Los propietarios de la estancia Harberton dieron a conocer la presencia de un depósito de explosivos en sus tierras, que descubrieron por azar. Aseguraron que ni la empresa ni el gobierno dieron aviso de estas instalaciones, que consideran un peligro para la gente que transita por el lugar y el traslado del ganado. Además, afirman que la expropiación no terminó de concretarse por no haber realizado el pago correspondiente.
Río Grande.- Los propietarios de la estancia Harberton, Abby Goodall y su esposo Ricardo Lynch, denunciaron por Radio Nacional Ushuaia la presencia de un depósito de explosivos en tierras que serían parte de la estancia y no han sido expropiadas todavía, porque no se terminó con la tramitación.
“Esto se encuentra cerca del límite con la estancia Moat y nos enteramos por unos inquilinos que tenemos en la parte ganadera de la estancia, que dijeron que había algo raro ahí. Fuimos a ver y efectivamente es un polvorín, porque está todo cercado y hay carteles de explosivos”, dijo Abby Goodall.
Consultada sobre alguna información recibida o bien de la empresa Gancedo o bien del gobierno, para advertirles de una situación que requiere precauciones especiales sobre todo si transita ganado por la zona, dijo que no hubo ningún tipo de información de ninguna de las partes.
Ricardo Lynch precisó que se encuentra “a más de 10 kilómetros del casco, pero tener un polvorín dentro de la estancia implica una situación de peligro, máxime si no conocemos lo que hay en ese lugar y podemos andar por los alrededores. De cualquier manera eso debería ser notificado”.
Respecto de la posibilidad de comunicarse con el gobierno o la empresa, Abby Goodall sostuvo que “desde que inició la obra se cortó la comunicación. Antes habíamos tenido muchas reuniones con ministros y distintas personas, no con la empresa Gancedo pero sí con el gobierno; pero desde el momento en que se declaró de utilidad pública y se decidió expropiar las tierras, nunca más se volvieron a comunicar”.
La situación se encuentra judicializada y Lynch señaló que “cuando la expropiación se inició, recién después de diez meses de usurpación el juez finalmente les dio posesión de la tierra, pero hay muchas condiciones que no se han cumplido. Estamos ante una expropiación totalmente irregular, porque ocupan la tierra pero no han abonado la expropiación. Además el precio no es justo sino que está basado en una tasación de 2017, por lo cual no tiene ninguna relación a valores actuales”, planteó.
Apuntó que “la ruta ocupa 32 hectáreas de la estancia, son 32 kilómetros de extensión por 50 metros de ancho. La valuación la hizo un organismo nacional, que no ha tomado en consideración los valores de la zona, que son mucho más altos, y además esa tasación la hizo el gobierno en 2017, es decir que hay dos años de desfasaje”.
También dio a conocer que en el camino de ingreso a la estancia Harberton, muy utilizado por el turismo, se observa “un deterioro muy importante. No sabemos por qué motivo no se respetó la veda invernal, que tiene todo un significado y una base. Al trabajar en invierno se deterioró de forma muy importante, y más todavía en la primavera con los deshielos. En los últimos días la empresa hizo bastantes esfuerzos y estamos mucho mejor, pero ha sido muy complicado con camiones transitando todo el invierno y la primavera, y hace muchos años que no veía la ruta en tan mal estado”.
Estos trabajos son parte de la obra del Corredor del Beagle, que se encuentra muy avanzada en su tramo 2, en tierras de Estancia Harberton. Además de la denuncia por usurpación, a familia Goodall expuso ante la justicia que ha habido una “destrucción del bosque, robo de maderas y áridos”.
Existe un tramo donde se ha ensanchado considerablemente la ruta existente y se ha instalado un obrador de grandes dimensiones, a pesar de que los propietarios de la estancia sostienen que no se completó la expropiación y por lo tanto “la empresa estaría violando propiedad privada y operando fuera de la ley”.
“La denuncia es por los delitos de usurpación de la tierra sin orden judicial previa, por destrucción de partes del bosque, robo de madera y material de las canteras”, puntualizó Abby Goodall. “Como propietarios y como ciudadanos nos preocupan los delitos ambientales de tala indiscriminada del bosque en varias partes, que es una situación irremediable; y el futuro de los humedales y de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que puede no tener remedio si las obras continúan de esta manera”, indicó.
“Recién después de ratificar la querella penal, y luego de 10 meses de ocupación ilegal, llegó la notificación de la iniciación del juicio de expropiación, dándole la posesión a la empresa Gancedo. Pero esa resolución no está firme, ya que fue apelada”, señaló Goodall.
En cuanto a la denuncia de robo de maderas y áridos, se fundamenta en que la estancia es propietaria de los árboles que crecen en sus tierras, por lo que su remoción representaría un robo. Las canteras también serían propiedad de la estancia, pero la empresa las estaría utilizando “sin autorización ni pago alguno”.
“No solo hay un destrato, sino que de hecho nos han invadido ilegalmente”, dijo, recordando que desde hace años los turistas se trasladan para visitar las instalaciones del centenario establecimiento rural y el Museo de Historia Natural Acatushun, fundado por la bióloga Rae Natalie Prosser de Goodall, madre de Abby Goodall.
“Nosotros sabemos que no podemos cuestionar la utilidad pública decretada por el Poder Legislativo y que es ley, pero sí la forma en que se lleva a cabo la obra. En este sentido compartimos la opinión de expertos como el arqueólogo Ernesto Piana, que dice que el proyecto en sí no es malo, lo que sí es malo es como se lo está ejecutando”, concluyó.
