El Presidente respondió de esta manera a las numerosas críticas expresadas por sectores mayoritarios de la sociedad ante la excarcelación de detenidos con la excusa del coronavirus.
Buenos Aires.- En medio de la polémica por las excarcelaciones otorgadas por la Justicia con la excusa del coronavirus, Alberto Fernández negó que el gobierno nacional esté detrás de una “salida masiva de presos” y sostuvo que «son los jueces quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”.
“La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad”, explicó el Presidente en sus redes sociales.
Asimismo, mencionó que “en el mundo muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo” y ejemplificó que “algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia”.
Luego de esta aclaración, el jefe de Estado ratificó que en la Argentina «la solución del problema está en manos de los tribunales y que “son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”. Y agregó: “Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”.
“Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”, añadió el mandatario.
En el final de su mensaje, Fernández expresó que realizó estas declaraciones porque percibe una “malintencionada campaña en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.
“Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”, concluyó el Presidente.
Con la excusa del coronavirus y gracias a un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de mil delincuentes condenados salieron de la cárcel y hay otro grupo importante de reclusos que presentó recursos con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria.
Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.
A la par, están vigentes pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 presentados, con nueve hábeas corpus colectivos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.
El Servicio Penitenciario Bonaerense había mensurado su población vulnerable al coronavirus al comienzo de la pandemia: 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías. 233 de ellos estaban diagnosticados con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa.
Otros 476 detenidos y detenidas padecían HIV. En los listados había 54 madres con chicos y 22 embarazadas.
La liberación de presos generó un rechazo generalizado de la sociedad y en redes sociales ya convocaron a un cacerolazo nacional para el jueves a las 18.
La oposición también se manifestó fuertemente en contra. Desde el PRO advirtieron que liberar reclusos pone en riesgo la seguridad de la sociedad y no respeta el derecho de las víctimas. “En 4 años recuperamos asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los quieren liberar a todos…”, lamentó Patricia Bullrich en Radio Metro.
En un comunicado firmado por la ex ministra de Seguridad, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri, se recuerda la Ley de Víctimas sancionada en 2017 y se advierte que «los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso”.
En el gobierno hubo voces en contra de la medida. Uno de ellos fue Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quien pidió proteger a las víctimas y advirtió que “los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político”.
En sintonía se expresó Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, quien sentenció: «Si dependiera de mí, no sale ningún preso”.
“El verso de que con la pulsera electrónica los pueden controlar es sarasa. Han salido algunos (encarcelados) por delitos menores y otros con delitos graves y, por ejemplo en Pergamino, quisieron robar un supermercado entre seis o siete personas. Uno de ellos tenía una pulsera electrónica…», argumentó el funcionario bonaerense para sostener su postura.
