La directora Elisa Dietrich cuestionó la demora del Tribunal de Cuentas en dictaminar sobre reclamos que viene realizando desde hace tres años, y determinar el destino de los recursos extraordinarios creados por la ley de emergencia previsional. Dijo que hay un informe parcial, donde un auditor confirma que parte de las utilidades del banco Tierra del Fuego que debían ir a la caja se utilizaron para la compra de la usina de la DPE. También hay 75 millones girados a la obra social de utilidades bancarias cuando nunca se declaró en emergencia. A la caja solamente ingresaron los aportes corrientes del Ejecutivo y los descuentos por el llamado “aporte solidario” de activos y pasivos. Además el órgano de control detectó que los 260 millones de pesos del acuerdo con ANSES por la reforma previsional se usaron para el pago de aportes y contribuciones corrientes, y calificó de “ilegal” que se sustituyeran con un fondo de carácter extraordinario. Cargó contra la dilación del Tribunal para tomar una definición concreta, como también contra la inacción del Fiscal de Estado y la Legislatura, que fueron informados de todos sus pedidos. El presupuesto plurianual, bajo esta óptica, marcaría un déficit mentiroso, al contabilizar gastos pero no ingresos pendientes.
Río Grande.- La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich puso en duda el déficit dado a conocer en el presupuesto plurianual que votó el Directorio, aunque en su caso no acompañó, porque estaría sobreestimado en función de que no se están contabilizando ingresos pendientes, sino solamente incremento del gasto.
Según el directorio el déficit acumulado entre 2020 y 2022 llegará a los 2.700 millones y “es una cifra alarmante”, concedió tras la repercusión que tuvo. “Yo no aprobé ese proyecto ni tampoco el presupuesto de este año. Ya cuando se elaboró el proyecto de presupuesto 2020 surgía un déficit bastante interesante, y a mi juicio hay un recurso que no está considerado dentro de lo que debe formar parte del financiamiento del sistema. De reclamar esos recursos, el déficit sería absolutamente distinto”, afirmó por Radio Provincia.
“Yo no puedo poner en duda el trabajo que están haciendo las áreas técnicas, de donde surge esta situación. Hay un incremento del gasto que fue estimado por los cambios que se hicieron en la ley, con la movilidad jubilatoria y el beneficio al sector docente. Muchos iban a jubilarse por el sistema ordinario con la ley anterior y no por el sistema docente. Ahora varios trabajadores docentes podrán acceder antes al beneficio y esto genera un incremento del gasto”, explicó.
Pero puso el eje en que “se habla mucho del gasto, y no se ha tomado conciencia ni responsabilidad de lo que pasa con los recursos. El sistema previsional fue declarado en emergencia desde 2016 y la ley de emergencia preveía un montón de recursos de carácter extraordinario para fortalecer el sistema. Se sabía que el incremento de los nuevos beneficios jubilatorios iba a ser importante en estos años, a pesar de que se extendieron los años de aportes y se aumentó la edad jubilatoria. El foco debería estar en saber qué pasó con los recursos del financiamiento extraordinario. Yo vengo pidiendo al Tribunal de Cuentas que se expida respecto de esto, tanto sobre las utilidades del BTF, la devolución de la detracción del 15% de ANSES. Hay varios recursos que fueron utilizados por el Poder Ejecutivo para financiarse a sí mismo y pagar aportes corrientes. Eso merece ser analizado”, subrayó.
“Hay otro recurso que no está contemplado en este presupuesto plurianual, que tiene que ver con el pago de la deuda histórica de 208 millones de dólares. En la cláusula transitoria 34 de la ley de emergencia 1068 dice que, hasta tanto comenzara a ingresar el producido de fideicomiso para la construcción de viviendas sociales, el Poder Ejecutivo tiene obligación de continuar pagando las cuotas del decreto 761. En el ejercicio 2019 ese recurso no ingresó y tampoco está previsto que ingrese en el 2020. La caja entiende que esos recursos no son exigibles y eso generó posiciones absolutamente contrarias entre el presidente y yo. Por lo tanto yo no acompañé ni el presupuesto 2020 ni este plurianual. Al no tener claro a la fecha los recursos que debieron haber ingresado, no se puede preparar un presupuesto de gastos si no se tiene claro qué pasó con los recursos”, planteó.
“Esta es la parte más importante para debatir del presupuesto de la caja, y saber qué pasó con los recursos de la ley de emergencia. Los únicos que claramente ingresaron al sistema previsional fueron los que le sacaron de los bolsillos a los trabajadores y jubilados con el llamado aporte solidario”, sostuvo.
Informe contradictorio
Respecto de los reclamos que viene haciendo al Tribunal de Cuentas para que emita opinión sobre este tema, dijo que “los primeros días de octubre me mandó un informe y por un lado me dice que las utilidades del BTF el Ejecutivo las utilizó para el pago de deudas a la caja, cuando en realidad no está destinado al pago de deudas. Tampoco dicen a qué deuda se refieren. Después en el mismo informe surge que hay más de 75 millones de pesos de las utilidades del BTF que fueron giradas a la obra social, cuando la obra social no estuvo nunca en emergencia. Esas utilidades no pudieron haber sido giradas a otro organismo fuera del que está enmarcado en la ley de emergencia, que es la caja de previsión”, enfatizó.
