El abogado del foro de Ushuaia integra el grupo de autoconvocados que estuvieron reclamando el reinicio de actividades en el Poder Judicial y priorizó el derecho de la gente al servicio de justicia, por encima del impacto que tuvo la paralización en los profesionales. Consideró que comienza una nueva etapa con la implementación del sistema Kayén, para la tramitación vía internet de expedientes y procedimientos judiciales. Abrió un interrogante sobre cómo será su aplicación, dado que está en desarrollo, pero sostuvo que es un sistema que viene a quedarse, frente a la “nueva normalidad” que impone la pandemia. A su criterio no debería haber feria judicial de invierno y debería plantearse una postergación del cronograma.
Río Grande.- El Dr. Raúl Aciar fue consultado por Radio Provincia sobre el reinicio de la actividad del Poder Judicial, luego de una extensa feria extraordinaria, que derivó en un fuerte reclamo de abogados autoconvocados. “Comenzamos a trabajar con una nueva metodología, que es lo que impone la pandemia, pero efectivamente hay un levantamiento de la suspensión de todos los procesos del Poder Judicial, y era lo que veníamos reclamando”, dijo.
Respecto de las posturas divididas entre los colegios de abogados y los abogados autoconvocados, aseguró que “no hay ninguna discusión interna y en realidad estamos todos en la misma vereda solicitando la apertura y funcionamiento del Poder Judicial. Hubo posturas de cada uno pero todos queremos la puesta en funcionamiento de la justicia, por supuesto con una metodología distinta, pero no hay posturas opuestas ni una situación conflictiva. Los abogados autoconvocados somos todos colegiados, no es que estamos afuera del colegio. Eso no significa que los colegiados puedan tener una postura distinta, no opuesta, a la que tienen los colegios como institución”, expresó.
Como uno de los autoconvocados fue a la reunión con el Superior Tribunal, invitado por la Corte fueguina aunque esta participación despertó resquemores en las autoridades de los colegios. Sin embargo reiteró que “esta no es una situación conflictiva porque todos queríamos que se reanude la actividad judicial, no por una cuestión egoísta de que los abogados no estamos cobrando plata, si bien es cierto que afecta a todos los autónomos que no pudimos trabajar todo este tiempo, pero lo que importa es que detrás de los juicios, los procesos y los expedientes, están las personas. Las personas tienen necesidades que no admiten la suspensión por un tiempo prolongado. Por supuesto no todos los casos son iguales, pero hay urgencias y se trata del derecho de la gente. La justicia es uno de los poderes del Estado que está dirigido a solucionar los conflictos de derecho y entre particulares. Los abogados estamos en el medio entre lo que la gente reclama y el Poder Judicial, ese es nuestro trabajo y nuestra obligación”, subrayó.
Informatización de procesos
Con respecto a la digitalización que comenzará a aplicarse a partir del 1° de junio con el sistema Kayén, recordó que “nosotros reclamamos la posibilidad de implementar la prestación que tiene el servicio a través de este sistema. Es un tema interesante porque comienza una nueva etapa. Hay que aclarar que el sistema Kayén está en desarrollo y está en una primera etapa. Lo que se ha hecho es incrementar la prestación de ese sistema y a partir de ahora se pone en funcionamiento una etapa experimental, porque es probable que se vean algunos agujeros y cosas que faltan, y eso se va a ir compatibilizando. Es un adelanto, lo que ocurre es que la pandemia nos tomó en un momento de desarrollo de un sistema que no estaba terminado”.
“Plantear por qué no se hizo antes no sirve para nada. Visto que la cuestión presencial está limitada por la imposibilidad de que haya mucha gente junta, una forma de continuar trabajando es a través de la informática”, manifestó, y estimó que “es prematuro hablar de lo que va a pasar, lo que hay que destacar que se ha hecho un gran esfuerzo de parte del Poder Judicial para poner en funcionamiento esto y nos pone muy nerviosos a todos, que tenemos un gran signo de interrogación. Es un cambio y a partir de ahora nada va a ser igual. Es probable que esta sea nuestra frecuencia futura y deberemos interiorizarnos para seguir haciendo lo que hicimos siempre, ahora con una herramienta distinta, como va a pasar en toda actividad. Nada va a ser igual y todos tendremos que ubicarnos en esto que se llama la nueva normalidad para seguir haciendo lo que antiguamente hacíamos”.
