La legisladora del MPF y vicegobernadora electa reveló que el director del Laboratorio del Fin del Mundo tiene un contrato “hasta 2023” realizado por los mismos integrantes del Directorio. La situación habría sido observada por el Tribunal de Cuentas y se intentaría salvar con una modificación de la ley de creación del organismo, con efecto retroactivo. Cuestionó que con estos cambios propuestos por la gobernadora Bertone se intente sortear la intervención de los organismos de control. “Quieren modificar un inciso donde dice que el reglamento de compras y contrataciones debe tener previa intervención del Tribunal, además de ser controlado por el Ejecutivo. Esta es una sociedad anónima, pero no deja de tener capital mayoritario del estado y debe estar controlada como corresponde”, sentenció.
Río Grande.- La legisladora del MPF Mónica Urquiza, vicegobernadora electa, fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre las modificaciones que envió la gobernadora Bertone con tratamiento de urgencia, a la ley de creación del Laboratorio del Fin del Mundo.
Consideró que están motivadas en “las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, cuando elevó a la Legislatura en tratamiento de la cuenta general del ejercicio 2018. Además de las observaciones, se le da plazo a la auditoría interna para hacer una investigación sobre algunas diferencias que han observado. Esto está todavía dentro del ámbito del Tribunal y, cuando estábamos esperando los plazos, justo llega precisamente esta modificación, que pretende sortear esas observaciones. Eso está claro en el artículo quinto del proyecto, donde dice que las modificaciones son ampliaciones del proyecto original y por lo tanto retroactivas”, dijo.
Consultada acerca de si es posible legislar con retroactividad, indicó que “en los fundamentos, la gobernadora dice que se consultó a juristas nacionales de amplia trayectoria”, que estarían sosteniendo que esto es posible.
Respecto de la intención de quitar injerencia del Tribunal de Cuentas en el control del Laboratorio, precisó que “quieren modificar un inciso donde dice que el reglamento de compras y contrataciones debe tener previa intervención del Tribunal, además de ser controlado por el Ejecutivo. Esta es una sociedad anónima, pero no deja de tener capital mayoritario del estado y debe estar controlada como corresponde”, subrayó.
También cuestionó la intención de extender el plazo de mandato del directorio. “En este tema, como en otros, el gobierno actual se comporta como su hubiesen sido reelectos. No sabemos si pretenden tener perpetuidad en los cargos, pero por lo menos Carlos López está perpetuado por cuatro años más”, advirtió, revelando un contrato celebrado con los mismos integrantes del directorio hasta 2023: “Hay contratos que han suscripto los integrantes del directorio con el propio Laboratorio, y de hecho Carlos López tiene un contrato de locación de servicios por cinco años. Siendo presidente del directorio, lo contrataron para que sea gerente general del Laboratorio, por lo cual percibe 13 haberes anuales que se actualizan de acuerdo a los salarios del convenio colectivo de profesionales. Además, el Laboratorio se tiene que hacer cargo de las obligaciones impositivas y, como parte de la retribución, le tiene que brindar un plan de salud tipo OSDE 410 para él y su grupo familiar directo”, detalló.
Apuntó que “ese contrato comenzó a regir en abril de 2018 y se extiende hasta 2023. Hay una cláusula de rescisión, pero dentro de los 15 días hábiles hay que pagarle la totalidad de lo que reste del contrato. Es decir que, si se rescinde hoy, hay que pagar lo que correspondería hasta 2023”.
“El Tribunal de Cuentas está interviniendo en esto, y este contrato no debería tener ningún tipo de confidencialidad”, manifestó, ante los argumentos del Dr. López sobre la necesidad de preservar el secreto en las fórmulas de los medicamentos y los procesos de elaboración. “El Tribunal de Cuentas no audita las fórmulas sino las cuestiones contables y legales. Son dos cosas distintas”, enfatizó.
“El dinero lo pone el gobierno de la provincia, es decir que lo ponemos todos nosotros”, recordó, por lo cual a su criterio deben actuar los órganos de control del Estado. Asimismo, observó que los directores “se distribuyen porcentajes entre los tres integrantes, sobre la facturación en bruto. Todo esto, aparte del sueldo fijado por estatuto. Hoy son tres los directores, hay un gerente general, un gerente financiero y un gerente de negocios, y estamos tratando de averiguar quiénes son los otros gerentes. Para estos tres hay un premio de la facturación bruta, por su mayor responsabilidad”, dijo.
“En su momento nosotros acompañamos la ley de creación del Laboratorio. Una vez que comenzó a trabajar, solicitamos un pedido de informes que no fue respondido, y luego vimos los informes de la cuenta de inversión 2018 del Tribunal de Cuentas. Uno no está en desacuerdo con el objeto del Laboratorio, pero por supuesto que no estamos de acuerdo con este tipo de cosas”, manifestó, al tiempo que adelantó “un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para ver qué otras observaciones han realizado. Esto va más allá de si hacen los aportes a la caja o la obra social provincial. Están desviando la atención hacia ese tema, pero quieren seguir manejando el Laboratorio como si fuese una empresa de ellos, y es del Estado”, fustigó.
El primer paso ante la elevación de estas modificaciones será “quitarle el trámite de urgencia”, para que no quede aprobado de hecho a los 30 días. “Queremos quitarle el trámite de urgencia para poder tratarlo y que toda las autoridades involucrada vengan a la Legislatura a dar todas las explicaciones”, concluyó.
