El presidente de la Cámara Fueguina de la Madera, Contador Ramón Gallardo, dio a conocer la petición realizada por varias entidades al gobierno nacional, para que analice medidas paliativas a la profundización de la crisis en las PyMEs, por efecto de las restricciones ante la pandemia de Coronavirus. Incluyen una extensión de la moratoria de AFIP; créditos blandos para poder pagar sueldos y excepción del pago de contribuciones patronales.
Río Grande.- “La Federación Argentina de la Industria y la Madera, la Confederación de Industria de Misiones y otras cámaras están presentando distintas notas al Gobierno nacional. Primero informamos que estamos totalmente de acuerdo con las medidas que se están tomando a nivel nacional y provincial en nuestro caso, y luego hacemos algunas solicitudes para que se vea la posibilidad de diferir vencimientos de AFIP y una prórroga de la moratoria”, dijo el contador Ramón Gallardo por Radio Universidad (93.5 MHZ).
El presidente de la Cámara Fueguina de la Madera agregó que “también se está pidiendo que se paren las medidas cautelares y que haya líneas de crédito a tasas promocionadas. Las pymes ya venían de una situación mala y ahora se ha profundizado por la falta de actividad”, sostuvo.
“Esto ha provocado que las empresas tengan que afrontar el pago de los sueldos sin tener actividad, por eso pedimos financiamiento a tasas promocionadas para tener un pequeño alivio y afrontar fundamentalmente los salarios. Entre los puntos que reclamamos, planteamos que el pago de salarios debería ser una suma no remunerativa, porque la gente está en su casa y no hay contraprestación, de manera que lo que se pague no lleve aportes ni contribuciones. El pago del salario exige una contraprestación de trabajo y en este caso más bien es un subsidio, porque las personas no van a trabajar”, indicó.
Consideró que “es una forma de que el Estado aporte algo, dado que las empresas van a pagar salarios sin tener actividad. Las contribuciones para las PyMEs están en un 18% y en un 20,4%, que es la parte que corresponde al patrón y va a AFIP y la seguridad social”, recordó.
“La moratoria de AFIP vence el 30 de abril y estamos pidiendo que se extienda el tiempo necesario, mientras duren estas restricciones. No sabemos si la pandemia va a estar controlada al 31 de marzo y puede alargarse, inclusive hay cámaras que creen que esto va a durar 180 días, por lo cual están pidiendo que todos los vencimientos e impagos contemplen esta situación”, dijo.
“Además pedimos que se suspenda una resolución que impide el acceso al crédito por tener deuda con AFIP. Hoy cualquier pyme que debe algo a AFIP no puede acceder a un préstamo hasta que no cancele. El controlador de las deudas es AFIP y esto es mezclar el rol de los bancos”, cuestionó.
Créditos para el sector público
Por otra parte se le consultó sobre la medida del gobierno de Melella para desendeudar a los empleados públicos con créditos blandos del Banco Tierra del Fuego. “Todos los empleados públicos que tienen deuda podrán acceder a un crédito blando para cancelarlas. En realidad le está sacando la deuda más onerosa a otras instituciones y las va a absorber el Banco de Tierra del Fuego. Es un beneficio que tienen los empleados públicos que se han endeudado, a través del uso de los fondos del banco. No hay que olvidar que el BTF nació como un banco de fomento al desarrollo de Tierra del Fuego para la creación de puestos de trabajo. Tiene que apuntar un poco más al crecimiento de la provincia”, reclamó.
Viviendas impagas
Finalmente dio cuenta de la situación de los madereros de Tolhuin que habían construido viviendas sociales por un convenio con el IPV en la gestión Bertone, y todavía no recibieron el pago. “Les deben gran parte, porque el gobierno anterior no pagó y hay pendiente un saldo que tendrá que pagar este gobierno. En su mayoría terminaron las casas y los constructores no han podido hacerse del dinero. Hay que separar los gobiernos, porque esto fue un clavo que dejó el gobierno anterior, con la promesa de incentivar las viviendas de madera. Este gobierno se tiene que hacer cargo, porque las casas están listas y no hay nada fantasma ni nada raro. Espero que pronto se cancele y se termine esta mala experiencia de hacer una vivienda para el Estado y que no estén los fondos”, concluyó.
