La fecha de la resolución homologatoria es del 29 de noviembre y se emitió el mismo día de la presentación. Fue objetado el aporte del 1,9% del bruto de los trabajadores no afiliados, por considerar que viola “el principio de libertad sindical negativa”, que es el derecho a no afiliarse, explicó el ministro. Hoy se publica en el Boletín Oficial y la entrada en vigencia es inmediata.
Río Grande.- El ministro de Gobierno José Luís Álvarez confirmó ayer por FM La Isla la homologación del convenio colectivo de trabajo de los estatales el mismo día en que fue presentado, mediante la resolución 217/19 dictada el 29 de noviembre. A partir de la publicación en el boletín oficial, va a tener plena vigencia y esto será a partir de hoy.
Consultado sobre los cuestionamientos de médicos que no fueron convocados y de otros sectores, dijo que “el ámbito de aplicación de este convenio es la administración central. Son las condiciones generales de todos los trabajadores, los ingresos, egresos, ascensos, concursos, regímenes disciplinarios, licencias. Está enmarcado en la ley provincial 113, que genera la facultad en el Ejecutivo y en los sindicatos con representación sindical de establecer las condiciones de trabajo”.
“Esto es en ámbito general. Las discusiones sectoriales referentes a Salud, Desarrollo Social o cualquier otra área específica, se tendrán que dar dentro del convenio para establecer las condiciones especiales que corresponden a esa actividad. Obviamente el sector Salud tiene un montón de situaciones que no están incluidas dentro de este convenio general”, manifestó.
“Lo que se aplica de este convenio son las condiciones que son iguales para todos, no las condiciones particulares. En las condiciones particulares, por ejemplo en el sector de Salud, se seguirán rigiendo por el decreto 2366, que es el que corresponde a ese sector, como escalafón húmedo. Ese decreto no se deroga. Las condiciones de ingreso, egreso, ascenso y descenso, que son iguales para todos, se aplican. Aparte, se vienen aplicando y hubo muy pocas modificaciones respecto de la ley 22140 y el decreto 3413 del ’79, que son de la década del ’80”, afirmó.
“Nosotros lo que dimos es primero una calidad institucional diferente, porque fueron normas de la dictadura. Teníamos una demora en la provincia en dejar atrás toda la normativa del gobierno de facto. Se tomó lo que ya estaba y que funcionaba, porque el régimen del empleado público de Tierra del Fuego es muy generoso respecto del resto del país. Fue muy difícil ampliar derechos porque hay muchos derechos reconocidos a los trabajadores públicos, y este convenio no puede ir en menos de lo que ya se había reconocido. Lo que se hizo fue garantizar los derechos que ya estaban adquiridos y ampliarlos un poco más”, sostuvo.
Respecto de la objetada estabilidad a los tres meses para pasar a planta permanente, indicó que “se tomó el criterio que se aplica en la ley de contrato de trabajo del ámbito privado, donde se prevén 90 días para lograr la estabilidad. A partir de ahí se genera la inamovilidad. Se tomó ese mismo parámetro porque no podemos ir en menos, sino que tenemos que establecer mejoras. Obviamente se tomó una normativa que era más beneficiosa y se utilizó ese criterio. Esto va a obligar a las próximas administraciones a tener una decisión mucho más clara respecto de quién queda y quién no queda en planta permanente. También se estableció un régimen de concursos y de ascensos por concurso”.
Por otra parte, Álvarez negó el pase de funcionarios a planta permanente. “Primero, no hay funcionarios que estén designados en planta permanente. Lo que hubo fueron vacancias que se produjeron por fallecimientos, jubilaciones y renuncias, y lugares para cubrir. Todos los años se producen aproximadamente 400 vacantes por año por estas tres razones. Estos cargos se fueron cubriendo a lo largo de los cuatro años, y no se incrementó la planta de personal, porque seguimos con la misma cantidad del 2015”, expuso.
“Las plantas se cubren primero por una cuestión de servicios, y segundo porque los activos son los que hacen sus aportes para pagar las jubilaciones. Para poder pagar a un jubilado, hay que tener cuatro activos, y en este momento tenemos una relación de 2,92 activos por cada pasivo. Si no se completan las vacantes, se va a sentir el cimbronazo en el sistema previsional”, advirtió.
Consideró que esta relación “es algo que deberá resolver el gobierno entrante, porque en algún momento la cantidad de activos va a ser insuficiente para sostener la capacidad de pasivos que tenemos. El gobierno entrante ha planteado volver hacia atrás y puede generar una alteración en la relación activos y pasivos, y que el sistema no sea sostenible en el tiempo. Por eso es importante que el sector activo se mantenga, y eventualmente va a tener que crecer, para que sea viable la ecuación del sistema previsional”, planteó.
Dado que el gobernador electo Gustavo Melella dijo que tiene algo “más ambicioso y más rico” que este convenio colectivo, dio a conocer que “en el convenio colectivo se crea la comisión permanente de interpretación y aplicación del convenio colectivo, donde va a tener representatividad el Ejecutivo y los sindicatos. En ese ámbito podrán mejorar las condiciones de este convenio. Para eso no hay plazos y apenas asuma el gobernador, el 18 de diciembre puede convocar a la comisión para seguir dando mejoras sobre este mismo convenio, y puede ampliarlo si quisiera, como Ejecutivo”.
Destacó que “hemos tenido la anuencia y la voluntad de los trabajadores representados en los tres sindicatos que tienen personería en la administración pública central, que son ATE, ATSA y UPCN, o sea que no es una decisión del Ejecutivo solamente, sino que se dio la concurrencia de las voluntades”.
“Dentro de la comisión de negociación se van a poder conformar comisiones sectoriales, por ejemplo con el sector de Salud para discutir la carrera sanitaria, el escalafón que hay que reordenar. En esta discusión tiene que estar representado ATSA, obviamente el sector de los profesionales de la salud, pero en este momento no tienen un sindicato formalmente constituido, porque SIPROSA no tiene ni siquiera inscripción gremial. Por lo tanto, el representante gremial es ATSA. Para discutir el convenio deben cumplir primero con el requisito de crear un sindicato”, sentenció.
Sin aporte voluntario
Finalmente se lo consultó sobre otro punto resistido del convenio, que obliga a todos los trabajadores, incluidos los no afiliados, a aportar el 1,9% del salario bruto como contribución solidaria al gremio de su ámbito de trabajo. “Esto ha sido observado en el dictamen del Ministerio de Trabajo de la provincia y no va a ser aplicado. El descuento para no afiliados no fue homologado. Este fue un error técnico al momento de la discusión, porque al generar un descuento del 1,9% a los no afiliados se hace una especie de afiliación compulsiva. Esto violenta el principio de la libertad sindical negativa, es decir el derecho a no afiliarse. Por eso se observó ese artículo y no se va a aplicar”, manifestó.
Aclaró que “hay muchos convenios que lo prevén, como el de SITOS, de Obras Sanitarias; el de empleados de comercio también tiene previsto el 1% para los no afiliados. Hay muchos ejemplos pero el Ministerio de Trabajo entendió que violaba el principio de la libertad sindical negativa”, concluyó.
