La pobreza saltó al 35,4% durante el primer semestre de 2019, con lo que ya afecta a casi 16 millones de personas, siendo la cifra más alta de la era Macri, informó este lunes el INDEC. El índice registró una suba de 3,4 puntos porcentuales frente a segundo semestre de 2018 (32%), y un incremento de 8,1 puntos porcentuales con relación a igual semestre de un año antes.
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La gobernadora Rosana Bertone, junto al ministro de Educación, Diego Romero, al secretario de Gestión de Recursos Humanos, Martín Solá, y la secretaria de Relaciones Internacionales, Cecilia Fiocchi, hicieron entrega de uniformes al personal de Obras, Maestranza y Servicios de las instituciones educativas de Río Grande y Tolhuin.
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El Ministerio de Desarrollo Social realizó la presentación de Registro Único Nominal, en un acto que fue presidido por la titular de dicha cartera provincial, Paula Gargiulo, quien estuvo acompañada por integrantes de su equipo de gestión, además de representantes del área a nivel nacional, de la UNICEF y de la Asociación Civil “Faros”.
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La representante de las empleadas domésticas, Dora Beatriz Sánchez, confirmó que el sector no está incluido entre aquellos que percibirán el bono de 5 mil pesos dispuesto por el Gobierno nacional. Advirtió que se trata de un beneficio “que no está dirigido a los sectores más vulnerables, quedamos excluidas de todo”, indicó. También volvió a referirse a la necesidad y los beneficios que tiene registrar a las empleadas de casas particulares.
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El establecimiento educativo Soberanía Nacional, ubicado sobre avenida Prefectura Naval de Chacra II, fue evacuado en horas de la mañana de ayer, debido a un problema en la zona de las calderas. Horas después emitieron un comunicado desde el Ministerio de Educación, en el cual aseguraron que se estaba trabajando en la reparación del lugar y confirmaron que no existe presencia de monóxido, como tampoco de dióxido de carbono.
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La legisladora electa y Secretaria de Derechos Humanos calificó de “aberrante” el proyecto ingresado por la legisladora Cristina Boyadjián, porque “normaliza la violación” y pretende que, a cambio de dinero y vivienda, una mujer lleve a término el embarazo. Recordó que desde 1920 es legal la interrupción del embarazo en caso de violaciones, por lo que resulta anacrónica la propuesta de la mopofista. También advirtió que podría haber “sanciones internacionales”, de sancionarse la ley, por incumplir no sólo con leyes nacionales y la Constitución, sino con compromisos asumidos por Argentina ante el mundo.
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