Nancy Fernández, presidente de la ONG ambientalista y docente de la Universidad Tierra del Fuego, atribuyó a motivaciones políticas las acusaciones en su contra por una supuesta violación de la cuarentena. Ya prestaron declaración la médica que extendió el certificado y una directora de la Universidad Tierra del Fuego, además de aportar prueba de la fecha de llegada y de la normativa nacional, que no había establecido todavía la cuarentena. “Entiendo que en dos o tres días esto va a terminar”, aseguró.
Río Grande.- La docente de la Universidad Tierra del Fuego Nancy Fernández, además presidente de la asociación ambientalista Mane’kenk, atribuyó a motivaciones políticas la causa que se armó en su contra, a partir de una denuncia mediática por supuesta violación de la cuarentena. Con las declaraciones que fueron tomadas este miércoles y la prueba aportada, espera que en pocos días la justicia ponga punto final a las actuaciones.
Por Radio Nacional Ushuaia, recordó que “la noticia surgió por un medio de prensa que no está identificado pero tiene autor, y publicó documentación privada de una agente del Estado. Esta documentación fue enviada solamente a la Junta Electoral de la Universidad de Tierra del Fuego. Yo mandé un certificado para informar a la universidad que desde el día 11 de marzo tenía que ajustarme a la cuarentena y, después de que se promulgan las listas donde soy candidata a consejera del instituto, surgió esta información de manera mal intencionada”.
“Hay documentación oficial del Ministerio de Salud de la Nación y para el 6 de marzo, que es cuando yo regreso a la provincia, solamente debían aislarse las personas con síntomas, ya sea tos, fiebre o dificultad respiratoria. Yo jamás tuve síntomas como se publicó falsamente, nunca me indicaron que tenía que hacer cuarentena porque todavía no había cuarentena para personas asintomáticas”, remarcó.
Agregó que la universidad recién emitió una resolución “el martes 10 a las 15:30 horas, por la cual otorgó licencia a los agentes que provenían de viajes del exterior, con o sin síntomas”, y su caso era de varios días atrás. “A partir de ese momento me recluí en mi casa, se comunicó conmigo la médica que firma el certificado y me indicó que debía guardar cuarentena. Todavía no se había dictado el decreto del presidente de la nación y tenía que justificar mi ausencia al trabajo, por eso la médica emite un certificado el día 11 de marzo, y ese día el protocolo estableció que la cuarentena era a partir de la fecha de llegada a la Argentina”, que en su caso había pasado y no podía tener aplicación retroactiva.
Fernández no ocultó las suspicacias sobre el rápido accionar de la justicia, cuando todavía esperan que se expidan en varias causas iniciadas por la obra del Corredor del Beagle: “Un fiscal actuó de oficio, el miércoles declaró la médica, también declaró la directora del instituto por más de tres horas, y a partir de sus declaraciones quedó absolutamente clarificado que yo no rompí ninguna cuarentena, porque no tenía que hacerla el día que llegué. A través de documentación que adjuntamos en la policía quedó clara la mala intención del medio de prensa que divulgó esa información”, enfatizó.
Para la docente esta denuncia mediática y la posterior causa penal tienen un trasfondo político, vinculado con el proceso electoral en la UNTDF y con su actuación durante la gestión Bertone. “Nosotros el año pasado tuvimos una lucha muy ardua por el tema del Corredor del Beagle, la comunidad se expresó y mucha de esta gente del gobierno de Bertone está dentro de la universidad, tiene poder, tiene acceso a nuestros legajos, y muchos compañeros están asustados porque esa información privada está en manos de una persona, que es Gabriel Carol, actual coordinador de Recursos Humanos”, acusó.
“Este fue un accionar malicioso que no contribuye a la crisis generalizada. Hay gente que se asustó de verdad”, dijo ante mensajes de que tenía síntomas de coronavirus y había participado de una marcha masiva por el Día de la Mujer. “El presidente está tratando de llevar tranquilidad a la comunidad y esto no ayuda, al contrario”, expresó.
Consideró que en su caso “se han atravesado todas las barreras éticas y políticas posibles, porque se ensució a una persona. Esto pasa dentro de dos o tres días, porque la información es vertiginosa y yo no tengo problema de salir a los medios a aclarar, pero hay gente que tiene miedo”.
Encuadró esta situación en violencia de género y mencionó que “el año pasado hicimos muchas denuncias de este tipo en el Consejo Superior, pero los expedientes quedan dormidos en algunas áreas de la universidad. Tratamos de contactarnos con la especialista en violencia de género Dora Barrancos cuando estuvo en Ushuaia, pero no nos quiso atender y dijo que no iba a tomar partido por sectores que no son afines al rector. Estamos entrando en un terreno pantanoso, que una universidad no se merece”, sostuvo.
“Mi abogado me dijo que, mientras yo no esté notificada, no existe nada. Jamás nadie me llamó, ni vinieron a mi casa ni preguntaron nada. Sé extraoficialmente que el policía que tomó declaración tanto a la médica como a la directora del instituto les manifestó que con esas declaraciones quedaba absolutamente claro que no había roto ninguna cuarentena y que iban a elevar esto a la fiscalía. Entiendo que en dos o tres días esto va a finalizar”, concluyó.
