El legislador del MPF planteó una situación “crítica y muy compleja” del gobierno provincial y sostuvo que el paquete de leyes que será tratado en la sesión extraordinaria del viernes permitirá “un buen inicio de gestión”. Destacó que no hay ningún punto que implique “un perjuicio a los trabajadores”, como tampoco disposiciones legales “que cercenen o limiten derechos”.
Río Grande.- Este viernes a partir de las 10 sesionará la Legislatura provincial para tratar el paquete de leyes girado por el gobernador Gustavo Melella. En diálogo con Radio Provincia, el legislador del bloque MPF-FORJA Pablo Villegas expresó ante todo su “gran alegría por poder iniciar un nuevo mandato legislativo y una gran responsabilidad, porque somos parte de la coalición de gobierno y esto hace que uno tome conciencia de lo importante que es ejercer la función pública y trabajar para conseguir en el menor tiempo posible las soluciones a los problemas de la gente”.
Respecto del paquete de leyes, dijo que a última hora del martes ingresaron “cuatro proyectos legislativos y el pedido de sesión extraordinaria de parte del gobernador de la provincia para el viernes a las 10 de la mañana. Uno de los proyectos prevé una ley de emergencia pública en la provincia que a la vez incluye distintos capítulos, una emergencia del sistema administrativo-financiero, una emergencia del sistema previsional, una emergencia urbano-ambiental, la del sistema eléctrico, la de infraestructura portuaria y establecimientos educativos. Después hay un proyecto de ley de creación de una empresa estatal, que será una sociedad anónima, para que el estado pueda intervenir directamente en la exploración, la explotación e industrialización de los hidrocarburos en la provincia. Luego hay un proyecto de modificación de la ley 65 de creación del INFUETUR, y la idea es jerarquizar al turismo por la importancia que tiene en toda la provincia esta actividad económica, que genera puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Por otro lado hay un proyecto de ley que tiene como objetivo el cambio de destino de los fondos obtenidos por el endeudamiento”, enumeró.
Explicó sobre este último punto que “hay unos 780 millones de pesos destinados exclusivamente al estudio y construcción de un muelle comercial nuevo y la idea es afectarlos no sólo a la construcción del muelle sino a obras de infraestructura que son necesarias en el muelle actual, porque se encuentra colapsada la prestación de servicios en materia portuaria”.
“Nosotros hemos tenido en estos tiempos reuniones con distintos actores nacionales y de carácter internacional, con armadores de los buques de transporte de turistas, y hemos tomado conocimiento de la saturación en la prestación de servicios que tiene la Dirección Provincial de Puertos. Por otro lado existe esta importante suma de dinero que todavía no fue utilizada para la construcción del muelle comercial alternativo y ahí hay una fuente de financiamiento que se puede llegar a afectar para mejorar y garantizar la prestación de servicios en el área portuaria, por la importancia estratégica que tiene esta actividad”, dijo.
“La idea es facilitar a través de estas herramientas legales y de carácter financiero y presupuestario el inicio de la gestión del actual gobierno. La situación de la provincia del punto de vista económico y financiero es crítica y muy compleja. Lo que solicitamos desde el gobierno es que se debatan estos proyectos en el ámbito legislativo. Seguramente se pueden llegar a mejorar y dar de ese modo las herramientas para tener un buen inicio de gestión”, confió.
Aclaró que ningún proyecto implica “perjudicar a los trabajadores”, marcando diferencias con el paquete del 8 y 9 de enero de 2016. “Acá no hay ninguna disposición legal que cercene derechos ni limite derechos. Muy por el contrario, implica dotar al Ejecutivo de algunas herramientas para satisfacer la necesidad de generar mayores y mejores puestos de trabajo en el ámbito privado y mejorar las condiciones del estado financiero de nuestra provincia”, concluyó.