Explicó que “este sistema permite una comunicación distinta a través de la informática, no del papel, y tiende a la digitalización del proceso, que es una herramienta sumamente útil porque dinamiza todo el procedimiento judicial. El fondo de la cuestión sigue siendo el mismo, lo que ocurre es que ahora se trabaja a distancia y no en forma presencial. La última etapa de esto sería la modificación de los códigos, del derecho de forma, adaptado y compatibilizado con esta nueva herramienta. Esto ha ocurrido en algunas jurisdicciones y en otras está en etapa de desarrollo”.
Feria judicial de invierno
Por otra parte se lo consultó sobre la feria judicial de invierno, que fue tema de debate en la reunión con el Superior Tribunal, pero “eso no está resuelto y creo que no estamos en época de resolver, porque aunque no nos guste estas son realidades que se deben resolver día a día. Por mi parte creo que no va a haber feria, por lo menos en la época en que normalmente se toma, que es la primera o segunda quincena de julio, porque para ese entonces todavía vamos a estar con restricciones. No tiene mucho sentido tomar la feria con motivo vacacional o recreativo si uno tiene que quedarse aislado o semi aislado en su casa”, planteó.
“Lo mejor sería esperar a estar más próximos a la fecha para resolverlo. Esto no afecta el derecho de los trabajadores judiciales a tomar la recreación, pero se puede correr en el calendario, porque el sentido de las vacaciones es que el trabajador tenga un tiempo de recreación, no que esté afectado al trabajo”, concluyó.
La “setentena” eterna
Por Radio Universidad fue consultado el Dr. Federico Rauch sobre la cuarentena extendida y las consecuencias que podrá acarrear, sobre todo a partir de la postura que tomó el ex presidente de la Corte Suprema, Dr. Ricardo Lorenzetti. “La cuarentena de hoy es una setentena y el resultado es que tenemos un sector productivo totalmente paralizado en el país. El sector privado literalmente hace 70 días que no genera ningún tipo de actividad. Recién se están mostrando los indicios de la destrucción de grandes sectores de la ciudad luego de estos tres meses que han puesto en jaque su supervivencia, sobre todo a futuro, por lo que va a venir cuando haya que restaurar las distintas libertades y derechos que establece la Constitución Nacional”, advirtió Rauch.
“El Dr. Lorenzetti ha sido claro y son declaraciones de gran trascendencia, que no se hubieran dado sin el acuerdo de los demás miembros de la Corte Suprema. Ha dicho que no es posible seguir con un pseudo estado de sitio, sin las libertades y derechos que hacen a la forma democrática y republicana. Esto no puede continuar indefinidamente y me parece que estamos arribando a una situación donde se van a empezar a ver las consecuencias de este confinamiento. Las declaraciones del Dr. Lorenzetti están dirigidas al resto de los jueces federales y por supuesto al Ejecutivo y al Congreso nacional. Ha pasado un tiempo más que suficiente para enfrentar el problema del punto de vista sanitario, quedó en evidencia que no se contaba con la infraestructura sanitaria adecuada y eso es responsabilidad exclusiva de la clase política argentina. Hubo que salir a resolver ese problema y mientras tanto cancelar el derecho a trabajar, a circular, pero han pasado 70 días y el costo que esto tiene todavía no lo sabemos”, dijo.
“En la medida en que se empiece a poner en marcha la vida habitual de millones de personas y se vuelva a cumplir con el modo de gobierno que establece la Constitución, respetando las libertades que garantiza ese modelo, veremos las consecuencias que vamos a pagar por este confinamiento”, observó, tanto del punto de vista económico como judicial, ante la posibilidad de que se disparen amparos contra las restricciones.
