La legisladora justicialista dio detalles de los artículos observados por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, correspondientes al decreto que dictó la emergencia administrativa e informática. Aseguró que el Gobernador delega facultades a funcionarios para modificar las transferencias a otros poderes del Estado, entes autárquicos y municipios, evade los controles previos fijados por ley y dispone compras directas. Enviará una nota al Fiscal para que se expida sobre las facultades de Melella para dictar esta medida que va “por encima de las leyes”. También cuestionó a la presidente de la Cámara Mónica Urquiza, por demorar la conformación de las comisiones a fin de que los legisladores puedan formalizar pedidos de informe y debatir proyectos de ley para llevar a sesión. Advirtió que, si se pretende la semana próxima tratar sobre tablas el proyecto del Ejecutivo sin debate previo, no van a acompañar.
Río Grande.- La legisladora justicialista Myriam Martínez detalló por FM Del Pueblo las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas al decreto del gobernador Melella que dispuso la emergencia administrativa e informática en la provincia, sobre lo cual también se pronunció el Fiscal de Estado.
“Estamos trabajando con el decreto 612 que sacó Melella y entiendo que no tiene atribuciones para hacerlo. El Tribunal de Cuentas envió una resolución plenaria con muchísimas observaciones a ese decreto y el Fiscal de Estado también le envió una resolución al Gobernador. Son temas importantes que hacen a la defensa de la institucionalidad y a los controles por parte de los poderes del Estado”, dijo.
Precisó que “el Gobierno de la provincia fue notificado el 11 de mayo de la resolución del Tribunal de Cuentas, y el 13 de mayo el Fiscal de Estado notificó de otra resolución que hace referencia a esto. Están observados los artículos 7, 8, 12 y 17 del decreto provincial, donde se declara la emergencia administrativa e informática en la administración pública provincial. El Fiscal de Estado hace mención a la coparticipación y le recomienda al gobernador que cumpla con la resolución 665 de 2009, donde se dispone cómo se debe coparticipar. También le recuerda al gobernador cuáles han sido sus presentaciones ante la justicia cuando era intendente, y cómo se instruyó en su momento al gobierno de Bertone para que cumpla, ante el atraso en los envíos”.
Respecto de los artículos observados, dijo que “el artículo 7 modifica los procedimientos establecidos por ley y le da instrucciones a la Contadora General, al Subcontador General, al Tesorero y Subtesorero para hacer excepciones. Una de esas excepciones puede ser la coparticipación. Nosotros ya tenemos un procedimiento de envío mediante la resolución de 2009, pero con este decreto el gobernador modifica el procedimiento establecido por una ley. Esto es lo grave y por eso el Fiscal de Estado observa este artículo que permite excepciones a las transferencias a otros poderes del Estado, entes autárquicos y municipios. El Fiscal recuerda la medida autosatisfactiva presentada en 2009 por el municipio de Río Grande –durante la intendencia de Jorge Martín-, y el acuerdo que se pactó y fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia. Remarca que este acuerdo permite a los municipios contar con sus recursos en tiempo y forma. También hace mención al expediente 3909 de 2019, donde se hizo lugar a la acción impetrada por Melella. Le dice que tras verificar demoras de hasta seis meses, exhortó a la provincia a que en el futuro dé estricto cumplimiento al plazo de 90 días corridos, computados a partir del cierre del período”, sostuvo.
“El Fiscal dice que hay que dar cumplimiento a este acuerdo y que ya tenemos antecedentes. Uno hubiera querido que se actúe de otra manera y que el Fiscal tomara intervención en el momento en que el gobernador emitió este decreto, porque el gobernador no tiene atribuciones para imponer esto a otros organismos y poderes del Estado, ni modificar leyes por decreto”, aseguró.
