El comisario (R) Orlando Pérez Garrido, ex Director de la Caja Policial, quien en las últimas horas fue indagado por la Justicia Provincial, respecto del delito de defraudación a la Administración Pública. Por otro lado, el comisario ® Dino Manetti, quien había sido denunciado por otras posibles irregularidades y de manera cruzada por el mismo Pérez Garrido, fue absuelto en esa causa ya que la Justicia, luego de varias pericias contables, se determinó que no existía delito alguno y pasó a archivo.
Río Grande.- Así lo confirmó el Comisario General (R) Dino Manetti, en declaraciones a Tarde pero Seguro, quien explicó que la idea es llevar claridad al personal que integra las filas de la Policía de la Provincia, debido a que hubo denuncias cruzadas entre los ex directores de la Caja de Previsión de la Policía Provincial, que además, en la actualidad están no están en funciones. De hecho, actualmente y tal como lo indicó el decreto 3553 de la gobernadora Rosana Bertone, designó al comisario ® Jorge Orlando Escalada como presidente de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex – Territorio.
Ahora bien, Manetti indicó que, “Nos remontamos a una denuncia de uno de los directores de la Caja Previsional contra el Directorio -Orlando Pérez Garrido- que yo integre junto con el comisario Piccone, Piccó y Díaz Miranda. A esa denuncia, la Justicia determinó que no existía delito alguno pese a pericias contables por parte del juzgado. De este modo, se archivó la causa”.
Por otro lado, “Hubo una segunda denuncia, y ya hay una persona indagada”, se trata de “el comisario Orlando Pérez Garrido, respecto al delito de defraudación a la administración pública. Lo más notable es que al mes que radique la denuncia, el Tribunal de Cuentas determinó que había un perjuicio al Estado. Entre las personas que conformaban el Directorio, estaban Pérez Garrido y Merialdo quienes debían abonar una suma determinada de pesos y para devolver los fondos. Era más de un millón de pesos, y eso se tuvo que devolver en principio”, detalló el comisario retirado.
La justicia ahora posee un plazo determinado para resolver la situación procesal de Orlando Pérez Garrido, uno de los ex directores de la Caja.
El Tribunal de Cuentas pidió que se devuelvan a la Caja más 1 millón 600 mil pesos
En febrero de este año, el Tribunal de Cuentas de la provincia resolvió ordenar al área Legal y Técnica de Gobierno a iniciar acciones civiles contra una parte del anterior directorio de la Caja Policial. Es por un aumento salarial mal concedido al personal del ente con los fondos previsionales de los policías, el cual luego se retrotajo.
A partir de esto se buscaba el recupero de más de 1 millón 600 mil pesos por parte de dos ex directores, el abogado y el contador del ente.
El año pasado esta situación irregular fue denunciada por parte de los integrantes del directorio de la Caja Policial; el comisario Contreras y los suboficiales Barrios y Meriles; quienes deslindaron responsabilidades en relación a un aumento concedido a finales del 2017.
Por orden de la presidencia del ente, por ese entonces a cargo del comisario retirado Orlando Pérez Garrido, se dio un aumento salarial desproporcionado a la planta de personal del ente previsional, el cual fue cobrado por los meses de diciembre de ese año, enero y febrero del 2018, hasta que fue derogado.
Los denunciantes expusieron ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia que se erogaron fondos previsionales en estos gastos salariales indebidos, por lo que reclamaron que se cuantificara el perjuicio fiscal y se recuperara.
Finalmente el Tribunal de Cuentas resolvió y emitió un dictamen en el cual recomendó al Gobierno Provincial iniciar acciones judiciales en la faz civil contra parte del anterior directorio de la Caja.
En este sentido se reclama ahora que dos ex directores, el ex presidente el comisario retirado Orlando Pérez Garrido, el ex vicepresidente comisario retirado Marcelo Merialdo; el contador de la Casa José Antonio Chávez y el abogado de la misma, el Dr. Juan Manuel Troitiño; devuelvan esos importes salariales mal concedidos, calculados en un monto total de $1.626.522,89.
Los cuatro son considerados solidariamente responsables en devolver de su peculio el perjuicio fiscal ocasionado a la Caja, a pesar de tener un dictamen en contra de la auditoría interna, y, en el caso del contador y el abogado, ser moralmente reprochable dado que avalaban un aumento que los alcanzaba a ellos mismos.
