El legislador de la coalición oficialista se distanció de la propuesta de “democratización” de la justicia que planteó el gobernador al Poder Judicial y consideró que se deben atender otras prioridades, como el código contravencional y la reforma al código procesal penal, para instalar en el corto plazo el sistema acusatorio. “Puede ser una desprolijidad, pero no depende de mí la reforma, porque la iniciativa no es mía y nunca lo hablé personalmente ni con el gobernador ni con algún funcionario del gobierno provincial”, sostuvo ayer. Además, observó que para modificar la integración del órgano de selección de jueces debe haber una reforma constitucional. También destacó como un avance el cambio en la relación del gobierno con los sindicatos.
Río Grande.- El legislador oficialista Pablo Villegas participó este lunes de la primera reunión del año del Consejo de la Magistratura, como representante junto a Ricardo Furlan del Poder Legislativo en el órgano de selección de jueces. Entre las prioridades, marcó la necesidad de avanzar en la implementación del código contravencional provincial, pendiente desde la gestión anterior.
“Hay cuestiones que son materia de trabajo en la Legislatura, como el código contravencional, y se encuentra paralizado el proceso de nombramiento de toda una estructura judicial en función de la suspensión de este código. Es una deuda que tenemos como legisladores y este año quiero empezar a trabajarlo, porque en la gestión anterior no contamos con el apoyo del bloque oficialista para tratarlo”, dijo.
Consultado por Radio Provincia sobre su postura frente a la reforma judicial que plantea el gobernador Melella, consideró que hay otras prioridades y además reconoció que no tiene conocimiento del proyecto, pese a ser legislador oficialista e integrar el Consejo de la Magistratura.
“El consejero y ministro Agustín Tita hizo una referencia muy escueta a este tema y yo personalmente desconozco cuál es el alcance de lo proyectado por el gobernador, porque no he tenido oportunidad de hablar en estos últimos días. Con mucha honestidad intelectual, digo que no sé cuál es el alcance de pretender democratizar el acceso a la justicia o mejorar el sistema de selección de jueces. La Constitución es clara y reconoce en el Consejo de la Magistratura como órgano extra-poder la facultad de intervenir en la selección y hay que respetar ese marco constitucional, más allá de la opinión que se pueda tener de cómo se integra el Consejo y cómo ha sido su funcionamiento”, señaló.
“Creo que la única forma de cambiarlo es a través de una reforma constitucional y desconozco si se está trabajando en ese sentido. Por lo menos no es mi interés trabajar en algo por el estilo y no puedo dar certeza del contenido y el alcance porque lo desconozco absolutamente”, disparó.
Barajó que esta iniciativa de Melella se va a “materializar a través de un proyecto de ley o mediante una modificación del reglamento interno del Consejo de la Magistratura. Todas las opiniones son respetables pero como representante del Poder Legislativo en el Consejo, tengo que responder a quienes me eligieron. Yo estoy en representación de la Legislatura junto con el legislador Furlan y, nos guste o no, hay un marco constitucional que hay que respetar”, priorizó.
Deslizó una defensa del órgano de selección de jueces por encima de la política que quiera llevar adelante el gobierno en materia judicial: “No podemos caer en el error de querer menguar las facultades que le reconoce la Constitución al Consejo de la Magistratura, a través de una pretendida democratización de la selección de jueces. Seguramente hay opiniones encontradas en todos los ámbitos y lo importante es dar el debate no sólo en el ámbito del Consejo sino de la Legislatura provincial”, sostuvo.
“Personalmente yo me voy a ajustar a lo que marca la Constitución y voy a tratar de cumplir la tarea de representación del Poder Legislativo de la mejor manera posible”, adelantó del rol que prevé desempeñar en este debate.
Sin contacto
Cabe recordar que, además del gobernador Gustavo Melella, participó la vicegobernadora Mónica Urquiza del encuentro con la cúpula judicial en el que se planteó la reforma. Sin embargo no hubo contacto de Villegas ni con Melella ni con su ex compañera de bancada. “En los últimos días estuve ausente de la provincia y nunca lo hablé personalmente ni con el gobernador ni con algún funcionario del gobierno provincial. Puede ser una desprolijidad, pero no depende de mí, porque la iniciativa no es mía”, manifestó.