Adelantó que desde el bloque se va a enviar “una nota al Fiscal de Estado porque hace mención a otros puntos. En el artículo 8 se evita el control y esto también llama la atención del Fiscal. Todos los controles previos que establece la ley 1015, Melella los corre y modifica la ley, permite que se hagan todas las compras y luego se hagan los controles posteriores, pero ahí no sabemos qué se va a comprar, de qué manera se va a pagar, cuál es el valor, y no se sabe nada hasta que ya está todo ejecutado y el pollo está cocinado”, dijo.
“En el artículo 12 le da instrucciones a los entes autárquicos para implementar el expediente electrónico, que sabemos que tiene un costo bastante importante para el Estado provincial y esa información todavía no la tenemos. Con respecto al artículo 17, permite que todas las compras sean de forma directa, sin ningún tipo de control previo”, apuntó.
“Todo esto es lo que se ha observado, y el decreto está modificando la ley 1015, que rige para todos los poderes del Estado. Nosotros estamos muy preocupados por el dictado de este decreto, que además es retroactivo: tiene fecha del 23 de abril de 2020 y declara la emergencia a partir del 16 de marzo, es decir que están salvando todos los actos que hicieron previamente y esto tampoco se puede hacer”, sentenció.
“Yo voy a enviar una nota al Fiscal de Estado para que diga si el Gobernador tiene atribuciones para hacer esto, o si estoy equivocada en la evaluación que hemos hecho con el equipo de trabajo que me acompaña”, ratificó la legisladora.
Sin trabajo en comisión
Por otra parte, cargó contra la presidente de la Cámara Mónica Urquiza por no permitir el trabajo en comisión para tratar este y otros temas. “Este tema se va a plantear pero la Legislatura todavía no ha conformado las comisiones y no entiendo por qué la presidente todavía no se moviliza con esto. Me preocupa porque ya hemos hecho una reunión plenaria hace tiempo, donde se establecieron los integrantes de las comisiones y cada bloque envió quiénes eran los legisladores que iban a integrar cada una de ellas, pero todavía no tuvimos ninguna reunión. Le hemos pedido tener comisiones en forma virtual, porque hay informaciones que todavía no hemos recibido y fue pedida en las videoconferencias. También quedó pendiente la reunión con la Ministra de Producción y con la Ministra de Educación, y no tenemos ningún tipo de información de estas áreas”, cuestionó.
“Con respecto a las sesiones, todavía no tenemos un protocolo y hemos pedido uno por escrito, que dejen de hablar tanto y se pongan a escribir para que podamos funcionar, así como funcionan los concejos deliberantes. Esto se lo hemos pedido a la presidente de la Legislatura, que es la que se tiene que hacer cargo de toda esta situación. Hay muchos temas en los que tenemos que trabajar y estamos esperando el proyecto del Ejecutivo para analizarlo. No queremos que llamen a sesión y se apruebe sobre tablas sin ningún tipo de tratamiento”, advirtió, decidida a no acompañar en este caso.
“Queremos colaborar porque sabemos la situación en que estamos, pero también son importantes los controles. Realmente me preocupa la manera en que se están manejando. Hemos tenido contacto por videoconferencia con los intendentes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, y más allá de la buena relación que pueden tener con el gobierno de la provincia, una cosa es lo que se dice por los medios y otra lo que realmente pasa. Uno se calla muchas cosas para no confrontar, pero la verdad es que no hay un trabajo vinculado. El consejo económico y social nunca se convocó y no hay participación en la toma de decisiones. El gobierno informa lo que está haciendo, y notifica lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Uno cuida todo lo que dice por las necesidades que tenemos en esta situación que se está viviendo, porque yo no estoy alejada de la realidad que viven todos los vecinos, pero también tengo que cumplir con la responsabilidad que me dio el pueblo de Tierra del Fuego, y esto incluye no solamente acompañar sino hablar de lo que no se está haciendo y de las cosas que no comparto, como este decreto”, sostuvo.
Además aseguró que “este decreto es parte del proyecto de ley que el gobernador mandó a la Legislatura y nosotros enviamos a comisión para poder trabajarlo”, y sería también parte integrante del proyecto de ley que presentará el Ejecutivo, para que tome fuerza de ley.
