El proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue aprobado por la Cámara de Senadores este sábado contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Buenos Aires.- Esta ley contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo, contemplando cambios en las facultades del Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, fiscal, previsional, tarifaria y social, entre otras.
Estas son algunas de las medidas que contempla:
Poderes especiales para el Ejecutivo
El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.
Jubilaciones
Se suspende por seis meses la Ley de Movilidad que fue sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri, dos años atrás. Durante estos 180 días, se analizará cómo será se realizarán los aumentos, y mientras tanto se incrementará la jubilación cada tres meses. Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo. También se determinó que la movilidad no se suspenderá para docentes y científicos. Tampoco alcanza a expresidentes, jueces y fiscales, si bien el Presidente dijo que impulsará una Ley para terminar con las jubilaciones de privilegio, refiriéndose a este último grupo.
Impuesto al dólar
Se crea un impuesto para la compra de dólares del 30% para atesoramiento y para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, durante los próximos cinco años. El impuesto no alcanzará a aquellas compras que se realicen hasta la promulgación de la ley. Confirma el cepo con el límite de 200 dólares mensuales. De lo recaudado, se destinará un 67% al financiamiento de los programas de la Anses; un 3% a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción y el 30% restante será para solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso Renabap y fomentar el desarrollo del turismo local.
Retenciones
El Congreso nacional facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer «mecanismos de segmentación y estímulo» para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones. La ley prevé darle la facultad al PE de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación de determinados productos agropecuarios y establecer nuevos topes. De esta manera, el Ejecutivo podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%. Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones hasta el momento tributan 9%, aunque el ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%. Por su parte, las producciones agroindustriales de las economías regionales se ubicarán en 5%, productos a definir por el Gobierno.
Tarifas
Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Regulador del Gas (Enargas) y lo habilita a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, «propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020».
Bienes personales
Habrá un aumento progresivo en el impuesto a bienes personales, menos aquellos que no superen los 3 millones de pesos. Además, le da facultades a la AFIP para establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales. Se aumenta alícuota de bienes personales para los activos en el exterior.
Pymes
Se llevará adelante un plan de moratoria para el pago de deuda de las micro y mini pymes, con excepción de aquellas deudas vinculadas a las ART, impuestos de combustibles y sobre juegos de azar. Habrá rebajas de contribuciones patronales para las empresas pequeñas y medianas empresas.
Reacción de economistas y consultoras ante la Ley de Emergencia
Analistas evaluaron cómo afectarán a la economía las nuevas reglas de juego que establece la ley impulsada por el Gobierno de Fernández
Economistas destacaron la Ley de Emergencia económica y analizaron que tuvo un buen recibimiento en los mercados porque «intenta mantener cierta responsabilidad fiscal».
El director de Seido Consultora, Gabriel Zelpo, evaluó la iniciativa aprobada horas atrás y sostuvo que no baja «significativamente el gasto público», sino que «sube impuestos».
«Si uno analiza las medidas, se puede llegar al déficit cero», estimó y puntualizó: «Fue bienvenido por el mercado porque intenta mantener cierta responsabilidad fiscal».
Consideró además que el Gobierno «estaba muy complicado para hacer otra cosa» y ejemplificó: «Todavía había subsidios para quitar o se podría haber encarado una reforma previsional más profunda, pero lo cierto es que lleva tiempo».
El economista se refirió al impuesto del 30% para el dólar y subrayó: «Lo que intentaron hacer es cerrar las últimas grietas que tenía el control de cambio».
Zelpo pronosticó que no será «algo permanente» y resaltó: «El cepo no hace magia».
«No funciona en el largo plazo», enfatizó el economista, quien afirmó: «El valor del dólar depende de la confianza».
Por su parte, el director del Centro de Economía Política (CEPA), Hernán Letcher, resaltó que la ley contiene un «conjunto de medidas con una orientación muy contundente».
Respecto del impuesto para moneda extranjera, remarcó: «La propia información el INDEC muestra que sólo el 7 por ciento de los argentinos salieron del país en los últimos doce meses».
También se refirió a las jubilaciones y enfatizó: «Se suspende la movilidad, pero hay aumentos por decreto de manera trimestral».
«El 99 por ciento de los jubilados cobra menos de cien mil pesos», puntualizó y pronosticó: «Creo que en marzo se resuelve positivamente, cuando la actualización supere la movilidad».
Ahorro fiscal
La Ley de Emergencia permitirá «un ahorro fiscal de entre 1% y 1,9%» del Producto Bruto, según estimaciones de un informe privado, que además pronosticó que las prestaciones sociales serán ajustadas por inflación.
El estudio de la consultora Elypsis indicó que el cálculo depende de la evolución de los haberes previsionales.
«En nuestro escenario base suponemos que a partir de marzo las prestaciones sociales se ajustarán por la inflación del período, eliminando casi la totalidad de este ahorro, y dejándolo en poco más del 1% del PBI», señaló.
Subrayó que «el congelamiento de tarifas implica que se aumentaría subsidios en al menos 0,3% del PBI, aunque el número final dependerá de la renegociación tarifaria para el segundo semestre».
Las medidas tendientes a aumentar las fuentes de financiamiento dentro del sector público aportarían 2,4% del PBI, consideró.
