El contador Roberto Daniels, ex subsecretario de Hacienda en la gestión Colazo, opinó sobre la dificultad para elaborar un proyecto de presupuesto en esta coyuntura y consideró el reconducido como un fracaso de la política. Además analizó la poca importancia que históricamente se le da a la cuenta general de ejercicio, el rol del Tribunal de Cuentas y la conveniencia o no de mantener caragos vitalicios. También se pronunció sobre la ley de goteo, que estuvo vigente cuando formó parte de la gestión pública, y la figura de la sociedad del estado que se quiere implementar en Río Grande.
Río Grande.- El contador Roberto Daniels, ex subsecretario de Hacienda en el período 2004-2005, durante la gestión Colazo, visitó los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) para referirse a distintos temas económicos, y particularmente al presupuesto y control de gestión.
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Expuso que “el sector público se compone de muchos estamentos, de tres poderes diferentes, de organismos descentralizados, caja de previsión, obra social, y es complicado de entender el presupuesto, porque estas interacciones de organismos suman complejidad. Uno de los principios básicos es que uno tenga un equilibrio entre lo que va a ingresar y lo que va a gastar. Dependemos de la coparticipación federal en gran medida y, en el contexto económico en que estamos, predecir lo que va a pasar en 2020 es muy difícil. Ya hemos visto en los últimos diez presupuestos de la Argentina que no le han embocado a ninguna de las variables más importantes, ni cuánto iba a ser la inflación ni cuánto iba a ser el déficit. A veces no se pueden predecir por una cuestión de incertidumbre, o a veces no las quieren sincerar. Se sabe que la inflación va a ser del 55%, pero si se pone ese porcentaje, ya genera una expectativa que termina incendiando más el tema inflacionario. Se pone el 40% para terminar en el 55% y todas las previsiones que se hayan hecho terminan siendo erradas”, señaló.
Agregó que “a Tierra del Fuego se le suma una complejidad adicional, porque presenta su presupuesto el 31 de agosto y el Poder Ejecutivo Nacional lo presenta un mes más tarde. El gobierno provincial no cuenta con una estimación nacional de cuánto va a ser la recaudación. Como el presupuesto de la provincia se presenta primero, los municipios pueden tomar ese proyecto presentado para calcular su propia coparticipación”.
Le dio un valor especial a la cuenta de ejercicio que “ha sido ninguneada” pese a que “es una rendición de lo que ya pasó y cuánto se gastó realmente. Si el contexto fuera más estable, comparar el presupuesto con la cuenta de ejercicio permitiría saber si se está acertando en las estimaciones, pero en este contexto se distorsiona muy rápido la información. Para mí la cuenta de ejercicio es más importante que el presupuesto, para evaluar la gestión de un gobierno, y es la que realmente va a decir si se recaudó lo que se había estimado”, dijo.
“Históricamente la cuenta general de ejercicio se ha ninguneado. Durante muchísimos años el Tribunal de Cuentas se abstuvo de opinar porque decía que no tenía herramientas para hacerlo. Hoy no creo que sea mucho mejor la situación y en realidad hay que poner toda la energía en la cuenta general de ejercicio. El Tribunal de Cuentas debe tener la obligación de opinar y no tendría que tener la posibilidad de abstenerse, porque existe para eso, para efectuar el control. Si necesita más tiempo, tendrá que pedir prórroga, aunque también la Constitución le pone un plazo relativamente corto, entre que el Ejecutivo presenta la cuenta de inversión y el Tribunal emite su opinión, hay un plazo solamente de un mes. Habría que plantear una alternativa de prórroga o algún otro mecanismo, que no contemple más la posibilidad de abstenerse, porque es lo mismo que decir que el Ejecutivo no puede rendir cuentas de lo que hizo”, manifestó.
Se le preguntó si cree que se mete la política en medio para no darle importancia a la cuenta de inversión. “Sin duda que la política se mete. Yo creo que los Tribunales de Cuentas no van a poder ser nunca un ente independiente, y hay que trabajar para que sean lo más independientes posible. Los cargos son vitalicios en la provincia y en el municipio duran cuatro años, cruzados por las elecciones. No sé si es mejor o peor, a mí me gusta más el esquema municipal, porque la persona que no tenga capacidad para el cargo se puede renovar, pero la política se puede mezclar un poco más, porque cada cuatro años se está replanteando quiénes van a auditar al Ejecutivo, dependiendo de cómo fueron las últimas elecciones”, observó.
“Yo creo que el Tribunal de Cuentas tendría que tener más posibilidades de maniobra, porque si no, termina siendo simplemente un revisor anecdótico, que puede decir que no le gusta cómo se hizo tal licitación pero queda en la nada. Tiene que tener la facultad de iniciar acciones contra funcionarios si cree que lo que se hizo no es correcto; si no, la función pasa a ser totalmente neutra”, sostuvo.
“Esto pasa con muchos roles y alguna gente cuestiona si el Poder Judicial debería tener roles vitalicios. Esto tiene ventajas y desventajas. Si uno le quita el carácter vitalicio, lo somete más a la política. Si uno mantiene el carácter vitalicio, atenta contra la excelencia del organismo, porque se puede achanchar tranquilamente y no va a pasar nada. Además, si uno va a renovar los cargos en el Tribunal de Cuentas, la cuestión está en quién los va a elegir, porque si controla alguien del mismo color político de quien ejerce el Ejecutivo no va a aportar absolutamente nada. Es simplemente un pasapapeles”, consideró.