“También en el marco del análisis del presupuesto 2018, un auditor comprueba que parte de los recursos de las utilidades del BTF fueron destinadas a la compra de una usina para la DPE. No está claro qué pasó con esos recursos y a mí me queda la obligación de seguir reclamando al Tribunal de Cuentas que se expida, cumpliendo con sus obligaciones y con la claridad con que debe expedirse. No puede contestarme livianamente que los recursos que eran para la caja se utilizaron para el pago de deuda sin decir qué deuda, qué plata, en qué fecha y con qué respaldo legal se hizo. Esto no es una cuestión de fe ni de opinión, y el Tribunal de Cuentas tiene obligación de expedirse en el marco de la claridad y la transparencia que exige el control del erario público. La caja va para cuatro años de emergencia previsional, con un financiamiento extraordinario y al día de hoy no podemos saber qué pasó exactamente con esos recursos extraordinarios”, criticó.
Déficit mentiroso
De tomarse en cuenta los recursos, otra sería la diferencia entre el debe y el haber, pero no estaría ocurriendo: “Si el aumento de gastos es de un millón, dos millones o diez, eso es cuestión de gastos. La proyección puede estar bien o mal hecha, pero estamos hablando de un presupuesto que no tiene en cuenta los recursos extraordinarios creados en el marco de la ley de emergencia previsional y tenemos un Tribunal de Cuentas que no da información precisa del destino que tuvieron esos recursos. Nos encontramos con que el presidente de la caja no reclama recursos que debe abonar en forma obligatoria el Ejecutivo, como está previsto en la ley de emergencia respecto del Fideicomiso de viviendas, por el solo hecho de que hasta la fecha el producido de ese Fideicomiso no está ingresando y por lo tanto la obligación sigue vigente”, afirmó.
Apuntó que “cuando salió la ley 1210, que sumó modificaciones al sistema previsional, se incorporó esto como un recurso, sin embargo el Tribunal de Cuentas ante mi consulta lo único que me informa es que va a hacer una investigación de este tema. Así va a esperar a que se termine el mandato y no sé qué va a pasar con las autoridades entrantes, porque no hay manifestado ningún interés en una investigación real respecto de los recursos de la caja”, dijo.
“En la provincia generalmente el Tribunal de Cuentas no controla los recursos sino los gastos. El problema está en la falta de control sobre los recursos. En este presupuesto plurianual hay una estimación de gastos pero no están todos los recursos, además cae la ley de emergencia y los recursos extraordinarios que se crearon. No se ha discutido en la Legislatura si se va a prever otra fuente de financiamiento, y esperamos que no vuelvan a meterle mano a los bolsillos de los trabajadores y los jubilados. De los recursos de gran impacto financiero que se crearon en la ley de emergencia no se habla, están en una nebulosa y no hay forma de establecer cuánto de esos fondos efectivamente fueron destinados a fortalecer al sistema previsional. Lo que ingresó, fue para sustituir la obligación de pago de aportes y contribuciones ordinarias, no para pagos extraordinarios, y la ley de emergencia no se aprobó para que el Ejecutivo tuviera una fuente de financiamiento para pagar sus obligaciones previsionales, que es lo que viene aconteciendo”, fustigó.
“Lo más escandaloso son las utilidades del BTF, porque el Tribunal de Cuentas dice una cosa y se desdice en el mismo informe, y hay otra área del organismo de control donde detectan gastos fuera del marco de la ley”, remarcó.
“La cuestión no pasa solamente por la proyección de los gastos, que obviamente van a ir creciendo porque se van otorgando nuevas jubilaciones, sino ver qué hizo el Ejecutivo con los recursos extraordinarios que se previeron para fortalecer el sistema previsional, no para financiar obligaciones corrientes del Ejecutivo. Lo más grave es que tenemos un organismo de control que no cumple con su obligación institucional de velar por el erario público”.
¿Más fondos desviados?
En otro tramo, Dietrich indicó que viene haciendo pedidos de informe “desde hace tres años para saber adónde fue a parar cada peso de la ley de emergencia” y ya se pudo corroborar que “los 260 millones de pesos del acuerdo con ANSES por la reforma previsional el Ejecutivo los utilizó para el pago de aportes y contribuciones, y esto lo dice el Tribunal de Cuentas. De nunca manera el Ejecutivo puede sustituir con un fondo de carácter extraordinario las obligaciones corrientes, donde hay aportes personales que son descontados a los trabajadores del Estado. Es totalmente ilegal y sin embargo el Tribunal de Cuentas sigue dando vueltas como en la ruedita del hámster, sin dar un dictamen claro donde diga si está bien o mal”, disparó.
Silencio de radio
Además del Tribunal de Cuentas, Dietrich apuntó contra el silencio del Fiscal de Estado y de la Legislatura, que están informados de cada una de estas situaciones. “Para mí es agotador porque cada vez que hago un pedido al Tribunal, hago lo propio con el Fiscal de Estado y con cada uno de los bloques legislativos y la presidencia de la Legislatura. Dado que el Tribunal de Cuentas no toma este tema con la importancia y la gravedad que tiene, por lo menos el Fiscal de Estado o la Legislatura deberían tomar cartas en el asunto y pedirle al Tribunal de Cuentas que determine esto”.
“Yo estoy pidiendo concretamente al Tribunal que diga cuánta plata entró, en qué se gastó y si queda algún saldo que la caja pueda reclamar, en el marco de la ley de emergencia, pero evade absolutamente la respuesta. Me indigna la poca importancia que se le da al recurso, y solamente se habla del gasto. No se toma en cuenta el financiamiento ni la importancia de la ley de emergencia. Al día de hoy muchos jubilados están pagando el 5% extra de sus obligaciones y aportes personales, sin tener un aumento en cuatro años, porque el único aumento fue el 23%. Obviamente el escaso incremento salarial que se dio, reduce los ingresos. Más que alarmarnos por el déficit, además sería interesante que alguien tome en serio por qué se produce y qué pasa con los recursos que debieran ingresar y no ingresaron para fortalecer el sistema previsional. El sistema va a estar en crisis siempre, si no se cuida que entre cada centavo que debe ingresar”, concluyó.
