Se trata de Nélida Antúnez, quien estaría exigiendo la firma de un contrato a los asociados, que implica el pago de honorarios a una abogada de Río Grande, equivalente al 5% del monto total. El productor Rodolfo Van Olphen aseguró que este no es un requisito que haya solicitado ni el gobierno ni el IPV y, por ahora, decidió frenar las obras. Desde el Municipio de Tolhuin consideran ilegal esta medida.
Río Grande.- Uno de los propietarios de aserraderos en Tolhuin, Rodolfo Van Olphen, dio detalles sobre los nuevos inconvenientes surgidos en la operatoria de viviendas sociales de madera, por convenio entre el gobierno, el IPV y la Cámara de Madereros, a raíz de la decisión de la presidente de hacerles firmar un contrato y pagar honorarios a una abogada de Río Grande.
Por Radio Universidad 93.5, informó que “la semana pasada recién recibimos el anticipo financiero del 15%, cumplimentamos todos los trámites administrativos y los seguros de caución. Hay dos viviendas terminadas y las otras, según los madereros, tienen un avance del 40 y el 50%. Pero ahora tenemos un problema con la señora Nélida Antúnez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tolhuin, que está haciendo el seguimiento del contrato con una asesora letrada que nos cobra entre el 3,5 y el 5% del monto del contrato. Consideramos que es mucha plata y es algo innecesario. Desde la municipalidad nos han dicho que es ilegal, porque los fondos que nos están entregando son específicos para la construcción de las viviendas y no para pagar honorarios de letrados y demás”, dijo.
Explicó que “la Cámara actúa como nexo, el gobierno le remite los fondos y la Cámara los distribuye entre los distintos productores que están haciendo la construcción. Nosotros estamos de acuerdo en firmar un contrato tipo, certificado por escribano, si la Cámara necesita ese documento, pero no con el asesoramiento legal, que tiene otro costo. Estamos hablando de un monto por vivienda de 1.000 pesos por la firma de ese contrato, contra una suma de 75.000 pesos. Es un porcentaje bastante alto”.
“Es una abogada de Río Grande, nosotros consultamos cuál sería su función, más allá de la firma del contrato, y Antúnez no nos sabe responder. Queremos saber específicamente por qué le tenemos que pagar y qué va a realizar. Del total del contrato hablamos de 750.000 pesos de honorarios. El contrato es por poco más de 25 millones. Es casi una casa”, comparó.
Las dos viviendas terminadas todavía no fueron entregadas. “La gente del IPV ha venido a verlas, y vienen una vez por semana a certificar el avance de obras. Con este inconveniente que se suscita, yo he detenido el avance de obra, porque si no tengo el dinero para construir, tengo que gastar e invertir. Y si no tengo la certeza de que voy a tener los fondos en tiempo y forma para cumplir con mis obligaciones, no puedo avanzar”, expresó.
Aclaró que el contrato que plantea Antúnez “no lo están requiriendo ni desde el gobierno ni desde el IPV. Es una decisión unilateral de la presidente, que ni siquiera está acatando las decisiones de la comisión directiva y de los socios de la Cámara”, cuestionó.
“Somos ocho productores los que estamos haciendo la construcción de las viviendas, y hay convenios donde hay otros productores que no participan de la producción pero sí de la producción de los materiales y de su transporte. Estamos hablando de 150 familias”, dijo de las que dependen de esta operatoria.
“La intención de parte del gobierno y de los productores es que el proyecto llegue a su fin, pero esta persona se opone constantemente a cuestiones que benefician al sector”, lamentó.
Nuevos horizontes
Por otra parte, se le consultó sobre la fábrica de briquetas que se está instalando en la localidad y dijo que “es algo positivo y ojalá que ese proyecto ande bien. Hay otro aserradero que tiene un proyecto similar, para fabricar pelets de madera. Yo sigo con el aserradero, cortando madera para la exportación al continente y ahora estamos tratando de hacer una exportación a Chile”.
