La ministro de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo marcó serias falencias en el proyecto del nuevo puerto de carga y pesca, que no cuenta con el aval de la Agencia Nacional de Puertos, necesario para que pueda funcionar. Tampoco lo tiene el puerto de Almanza y el muelle de pescadores. Las gestiones están a cargo de Roberto Murcia y se busca financiamiento.
Río Grande.- La ministro de Obras Públicas Gabriela Castillo informó sobre la situación del proyecto del nuevo puerto de carga y pesca en Ushuaia, y la necesidad de adecuar el proyecto, que no tiene aval de la Agencia Nacional de Puertos.
“Hay 53 millones de dólares destinados a la obra del nuevo puerto de carga y pesca, en el listado original. Hay un proyecto de obra del puerto, que es algo que contrataron en la gestión anterior. En este momento el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, se está encargando de la puesta en consideración de ese proyecto ante la Agencia Nacional de Puertos, para ver si puede ser validado después”, dijo a Radio Universidad 93.5.
“Hay una consultora que se contrató y que hizo este proyecto, pero no pasó por la Agencia Nacional de Puertos para saber si el día de mañana se puede habilitar. Los puertos que se construyeron en Almanza y el muelle de pescadores no están validados por la Agencia Nacional de Puertos y ahora hay que hacer una obra complementaria para poder ajustarlos y que puedan ser aprobados. Lo que intentamos es que toda obra que salga en marcha tenga que ver con algo aprobado. También estamos viendo si podemos conseguir financiamiento de otra manera, para no gastar la plata del endeudamiento, que es de los fueguinos, y destinarla a otras obras de servicios, de vivienda, que son prioritarias para la población”, expresó.
Consideró que “el puerto es muy importante pero uno tiene que mantener un equilibrio y garantizar obras que se necesitan en forma directa. El segundo puerto trae nuevas oportunidades para la producción, y es importante, pero también si podemos conseguir financiamiento los fondos pueden destinarse a otras obras prioritarias”.
Respecto de la ampliación de muelle de Ushuaia, dijo que también “seguimos buscando financiamiento para ver si podemos achicar el gasto y que no sea todo de las arcas de la provincia”.
Consultada sobre el dinero que quedó en las cuentas provinciales por el endeudamiento, advirtió que no pasa por allí el problema únicamente sino que “surgen situaciones de conflicto porque no se ha pagado a los proveedores desde octubre”.
Fideicomiso sin fondos
En cuanto a las obras financiadas por el Fideicomiso Austral, informó que “tuvimos la reunión con Batakis, que es la representante de provincias y de quien depende el Fideicomiso Austral y el FFFIR, y la provincia ya ha nombrado sus representantes, el licenciado Tita, la contadora Barboza y yo, y faltan los tres representantes a nivel nacional. La semana pasada estuvo la contadora Barboza en Buenos Aires viendo las distintas obras, las condiciones de financiamiento. El primer punto es saber qué plata hay. Hoy no hay plata en el Fideicomiso y es importante ver quién hace frente a los costos de las obras que están en marcha”.
“Hay que poner dinero porque el Fideicomiso es Nación-Provincia y no hay dinero porque no se ha venido poniendo plata en el Fideicomiso. Estaba licitada la obra de la unión del gasoducto Fueguino con el General San Martín, pero la plata no está en el Fideicomiso y no podemos adjudicar. Se licitó una obra sin los fondos”, afirmó Castillo, por la cual no se va a adjudicar.
“Hoy en el Fideicomiso dicen que esa plata no está. Es una obra prioritaria y hay que hacerla, pero primero tenemos que resolver que ingrese plata al Fideicomiso para llevarla adelante. Tenemos cuatro ofertas en la comisión de análisis pero no voy a adjudicar una obra como ministro si no están garantizados los fondos”, sentenció.
Centro de salud de margen sur
También se refirió al centro de salud construido con fondos de la Fundación YPF, y la dificultad para la puesta en marcha porque no se previó la compra de equipamiento médico.
“La obra está terminada, se construyó el edificio y originalmente la licitación contemplaba el equipamiento médico. Luego se hizo una economía de obra del equipamiento médico, y se decidió asfaltar la calle. No se hizo la compra del equipamiento por otro lado desde el Ministerio de Salud. El asfalto está puesto pero no se puede abrir el centro de salud porque hay que comprar todo el equipamiento médico. Mi compañera de gabinete, la Dra. Di Giglio, está con trabajo contrarreloj con su equipo para poder contar con profesionales y equipamiento y poder abrir el centro”, indicó.
“El equipamiento médico lo tiene que comprar la provincia, porque se modificó la obra y se prefirió tener asfalto a contar con el equipamiento médico”, observó de la decisión de la gestión anterior.
Agregó que “en el fideicomiso de responsabilidad empresarial hay otro montón de obras, como el gimnasio María Auxiliadora. Estamos por pagar un certificado en estos días y los pagos de todas las obras están retrasados. Al ingreso a la gestión había 155 millones de pesos de certificados no pagados en el Ministerio de Obras Públicas, de distintas fuentes de financiamiento, más los 40 millones de la DPOSS y todo lo que se debe de otros organismos”.
“El gobernador nos ha planteado que pongamos al día lo que se debe a los proveedores, porque la plata de los fondos del endeudamiento está y no se pagó porque no se le dio curso a los procedimientos administrativos. Para poder pagar el certificado, tiene que estar bien el plan de trabajo y curva, y se ha caído por falta de pago. Es como el huevo y la gallina. Para poder destrabar el curso del expediente, hay que habilitar un nuevo plan de trabajo y curva. Ya hicimos modificaciones administrativas, porque antes el plan de trabajo lo aprobaba exclusivamente el ministro, sea cual fuere la obra de la provincia. El expediente podía dar vuelta dos o tres meses y ya estaba caído de curva o se le había vencido el plazo”, expuso.
“Con la planta potabilizadora, pagamos con fondos municipales para que la obra no se caiga, y después empezamos el reclamo de los fondos. En cambio la provincia no hizo frente a los fondos que no vinieron y por otro lado no le dio curso a los certificados. Hoy levantar esos certificados para poder pagarlos requiere de otras cuestiones administrativas. Hoy descentralizamos y la secretaria en zona centro y norte, Laura Montes, tiene la facultad para aprobar planes de trabajo si no hay modificación presupuestaria. Si hay modificación presupuestaria, la firmo como ministro. En Ushuaia el ingeniero Martín Moreira aprueba los planes de trabajo y curva. No dependen de la aprobación de un ministro. El ingeniero fue síndico del municipio de Ushuaia, y hemos formado un gran equipo de gestión. También tenemos estructura en Tolhuin y Gustavo Caro es el subsecretario. Se ocupa de todo lo que tiene que ver con la obra pública y los servicios en Tolhuin, y Jorge Caro está en la parte de servicios de Río Grande”, detalló.
