Luego de la reunión mantenida ayer con el Secretario de Hacienda y la Ministra de Educación, los responsables de los colegios de gestión privada analizan avanzar con reclamos extrajudiciales primero y acciones judiciales después, similares a las que se encararon en la gestión Ríos. Hasta ahora no hay ninguna previsión de los fondos correspondientes a los decretos de diciembre y febrero, a lo que se suma la “legalización del salario” homologada ayer, que impactará en un incremento salarial para los estatales. Carlos Cabral, apoderado de la FUNDATEC, remarcó que la ley que equipara los ingresos está vigente y el gobernador la conoce por haber sido docente privado, y obliga al Estado a hacer las transferencias correspondientes. Recordó que hay 40 establecimientos afectados y alrededor de 1.800 docentes del sistema de gestión privada.
Río Grande.- Carlos Alberto Cabral, uno de los apoderados de la FUNDATEC, que tiene a cargo establecimientos educativos de gestión privada, visitó los estudios de Radio Universidad (93.5) luego de haberse agotado las instancias de reclamo y “con los tiempos vencidos” para que el gobierno cumpla con la transferencia de los fondos correspondientes a los decretos de diciembre y febrero, a lo que se agrega el impacto de la “legalización del salario” acordada con el SUTEF, que se homologó ayer.
Informó que “el miércoles por la tarde fuimos convocados por el gremio de SADOP, para darnos a conocer lo que están haciendo. Fue una reunión informativa y por supuesto no podía faltar que se abordara la cuestión vinculada con estos impagos del gobierno provincial a las instituciones educativas de gestión privada, para liquidar el bono que no han percibido los docentes del sector privado”.
“A última hora del miércoles logramos reunirnos con la ministra de Educación Analía Cubino, después de dos meses de solicitar un encuentro. No fue una reunión que salió por voluntad del ministerio, sino que fue hasta un poco forzada y presionada, pero por lo menos se dio. El clima fue cordial y ella expresó sus disculpas, dijo que están viendo cómo hacer para que se pague prontamente. Le expresamos que los tiempos ya no tienen más margen y que esto genera un claro incumplimiento de parte de ellos como funcionarios del Estado. La ley 749 dice que los establecimientos públicos de gestión privada tendrían que haber recibido el aporte financiero estatal el mismo día que generaron el pago a los docentes estatales”, remarcó.
“El primer decreto lo tendríamos que haber recibido el 2 de enero para pagarle a nuestros docentes, y este lunes tendríamos que haber liquidado el decreto 322. Nada de eso ocurrió, ella se comprometió a ver esto y entendemos que el Ministerio de Educación tiene que acordar el pago con el Ministerio de Economía. Siempre nos reunimos con los dos representantes para poder acordar esto”, dijo.
Desconocimiento total
Cabral continuó dando cuenta del encuentro mantenido ayer en Casa de Gobierno a media mañana con el Secretario de Hacienda. “La ministra estaba ahí porque dijo que iba a ir a conversar con Economía para generar las pautas y tener certeza de pago. A su vez le pedimos que transmita que era interés nuestro conversar con el Ministro de Economía y recibir certezas del pronto pago, de ambos ministerios. La ley establece que es obligación del Estado transferir las asignaciones el mismo día que se pagan a los docentes estatales las asignaciones salariales. El Secretario de Hacienda nos recibió, que es Marcos Oviedo, porque el ministro no estaba. Se supone que debía tener previstos los montos pero él estaba en absoluto desconocimiento de todo. Tuvimos que explicarle entre todos qué estamos reclamando porque no tenía el más mínimo conocimiento de nada, ni de que existía la ley de educación de gestión privada, y todos inferimos que nunca se previó nada”, cuestionó.
“Hemos pedido reuniones con la Ministra de Educación desde enero en forma reiterada y no habíamos tenido la oportunidad de conversar nada. El Secretario de Hacienda no pudo establecer absolutamente nada, simplemente nos dijo que lo iba a conversar con el Ministro y que a lo mejor hoy o el lunes se iba a comunicar con alguno de nosotros para dar una respuesta”, indicó.
“La titular de uno de los establecimientos de Ushuaia, Susana Castro, le expresó que se iba con sabor amargo, y fue bastante prudente en la apreciación que hizo, porque es bastante lamentable la situación. Al día de hoy no hay ningún tipo de respuesta y de lo poco que pudimos escuchar, prácticamente esto no lo tuvieron en cuenta nunca, cuando es una obligación del Estado y de ellos como funcionarios deben cumplir con esa obligación que impone la ley”, subrayó.
Los colegios esperan una respuesta para hoy, y “que no sea que estamos trabajando, porque un decreto que se dictó en diciembre del año pasado ya tiene dos meses y no saben el monto que deberían tener previsto. Eso da la pauta de que nunca contemplaron nada, y esto es absolutamente inadecuado y poco responsable de parte de ellos, porque hay una ley que dice que lo deben cumplir”, sentenció.
“Esta es una decisión política. Algunos representantes, ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación, nos comunicamos con el gobernador, y nos dijo mediante mensajes que Analía Cubino se iba a reunir con nosotros y tenía respuestas para darnos. Eso no se cumplió y entendemos que el gobernador no desconoce esto, porque fue profesor y fue directivo en La Misión no hace tanto. Los funcionarios que ha designado se deben hacer cargo de establecer prontamente las acciones que deben llevar adelante para cumplir con la ley, porque no estamos pidiendo nada que no corresponda ni es una interpretación antojadiza de nadie”, enfatizó.