Sin proyecto para debatir
En la coyuntura actual se ha rechazado el presupuesto del gobierno saliente y el entrante no puede elaborar uno propio, por falta de información según se argumenta. “Para mí un presupuesto reconducido es un fracaso de la política”, sentenció, ante el derrotero que tendrá el traspaso de mando.
“El presupuesto es plasmar en números lo que queremos que se haga el año siguiente. Reconducir un reconducido es decir que vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo, que no tenemos ninguna idea nueva y no vamos a cambiar nada. Para mí es un fracaso de quienes tienen que ponerse de acuerdo en qué queremos que haga un gobierno”, reiteró.
Ley de goteo
Consultado sobre la ley de goteo, que estuvo vigente mientras fue funcionario, dijo que no debería ser materia de discusión porque “la ley de goteo es lo más natural. Cualquier persona tendría que estar de acuerdo, porque se está transfiriendo directamente lo que corresponde al municipio. Lo que puede ocurrir es que la provincia utilice parte de esos fondos para financiarse y esto es una conjetura; pero vemos que cuando el gobierno no utiliza la ley de goteo, se financia con esos fondos durante todo el tiempo que pueda bicicletear a los municipios. Lo ideal es que hubiera una ley de goteo automática, porque no debería pasar por la cabeza de la gente que los municipios no reciban su coparticipación en el momento que la recibe la provincia”.
“Durante una parte de la gestión Colazo estuvo el goteo automático y un porcentaje bastante alto de lo que correspondía a los municipios se goteaba automáticamente. No el ciento por ciento, porque siempre hay algunos ajustes o algunas deudas por préstamos en ese momento, y esto requería que al menos una vez por mes se hiciera un cierre y se calculara un saldo, pero se goteaba un porcentaje muy significativo. Por lo menos la parte más grande de la coparticipación se recibía el mismo día que la provincia. Para los municipios es lo mejor que le puede pasar y a nadie le interesa estar todos los días llamando por teléfono para ver cuándo le van a pagar lo que les corresponde”, indicó.
Municipios ricos, provincia pobre
Respecto del debate entre municipios ricos y provincia pobre, recordó que “en el momento en que se estableció el porcentaje para los municipios la realidad era otra. Luego la provincia recibió de la nación toda la carga de servicios de salud, educación, cuando se transfirieron las escuelas. Esto hizo que el nivel de gastos de la provincia aumente y el reparto con los municipios siguió constante. Es cierto que los municipios de Tierra del Fuego son más fáciles de manejar financieramente que la provincia y tienen más posibilidades de hacer obras. A la provincia le cuesta mucho más, básicamente porque tiene una carga salarial muy grande, por los servicios que presta en salud, educación, seguridad. Prácticamente todo lo que presta son sueldos. Ante cualquier mínimo cambio, como por ejemplo una paritaria con los empleados, las finanzas de la provincia sufren mucho. Si se aumenta el 20% a los empleados de la provincia, pega muy fuerte en el presupuesto; en la municipalidad no es tanto y por eso tienen otros márgenes”, contrastó.
Interconectado posible
Por otra parte, ante el adelanto del senador Pablo Blanco de plantear una tarifa diferencial como tuvo Santa Cruz para Tierra del Fuego, indicó que “el 6×1000 de Santa Cruz tenía claramente la intención de interconectar la provincia, pero el objetivo era llegar con la red eléctrica hasta las represas del Río Santa Cruz, donde la provincia quería generar energía para poder venderla al país. Para nosotros el interconectado sería más complicado y el primer paso sería el interconectado provincial. A veces invertimos en gasoductos para llegar a Ushuaia y después el 50% del gasoducto se lo come la usina eléctrica. Sería más fácil ir con un tendido de alta tensión y dejar el gas para la gente que lo necesita. En boca de pozo se podría producir a un costo lo más bajo posible. Son planes que hay que plantear para el mediano plazo, porque cualquier proyecto de interconectado no se va a resolver en dos o tres años”, admitió.
“La que tiene que gestionar es la provincia y a principios de siglo ya se hablaba de este interconectado. Si llegamos al Cerro Castor con la línea de alta tensión, podemos seguir un poco más, no es imposible”, aseguró.
Sociedad del Estado
Finalmente se le pidió opinión sobre el proyecto de creación de una sociedad del estado en Río Grande para la prestación de servicios. “Creo que son herramientas que generalmente cuando son nuevas funcionan perfecto y cuando va a pasando el tiempo puede ser que dejen de funcionar. Todos nos acordamos de YPF a principios de los ’90. Como toda herramienta, va a andar perfecto si el que la maneja la sabe usar. Va a depender mucho de cómo se controle y en principio creo que los resultados van a ser siempre buenos. Es muy difícil que una sociedad del estado que recién arranca tenga grandes vicios o el clásico acomodo de la planta política y los punteros que va generando el transcurso del tiempo. Probablemente dentro de 20 ó 30 años no sea una cosa tan maravillosa. No parece descabellado que preste un servicio monopólico, porque de igual manera el servicio monopólico lo terminaría pagando a través de subsidios. Si nace, probablemente sea por una cuestión de costos, porque hoy no se queja nadie del servicio de colectivos ni de la recolección de basura. Son servicios que el municipio ha resuelto, pero tal vez la intención es buscar una alternativa de un costo menor o tener una alternativa para otras acciones”, barajó.
“Cuando empiece a competir con actividades que no son monopolios probablemente le cueste mucho más, no lo hará al mismo costo o lo hará a un costo subsidiado, como ha pasado en muchas oportunidades”, concluyó el contador.
