Lo afirmó Gustavo Lapa, uno de los empleados del IPV que decidieron recurrir al Fiscal de Estado para pedir intervención, ante la firma de convenios con la modalidad de ahorro previo, en las urbanizaciones Cabo de Mar de Río Grande y el sector 3 del Río Pipo de Ushuaia. Calificaron de “indiscriminada” la entrega de tierras y cuestionaron que no se esté respetando el listado de inscriptos. “Están embargando los recursos del IPV para un futuro incierto, porque no se sabe dónde les va a tocar la tierra y si les va a tocar”, dijo.
Río Grande.- El empleado del IPV Gustavo Lapa dio detalles por Radio Nacional Ushuaia de la denuncia presentada ante el Fiscal de Estado, para que tome intervención ante la operatoria de ahorro previo que se está llevando adelante, a través de convenios con gremios y asociaciones.
“Luego de reunir documentación vimos varias irregularidades. En un principio lo planteamos dentro del IPV pero no fuimos escuchados. Básicamente lo que denunciamos es la firma de convenios en forma indiscriminada con distintos gremios y asociaciones, con la figura del ahorro previo. Esto no tiene ningún sustento legal ni técnico. Estos convenios se arman en el área social y pasan a presidencia, sin pasar por el área legal ni de administración. Están haciendo un IPV paralelo y lo único que logran es generar en la gente una esperanza falsa de que van a tener una solución habitacional”, aseguró.
“Han generado un ahorro previo, aduciendo que tienen lugares en el sector 3 del Río Pipo de Ushuaia y en Cabo de Mar en Río Grande. En el caso de Cabo de Mar, ni siquiera está aprobado el estudio de impacto ambiental, y está muy lejos el IPV de presentar un proyecto de urbanización en ese lugar. En el caso del sector 3 del Río Pipo, están ofreciendo terrenos a la gente. Ese sector se viene diseñando desde hace tres años desde el área técnica y contempla construcción de viviendas colectivas, viviendas en dúplex, equipamiento comunitario. En ningún caso se trata de terrenos solamente para entregarle a la gente”, sostuvo.
“Hay un porcentaje de avance de obra y no está prevista la entrega de terrenos para autoconstrucción”, reiteró, y consideró que con esta operatoria “están pasando por alto el trabajo de cuatro años del área técnica del IPV. Los convenios los ve el sector de administración cuando ya los firmó el presidente”, advirtió, al tiempo que cuestionó que no se respete el listado de inscriptos: “La demanda general del IPV tiene más de 5.000 inscriptos, que están pendientes desde 2004. Todo este tipo de convenio deja de lado la demanda general y a las personas que se inscribieron hace tiempo como corresponde”, aseveró.
Entre los convenios firmados hay “enfermeros, médicos, gremios, asociaciones sin fines de lucro. Hay todo tipo de asociaciones y gremios. Esto es distinto del caso de ATE, que tenía previsto el lugar para las 128 viviendas. Acá no hay nada previsto para esta situación. Viene gente todos los días, agrupada en asociaciones, a anotarse para ser beneficiario y empezar a pagar este ahorro previo. Ahora están viniendo policías y son 800 en toda la provincia. Se les abre una cuenta, esto va a un plazo fijo, y están embargando los recursos del IPV para un futuro incierto, porque no se sabe dónde les va a tocar la tierra y si les va a tocar”, expresó.
“Están terminando la gestión y no pueden embargar recursos del IPV a futuro. Paralelamente nos están negando una recomposición de sueldos y aducen que están sobre el fin del mandato, pero esto no pasa por un reclamo salarial, sino que pasa porque nos están vaciando la fuente de trabajo”, sentenció.
Los trabajadores realizaron un nuevo pedido de informes interno sobre los últimos convenios que se están haciendo con asociaciones y hasta la semana pasada no habían tenido respuesta. El viernes presentaron “un pronto despacho y seguramente tendremos que presentar un amparo por mora, porque no nos dan la información. De todas maneras tenemos suficiente documentación, que es la que presentamos el jueves en la Fiscalía de Estado, y esperamos que intervenga e investigue esta situación, porque hay un IPV paralelo que solamente se maneja con el área social y con presidencia. No podemos dejar que nos fundan el IPV en el poco tiempo que queda”, concluyó.
