Así lo dio a conocer la Ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, quien ocupará la presidencia hasta regularizar la situación y levantar las observaciones del Tribunal de Cuentas por “numerosas irregularidades administrativas”. Entre ellas se cuenta el contrato del anterior presidente, el Dr. Carlos López, que se encuentra fuera de la provincia pero exigiría el pago de los tres años que le quedan. Se analiza la nulidad, dado que no fue ratificado en asamblea. Respecto del personal técnico, se respetará su permanencia.
Río Grande-. La ministra de Gobierno Adriana Chapperón dio a conocer la situación del Laboratorio del Fin del Mundo, luego de ponerse al frente como presidente del Directorio, hasta lograr levantar las numerosas observaciones del Tribunal de Cuentas por “irregularidades administrativas” durante la gestión del Dr. Carlos López.
Por Radio Nacional Ushuaia, dijo que “el viernes pasado pedimos la primera asamblea, después de haber destituido a las autoridades anteriores”, con lo cual no está más el plantel de tres gerentes que a su vez manejaban el directorio y, como en el caso de López, tenía un contrato aparte.
“Hay quienes presentaron la renuncia y otros casos que todavía se están discutiendo, como el del presidente, porque tiene un contrato que todavía está vigente. Estamos discutiendo la validez de ese contrato respecto de algunas observaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas. López se va y de hecho no está acá –sentenció la ministra-, pero más allá de eso tenemos que discutir cómo se rescinde el contrato firmado en 2018 por cinco años, donde dice que, si se rescinde, uno debe pagarle el total. El contrato del Dr. López no está aprobado en asamblea y esto lo volvería nulo, pero es tema para analizar”, manifestó, advirtiendo que se busca que el médico se vaya sin cobrar todo el contrato “porque son fondos de toda la provincia y tendríamos que pagar más de tres años. Es una suma importante”.
Se le consultó sobre el compromiso que había asumido verbalmente el Dr. López ante los legisladores, de renunciar sin exigir el pago completo del contrato, pero en los hechos no lo concretó, dijo la ministra.
“Yo he cruzado algunos mensajes con Carlos López y quedan cuestiones que tienen que ver con lo económico, cheques que debemos poner en orden, para que el laboratorio siga funcionando, y por supuesto vamos a ir levantando las observaciones del Tribunal de Cuentas. Yo ocupo la presidencia del Directorio, la vicepresidencia la ocupa el Dr. José Capdevila, y se busca que el directorio esté exclusivamente para representar al Estado, no a la vez como gerentes”.
“Tenemos que manejarnos realmente como una empresa, porque el peor problema que tenía el Laboratorio del Fin del Mundo era que había tres personas que eran directores y parte de la asamblea que determinaba las cosas que se hacían. Esta es la observación más importante del Tribunal de Cuentas, que son muchas”, aseveró.
“Las direcciones y gerencias tienen que estar en manos de técnicos determinados. En este caso todas las funciones eran cumplidas por las mismas personas. Nosotros tomamos esto momentáneamente, hasta que se puedan levantar las observaciones del Tribunal”, aclaró.
Asimismo, confirmó que se van a hacer los aportes a la caja de previsión de la provincia, como se venía solicitando, pese a que nunca se hizo durante la gestión de López, aun con una exigencia del Tribunal de Cuentas. “Se deben hacer los aportes a la caja al ser una empresa de capital estatal mayoritario”, remarcó Chapperón.
Personal confirmado
En cuanto al equipo técnico del laboratorio, dijo que tendrán continuidad. “El Laboratorio está funcionando y hay que potenciarlo. No lo debemos perder porque hay mucha gente trabajando que técnicamente es impecable. Nos hemos reunido con los que trabajan en el Laboratorio para llevarles tranquilidad. Hay técnicos jóvenes, muchos fueguinos, que trabajan en el Laboratorio y lo van a seguir haciendo, porque son muy buenos en su trabajo y no es eso lo que se está objetando”, sostuvo.
No obstante reiteró que “hay muchísimo para revisar de las decisiones que se tomaron. El informe del Tribunal de Cuentas tiene más de cien fojas, hay situaciones que regularizar en la Inspección General de Justicia, que no se han cumplimentado, por eso estamos analizando todo lo que se ha encontrado, y estamos haciendo un reglamento de compras y contrataciones, que es otro tema muy objetado por el Tribunal de Cuentas”, apuntó ante las compras directas que se venían haciendo.
Personal policial
Por otra parte se refirió al pedido de equiparación para el personal policial y expuso que es legítimo el reclamo. Luego de haber resuelto la paritaria docente y de los escalafones seco y húmedo, “le toca a la policía y al servicio penitenciario”, dijo la ministra.
La intención es lograr la equiparación pero “quizás no sea en un solo tramo. El Ministro de Economía es quien nos puede decir hasta cuánto podemos cumplir en esta primera etapa. La idea es llegar a la equiparación en forma progresiva y vamos a hacer el máximo esfuerzo para que sea en el menor tiempo posible, y se va a seguir trabajando a lo largo del año, como se ha acordado con todos los gremios, para que la policía y los penitenciarios alcancen un salario digno. La falta de aumentos en la gestión anterior, acompañada de la inflación que hubo, ha dejado los sueldos muy bajos. Un agente que recién inicia gana alrededor de 31 mil pesos y ninguna familia puede vivir con esto”, subrayó la ministra.
Asimismo, expuso que el personal policial tiene problemas elementales sin resolver, como la vivienda propia. “Yo estuve visitando las comisarías de Ushuaia y lo voy a hacer los próximos días en Río Grande, y contaban que tienen más del 50% del personal alquilando. La policía tiene algunos predios propios y tenemos que empezar a trabajar junto al IPV para conseguir otras operatorias y que puedan tener sus viviendas. Esto también hace al sueldo, porque es imposible que alguien con esa suma pueda vivir y alquilar”, manifestó.
También adelantó que habrá nuevas vacantes para evitar el sobrecargo de tareas actual. “Un policía habitualmente trabaja 8 horas, pero han llegado a hacer otras 8 horas de recargos. Esta es una preocupación del gobernador y nos ha pedido que disminuyan. Nos faltan efectivos y necesitamos incorporar nuevas vacantes para iniciar la escuela y poder mejorar la cantidad. Se han ido incorporando, pero la policía se retira a temprana edad, sobre todos los suboficiales, y es necesario incorporar personal permanentemente para que los recargos no deban ser tantos. Cuando una persona trabaja 12, 14 ó 16 horas, no sólo se pone en riesgo esa persona sino la seguridad pública”, planteó.
La “inteligencia” pasada
Sobre el final de la entrevista, se le preguntó a la ministra sobre el mensaje que dio el gobernador entre líneas en su discurso ante la Legislatura, cuando habló de las fuerzas de seguridad y aludió a “lo que les hacía hacer la gestión anterior”. Chapperón no eludió dar una interpretación a ese mensaje, y dijo que Melella se refirió a las tareas de “investigación, pero no criminal ni de lavado de dinero, que se hace en conjunto con la policía federal. No se refería a eso el gobernador y creo que esto quedó de manifiesto con la difusión de la propia vida del gobernador”, expresó.
Lamentó no contar con elementos de prueba para avanzar con una acción judicial, porque “ellos son personal de la fuerza y son muy reservados, pero hay algunas situaciones que nos hacen pensar que había un seguimiento de tipo político”, dijo.
Tampoco descartó escuchas ilegales: “No tenemos confirmado si había intervenciones telefónicas, porque si así fuera lo hubiéramos denunciado de inmediato”, concluyó.