La legisladora negó que se pretenda atacar al gobierno con estas declaraciones y barajó que “si Mónica Urquiza estuviera en la oposición estaría todos los días denunciando en la tapa de los diarios que no hay comisiones. Nosotros tratamos de ser muy responsables porque sabemos que la situación es muy complicada, pero tuvimos la casa tomada seis meses cuando asumió el gobierno de Bertone y así y todo nos apuntaban de todos lados, habiendo recibido una provincia fundida”, recordó.
Coparticipación municipal
Por otra parte se le preguntó sobre las declaraciones del legislador de FORJA Federico Greve, que adelantó un replanteo del presupuesto por la merma de la recaudación provincial y nacional. “No escuché estas declaraciones del legislador pero nosotros no tenemos un presupuesto aprobado y estamos con un reconducido. Eso también trae varias complicaciones a la hora de obtener información. No tenemos información actualizada por lo menos en el bloque. Hemos realizado distinto tipo de reuniones mediante videoconferencia y pudimos tomar contacto con funcionarios del Ejecutivo provincial. Algunos de ellos, como la Ministra de Salud y la Ministra de Desarrollo Humano, nos enviaron información sobre lo que se ha gestionado con respecto a la pandemia y cuáles fueron las acciones desde sus áreas, pero la información con respecto a la economía provincial ha sido muy poca. No coincidimos en muchos puntos y se hace difícil cuando uno no tiene la documentación para creer lo que ellos están diciendo”, planteó.
“Estamos enviando muchos pedidos de informe al Ejecutivo en materia económica y queremos saber qué pasa con la coparticipación, porque se habla todo el tiempo pero no tenemos nada resuelto y es muy preocupante que las municipalidades no puedan contar con sus recursos para hacer frente a las necesidades de los vecinos tanto de Río Grande como de Tolhuin y Ushuaia”, dijo.
“Es mucho el dinero que se le debe a las municipalidades, porque estamos hablando de más de 300 millones en el caso de Río Grande y una suma similar a la municipalidad de Ushuaia. Es desgastante estar reclamando todo este tiempo por los medios, pero no hay otra manera de hacerlo, más allá de los procedimientos administrativos. Después ocurre como en Río Grande que, luego de reclamar, aparecen 120 millones en una semana, pero la deuda continúa”, fustigó.
“Esto no es una cuestión partidaria y es dinero que le corresponde a la municipalidad, así como el gobierno de la provincia también necesita de los recursos que envía el gobierno nacional para poder afrontar las necesidades. Me molesta cuando dicen que no tenemos que politizar este tema, pero no hay que confundirse, porque cómo no vamos a politizar algo cuando no están cumpliendo. Esto no es nuevo y también reclamó Melella cuando fue intendente, y recurrió a la justicia para que interviniera ante el no envío de la coparticipación. La justicia se expidió y marcó un procedimiento que se debe cumplir, y le instruyó al gobierno de Bertone que tenía que cumplir con esa resolución”, expuso.
“Ahora tenemos al ex intendente como gobernador y le pedimos que cumpla con el envío de la coparticipación, para evitarnos todo este tipo de reclamos. Deberían aprender del pasado, porque si Melella estuvo en la misma posición y también le gustaba que le envíen los fondos en tiempo y forma, que le envíe los recursos a las municipalidades y nos evitamos todos preocuparnos por algo que no es necesario. Acá tenemos que defender a los vecinos, y los defendemos si cada uno puede contar con sus recursos para cumplir con las obligaciones”, enfatizó.
Por no funcionar las comisiones, no hay debate de ninguna ley y puntualmente no se ha podido tratar el proyecto de ley de goteo que presentó el bloque, y que no es el único de similar tenor. “Siempre es muy resistido este proyecto porque se argumenta que se va a desfinanciar al Estado provincial exigiendo el cumplimiento. El Dr. Gastón Díaz planteó una propuesta, ante la tardanza en el envío, para que se incluyan intereses. Son todos temas que se deben tratar y para eso es necesario que funcionen las comisiones”, concluyó.
