La titular de la Cámara alta aludió a la “situación de gravedad institucional” que vive la Argentina. El Frente de Todos quiere debatir un nuevo impuesto a los grandes capitales para afrontar la crisis generada por el Coronavirus.
Buenos Aires.- La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para que los jueces definan la validez de sesiones vía teleconferencia. En un texto de 30 páginas justificó el planteo haciendo referencia al “marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la pandemia» y le solicitó al máximo tribunal que «despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.
El texto, elaborado por Graciana Peñafort y Esteban Lopardo, alude a la aplicación del artículo 30 del Reglamento del la Cámara de Senadores de la Nación, el cual indica que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional».
Y se pregunta“¿Es constitucionalmente posible que tal como lo establece el art. 30 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el COVID19?”.
Hasta ahora la Vicepresidenta no era partidaria de exponer a los senadores a una sesión presencial y dudaba sobre la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías. Sin embargo, su hijo Máximo, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, impulsa un impuesto sobre las grandes fortunas para mitigar los efectos del virus y cualquier nuevo tributo debe pasar sin excepción por el Congreso para que su aplicación sea válida.
“La necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, impostergable”, plantea el escrito en referencia a “la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas que esta pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular”. Y advierte sobre la situación económica que “la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”.
En las condiciones de excepcionalidad del país, Cristina Kirchner explica que los senadores se encuentran en su gran mayoría en sus provincias de origen y que, además de las dificultades logísticas (como la cancelación de los vuelos de cabotaje) que implicaría su traslado hasta el Congreso, “su reunión a los fines de sesionar en el recinto implica la ruptura de las premisas de distanciamiento social obligatorio entre personas, exponiendo así a los senadores y sus colaboradores”.
Las ex presidenta enumeró también los distintos soportes tecnológicos con los que se trabaja actualmente y las medidas de seguridad para su identificación y certificación del quórum y votaciones, algo que consensuó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ya firmó un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas para dar validez a la identificación a través del rostro y con la empresa estatal ARSAT para garantizar el uso de tecnología nacional. Incluso varias veces refiere a que el planteo sobre la validez de las sesiones que pide para el Senado sea extensiva para la Cámara baja.
Para justificar la “gravedad institucional” menciona la acordada firmada ayer en la Corte Suprema sobre la validez de los actos judiciales en forma remota.
Fiel a su estilo, recordó planteos judiciales y periodísticos contra los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Alberto Fernández y también los que la tuvieron como destinataria en sus tiempos al mando del Ejecutivo: “Pese a estar convencida de que en el marco de excepcionalidad descripto la sesión remota a través de medios electrónicos, en donde se garantice la identificación y la voluntad de los legisladores y legisladoras, como así también el número establecido por el régimen de mayorías y minorías, es absolutamente válida, no puedo soslayar la historia reciente de la Argentina en cuanto a la existencia de maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”.
A lo largo del escrito elaborado por Peñafort y Lopardo, insistió en que se requiere la intervención del Congreso para legislar en materia electoral, penal y tributaria aunque excluyó las dos primeras como materia de debate en esta emergencia.
Y defendió el proyecto impositivo que no nombró y que impulsa su hijo con el objetivo de “asistir económicamente a las crecientes necesidades que se verifican en los sectores sociales que se ven afectados de modo directo por las consecuencias del aislamiento social”. Los diputados Carlos Heller, Fernanda Vallejos y Darío Martínez son tres de los principales redactores de la iniciativa parlamentaria que según establece la Constitución debe tener como cámara de origen la de Diputados de la Nación.
Excluida la cuestión tributaria, avaló los DNU firmados por Alberto Fernández. “Nunca en la historia institucional de la Argentina el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia que se incluyeran en la reforma constitucional de 1994, ha estado tan justificado. Ello, sin perjuicio del control posterior que le cabe al Congreso en el marco de lo prescripto por la Constitución Nacional y la ley”, agregó.
Finalmente solicitó un tratamiento urgente para el pedido de certeza “que despeje toda duda o incertidumbre respecto a la constitucionalidad del trámite a adoptarse”. “La urgencia de contar con dichas herramientas legales por parte del Estado es de modo tan inmediato e imperioso que solicitamos que la Corte Suprema se avoque al tratamiento urgente de esta situación tan apremiante y despeje toda incertidumbre que pudiese existir respecto al procedimiento que adoptará este H. Senado de la Nación y sin duda también la H. Cámara de Diputados, a los fines de proporcionar al Estado Nacional las herramientas legales para afrontar esta verdadera crisis como jamás nunca enfrentó nuestro país ni el mundo”.
El adjetivo “urgente” para la la declaración judicial de certeza está escrito en mayúsculas en el último punto antes de la firma de Cristina Fernández de Kirchner.
