Así fue resuelto por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para hacer una distribución efectiva de la ayuda destinada a los sectores más vulnerables.
Buenos Aires.- Tras anunciar que el índice de pobreza en la Argentina es del 35,4%, el Gobierno decidió que la emergencia alimentaria se ejecutará cuando las provincias envíen sus programas de asistencia al Ministerio de Desarrollo Social para que se pueda hacer un mapeo de la distribución de las nuevas partidas aprobadas en el Congreso.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó a varios funcionarios del Gabinete nacional que la consultaron que “ya se vienen reforzando las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas alimentarias y aumentándolas escalonadamente”. Pero ratificó la decisión del presidente Mauricio Macri de no brindar una “ayuda extra” en función de los nuevos datos de pobreza que ayer se conocieron y que alcanzan a 15 millones de argentinos.
En tanto, el refuerzo de partidas para la emergencia alimentaria que se aprobó por ley en el Congreso hace 15 días sólo llegará una vez que las provincias remitan al Ministerio de Desarrollo Social un listado con la ejecución que hicieron en los últimos meses en función de los programas alimentarios. Es decir, que sólo cuando todas las provincias remitan esa información al gobierno nacional se podrá hacer un mapeo de los lugares donde mayores necesidades existen explicaron hoy a Infobae allegados a la ministra Stanley.
Se estima que de aquí a fin de año deberán reforzarse, según sostiene la ley de prórroga de la emergencia alimentaria, unos 10.000 millones de pesos para comedores escolares y merenderos. Esto es un 50% más del presupuesto global de la emergencia alimentaria que ahora regirá hasta el 2022.
“Estamos en pleno proceso de reglamentación de la ley”, dijo Stanley a su equipo de trabajo.
Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá las medidas de sustento social que tomó Macri después de las PASO. Esto es: el refuerzo en el abastecimiento de alimentos; la eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos; el ajuste al salario mínimo; el refuerzo de $1.000 por hijo durante los meses de septiembre y octubre a las familias de AUH; el aumento en más del 40% las becas de espacios de primera infancia, comedores y merenderos, un 40% las becas progresar, un aumento del seguro de desempleo y un bono de $5.000 a empleados estatales y un bono para privados.