“Creo que hay temas de interés que tienen que ver con la actuación del Poder Judicial que están en trámite en la Cámara legislativa y esperemos que este año los podamos trabajar, como el código contravencional, la reforma del código procesal penal, del código procesal civil. El año pasado se hizo un trabajo muy serio en con el código procesal penal, se presentó el proyecto para su tratamiento y cambiar a un sistema acusatorio es una deuda que tenemos los fueguinos y tenemos que saldar en un plazo razonable”, dijo.
Cambio en las relaciones
Como aspecto positivo de los primeros meses de gobierno de Melella destacó el cambio en la relación con los gremios y auguró una pronta respuesta a la demanda de recomposición salarial. “Para evaluar una gestión de gobierno hay que tener en cuenta que no han pasado más de 36 días hábiles desde el 17 de diciembre. Se han generado hechos políticos en este tiempo que marcan un modelo de gestión absolutamente distinto al que se desplegó en los últimos cuatro años. En la última sesión, de 14 asuntos se sancionaron 13 favorablemente, producto de una convocatoria previa del gobernador en Casa de Gobierno, y se corrió el manto de duda que sembraron algunos sectores sobre leyes que iban a cercenar derechos de los trabajadores estatales y se iba a atentar contra las autonomías municipales. Nada de eso ocurrió”, remarcó Villegas.
“Se cambió el paradigma en la relación con los trabajadores estatales y con los representantes sindicales. El empleado estatal dejó de ser un enemigo a combatir y el culpable de todos los males económicos, administrativos y financieros, como le trató de endilgar el gobierno anterior. Lo que pretende el gobierno es que los estatales sean socios estratégicos para llevar a cabo la actividad política de la mejor manera. Se cumplió con la palabra empeñada de convocar a paritarias y se dejó sin efecto el engendro jurídico y político que fue el convenio colectivo que dictó la ex gobernadora Bertone, con la presencia del intendente Vuoto, en función de un dictamen contundente del Fiscal de Estado, con un trabajo muy serio de la Secretaria Legal del gobierno y del Ministerio de Trabajo”, elogió, tras el fallido intento de reducir la antigüedad para el ingreso de funcionarios a planta permanente.
“Ese trabajo fue contundente y era tan grosero el vicio de ilegalidad e ilegitimidad que no hubo grandes planteos, sino un reconocimiento de las propias entidades sindicales de la situación, y ya se está trabajando en la redacción de un nuevo convenio”, observó.
Apuntó que “con la actividad privada también se han generado hechos políticos importantes. El gobernador se ha puesto a la cabeza de defender la prórroga del subrégimen industrial. La Legislatura, en función de un proyecto de ley del legislador Löffler, sancionó una ley de moratoria en beneficio de pequeños y medianos comerciantes, condonando multas e intereses, ante la realidad social y económica que sufre este sector. Se ha firmado un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Comercio para hacer cursos de formación y capacitación laboral. Creo que han existido algunos hechos en este corto plazo que demuestran un cambio en la matriz de actuación del Poder Ejecutivo”.
No obstante reconoció que “hay errores que a uno no le gusta que ocurran y tiene una mirada crítica, pero no los voy a andar vociferando en los medios. He hablado personalmente sobre esto, pero sabemos que existen errores, problemas en la gestión y también que las actuales autoridades se han encontrado con un gran desorden. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero hay que poner en positivo todo esto a lo que hice referencia, porque implica un cambio en la matriz de actuación y en cómo entiende el ejercicio de la política el Poder Ejecutivo”.
“El mejoramiento salarial es necesario y tanto el gobernador como la vicegobernadora tienen conciencia de esta necesidad del empleado público. Vivimos en un país donde hay una marcada incertidumbre económica y financiera. Basta ver los medios nacionales y, hasta que no se logre un acuerdo razonable para la reestructuración de la deuda, pareciera que el gobierno nacional está autolimitado. Se ve una intención de mejorar la relación con las distintas provincias. Hay un compromiso de mejora salarial y en el corto o mediano plazo va a haber una propuesta concreta. Tampoco se nos puede pedir cambiar en un 100% la escala salarial de la noche a la mañana, porque los ingresos son finitos. Hay una alta expectativa producto de algunas promesas de campaña y está la clara intención política de cumplir las promesas. De a poco se va haciendo y a veces los tiempos no son los que la gente requiere, pero puedo asegurar que tanto el gobernador como la vicegobernadora están trabajando para lograr una mejora salarial en aquellos que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza”, concluyó.
