la ley. El proyecto no fue tratado porque el presidente consideró oportuno generar una comisión de trabajo, que descalificó el proyecto presentado y solicitó que la reglamentación la elaboren las áreas legales de la caja”, dijo.
“El miércoles y con plazos vencidos, me acercaron un informe de la comisión de trabajo, que no dice mucho. Solamente hay unas observaciones sobre lo difícil desde lo técnico de volver a hacer el cálculo de la movilidad por cargo, categoría y función. Yo vierto en el proyecto el criterio de que la modificación de la ley elimina el cálculo por escala, como lo establecía el artículo 6° de la ley 1.210”, explicó.
Ayer venció el plazo de la prórroga que se había pedido para elaborar el proyecto de reglamentación y ahora “tendremos que analizar el proyecto de resolución en el Directorio para proponerlo al Ejecutivo. No comparten mi criterio y en el informe no surge mucho más que eso. El área legal de la caja está elaborando otro modelo de reglamentación, que deberá tener tratamiento del Directorio. Por lo que ya surge del informe que me entregaron el día 23, no están aprobando los puntos relevantes de mi proyecto, que plantea respetar el 82% en función del último cargo que ha tenido el jubilado al momento de obtener el beneficio. Va a depender del proyecto de decreto cuáles serán los lineamientos para actualizar las futuras movilidades, porque esto es de aplicación inminente y no se tiene mucho tiempo para esperar una definición sobre este tema”, concluyó Dietrich.