El tercer incumplimiento
Al reclamo del bono se suma el impacto de la “legalización del salario”, dado que “la ministra nos dijo que ayer jueves se iban a reunir en el Ministerio de Trabajo para llevar adelante el acuerdo con el SUTEF, que llaman legalización del salario, donde hicieron otra variación salarial que van a liquidar con los sueldos de febrero a los docentes estatales. Eso me parece bárbaro, pero este ya sería el tercer incumplimiento si no actualizan los montos que nos transfieren en forma mensual. Los establecimientos no tenemos ninguna manera de pagarlo porque no tenemos fondos, y tienen que actualizar el importe mensual que estamos recibiendo”, planteó.
“Nosotros le preguntamos al Secretario de Hacienda si habían estimado qué porcentaje de variación de la masa salarial docente representa este acuerdo, y la respuesta que nos dio fue que no lo sabían. Dijo que una vez que se homologue y Haberes haga la liquidación, sabrán cuánto es”, aseguró.
“Debo pensar que no fue una respuesta irresponsable sino una manera de salir del paso, y no entiendo por qué no puede darlo a conocer. Si es el 25%, lo que tienen que hacer es actualizar en ese porcentaje la liquidación a los establecimientos de gestión privada. No es mucha la elucubración que tienen que hacer. No deja de ser muy llamativo que esas sean las respuestas”, expuso.
Recordó que hay 40 establecimientos afectados y alrededor de 1.800 docentes del sistema de gestión privada. “Esto es un incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque la ley es bien clara y taxativa, y no es que se retrasaron un día, porque van dos meses. A esta altura no puede ser que no se hayan ocupado en hacer lo que tienen que hacer”, fustigó.
Acciones judiciales
De no haber certeza de pago el lunes, comenzarán los reclamos administrativos y judiciales, algo a lo que ya estaban habituados los colegios privados en gestiones anteriores. “Justamente le dijimos al Secretario de Hacienda que pareciera que hubiésemos vuelto a los años del gobierno de Ríos, donde todos los establecimientos de educación privada teníamos que presentar todos los meses recursos de amparo ante la justicia para lograr que paguen, y hasta con denuncias penales a los funcionarios por incumplimiento de sus deberes. Esto no es a lo que queremos llegar”, manifestó.
“Nosotros recibimos un porcentaje de la masa salarial docente, que va del 50, el 70, el 80 y hasta el 100%, porque hay varias bandas en las que estamos los establecimientos, y el resto lo financiamos con el pago de la cuota de las familias que mandan a sus hijos. Todas estas variaciones salariales, la del 30 de diciembre, la del 20 de febrero y lo que se homologó ayer, no está contemplado en las cuotas que estamos percibiendo de los padres, por lo tanto el Estado tiene que hacer dos cosas: actualizar el aporte y a la vez actualizar el cuadro con el valor de las cuotas, porque estas variaciones no están contempladas. Sabemos cuál es la realidad económica de muchas de las familias que mandan sus hijos a los colegios privados, pero la cuota es la otra forma de financiamiento con la cual los colegios reúnen los fondos. El Estado tiene que hacer las dos cosas y eso lo está desatendiendo absolutamente”, sostuvo.
“Los colegios siempre hacen un esfuerzo para destinar fondos que eran para otras acciones, porque el aporte del Estado provincial solamente financia una parte de los sueldos de los docentes, no de todos. Los demás gastos que tienen las instituciones los tiene que solventar cada establecimiento. El aporte estatal no está cubriendo todos los gastos”, aclaró.
Respecto de la posición del gremio a pocas horas del inicio de clases, indicó que “comprende lo que ocurre porque los establecimientos no nos estamos negando a pagar por un capricho”, por lo cual hasta el momento no hay previstas medidas de fuerza.
Cabral advirtió que “algunos colegios preparan una presentación judicial por la vía del amparo para cobrar y también acciones judiciales contra los funcionarios. Los abogados lo tienen claramente establecido y lamentablemente tenemos el entrenamiento de lo que nos pasó en la gestión Ríos, no estamos viendo ningún fantasma. Por el incumplimiento que hicieron llegamos a eso y no es que estamos pensando que ya se tienen que iniciar las acciones, pero los tiempos están sin margen y no tenemos ninguna respuesta. Decir que están trabajando no es una respuesta a esta altura”, consideró.
“Nosotros necesitamos certeza del pago de lo que corresponde por ley y por supuesto a continuación vendrán intimaciones extrajudiciales, vía carta documento, y luego los recursos de amparo y las denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público. Esperemos no tener que llegar a nada de eso. Le vamos a pedir una audiencia al señor gobernador, porque si las cabezas de los ministerios de Educación y de Economía no pueden o no quieren cumplir la ley, entendemos que debemos tratar de resolver esto con el gobernador. Esperamos que nos pueda recibir para expresarle lo que está pasando y ver por qué no se está cumpliendo la ley. Suponemos que la vicegobernadora estará interiorizada pero no hemos tenido ningún contacto con ella. Sería la otra alternativa ver con la vicegobernadora una solución para que la ley se cumpla”, barajó.
Finalmente dijo que “algunos legisladores ya han recibido toda la documentación de lo que está pasando y por supuesto buscamos todas las alternativas para que se dé la respuesta que se tiene que dar”.