“Estamos en tratativas con el país vecino, porque no es fácil exportar tampoco. Es una provisión de materiales procesados en la planta industrial del aserradero en Chile, que iría a su planta de Santiago y una parte a China. La calidad de la madera está clasificada en normas internacionales y estamos mandando específicamente madera con un aprovechamiento superior al 63% de las piezas, que es lo mejor. Son maderas de 1,05 metros a 3,60 metros de largo, y de 2,5 por 10 cm a 5 por 30 cm de ancho. La lenga tiene como particularidad algunas fallas y el trabajo es bastante artesanal”, sostuvo.
“Como la exportación es dentro de Tierra del Fuego, es decir de la Tierra del Fuego argentina a la chilena, se envía madera verde y en Chile harían el reprocesado y el secado, con el calibrado para exportar”, apuntó.
Se le preguntó si Tolhuin cuenta con secaderos para agregar valor, en lugar de que ese proceso se haga en Chile. “Hay algunos secaderos, pero no para secar toda la producción. No es tan fácil exportar para llegar a Alemania o a China en forma directa, y la idea es empezar con Chile. La intención, al igual que con las viviendas, es poder subsanar esta crisis, ir reinvirtiendo para tecnificar los aserraderos, reprocesar la madera y agregarle valor, pero lleva mucha inversión. Falta tecnificación pero no es fácil porque vivimos en un país con muchos altibajos y las empresas forestales en el 90% se financian con la misma producción. La rentabilidad se invierte en maquinaria y en tecnología para mejorar la producción”, indicó.
Respecto de la posibilidad de que empresas extranjeras inviertan en tecnología y reciban a cambio la materia prima, consideró que “rescindir ganancias a empresas foráneas no es lo mejor que le podría pasar a la sociedad de Tierra del Fuego”.
Más integración
También destacó que para las próximas contrataciones que haga el IPV las viviendas “tienen que tener un 10% de madera, esto está saliendo en los pliegos, además de estas viviendas sociales que estamos haciendo. Es una idea que va más allá del apoyo a un sector, para promover la actividad. Es un sector que demanda mucha mano de obra y a medida que se hacen más procesos, se multiplica la mano de obra. Tiene mucho potencial en ese sentido”, afirmó.
Servicios necesarios
Asimismo, planteó la necesidad de contar con los servicios esenciales para poder producir y ser competitivos. “Nosotros pagamos la energía al valor industrial en Tierra del Fuego. En eso estamos igual que todos. Realmente en Tolhuin el mayor problema es que llegue la provisión de energía y de gas. Si yo quisiera instalar un aserradero en mi predio, no tengo servicio de gas natural y sería una complicación. Tendría que hacer primero una obra sobre la calle y después instalar el aserradero”, dijo.
El gobierno habló de una inversión de dos millones de dólares para extender una red de energía a la zona de producción de Tolhuin pero “hasta ahora no hay nada hecho. La obra física no está. Por supuesto sería importante, porque es fundamental para los aserraderos tener disponible la red de gas. Lo primero para hacer la transformación de la madera es el secado y para eso se necesita la provisión de gas”, subrayó.
Reforestación natural
Finalmente se le consultó sobre el cuidado del recurso, y si se está reforestando donde hay tala del bosque. “Los bosques en Tierra del Fuego, en base a la tasa de crecimiento, demandan 120 años en volver a crecer. Hay una masa de bosque que se utiliza, dentro de un plan nacional de bosques, donde hay un inventario de cuántos bosques están destinados a la producción. De eso se corta cierta cantidad de hectáreas, para que se pueda trabajar y en 120 años se pueda volver a trabajar en el mismo bosque. De esa tasa sobra cerca de un 40% de la superficie, es decir que trabajamos menos de lo que se podría. Se hace un estudio del bosque y no se necesita sembrar porque se dejan los renovales para que crezca de manera natural. El bosque se regenera de manera natural y vuelve a crecer, por eso no se reforesta en Tierra del Fuego”, concluyó.
