El secretario de Finanzas Diego López admitió que, frente a la caída de la recaudación y el retraso de coparticipación, el municipio hoy no puede garantizar el pago del medio aguinaldo a los trabajadores. Espera en junio reunirse con funcionarios de gobierno para achicar la deuda, que actualmente es de 260 millones sólo de coparticipación, más 100 millones de deudas tributarias. Además expuso que, por la caída de la recaudación propia, la nacional y la provincial, en estos cinco primeros meses del año van a ingresar 500 millones menos de lo que estaba previsto en el presupuesto.
Río Grande.- El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Río Grande, Diego López, expuso por Radio Universidad 93.5 la situación crítica que atraviesa la gestión de Martín Pérez a raíz del desplome de la recaudación propia, la provincial y la nacional, sumado a la deuda que mantiene el gobierno de la provincia. De no haber cambios en este escenario, no está garantizado el pago de los aguinaldos en junio.
Ayer participó de la reunión de la comisión de seguimiento de la coparticipación en el Conejo Deliberante, y precisamente fue consultado sobre la deuda del gobierno con la provincia. “Fue una reunión muy positiva y la segunda de esta comisión de seguimiento que inició en el mes de abril. En esta oportunidad se sumaron los sindicatos, representantes de ATE y SITOS, y los presidentes de cada uno de los bloques. Dejamos en claro los objetivos que nos planteamos en esta comisión, que son la defensa de los recursos y la autonomía municipal, entendiendo que los derechos se garantizan con recursos y, de percibirlos, vamos a poder dar mejores prestaciones a nuestros vecinos”, expresó.
“La idea de esta comisión es trabajar con información oficial y llevar adelante un análisis objetivo. El reclamo es justo y necesario y se pudieron evacuar todas las dudas”, afirmó.
Precisó que “actualmente la deuda asciende a 260 millones de pesos y, si sumamos la deuda tributaria, hablamos de 360 millones de pesos. El promedio de deuda entre enero y abril fue de 320 millones, con un atraso de 30 días, que actualmente se mantiene. Quizás el promedio de deuda pasó de 320 millones a 260 millones, pero no porque el atraso sea menor sino por el desplome de la recaudación. En una situación regular, estos 30 días de atraso implicarían 430 millones de pesos. Esto se debe a la caída de la recaudación por la parálisis de la actividad”, explicó.
“Nos pareció importante en esta reunión dejar en claro el marco normativo del proceso de seguimiento de esta deuda. Vamos a trabajar sobre la resolución 665 del Ministerio de Economía del año 2009, por un acuerdo que celebró el Municipio de Río Grande y el gobierno provincial. Este acuerdo fue homologado en el Superior Tribunal de Justicia y establece el mecanismo de remisión de fondos municipales. Hay varios documentos que avalan esta resolución, hay un fallo de 2009 y otro reciente de 2019, hay una intimación del gobierno municipal en 2019, también está la resolución plenaria 62 del mes de abril del Tribunal de Cuentas y la nota del Fiscal de Estado que da aval a esta resolución”, detalló.
“Con esta normativa no existe ningún fundamento para justificar un atraso de 30 días, y sí hay un claro fundamento en la resolución 665 de que este atraso es un incumplimiento a una resolución judicial”, sentenció el funcionario.
Sueldos en riesgo
López agregó que “en la reunión, aprovechando la presencia de los sindicatos, hablamos de que pronto tenemos que hacer frente al pago del aguinaldo y esto implica 100 millones de pesos. La deuda del gobierno es dos veces y media el monto del aguinaldo y equivale al pago total de los haberes mensuales. Esto nos pone en una situación complicada y necesitamos reducir estos atrasos. La recaudación municipal cayó un 35%, la coparticipación federal un 40% y otro 40% la recaudación provincial. La verdad es una situación complicada en términos fiscales y las necesidades son crecientes. Hemos realizado una inversión social y sanitaria importante y tenemos que seguir garantizando los servicios públicos”, remarcó.
“Si comparamos lo que esperábamos recaudar según lo estipulado en el presupuesto y lo que efectivamente recaudamos en los primeros cinco meses, hablamos de una merma de 500 millones de pesos. Estos ingresos los teníamos previstos y no van a estar. Ahora tenemos que certificar una deuda millonaria con la empresa Santa Elena, que presta el servicio de recolección de residuos, cercana a los 100 millones. Es una deuda que heredamos y en paralelo estamos trabajando en el cierre de la cuenta de inversión. La proyección del déficit de la cuenta 2019 es superior a los 300 millones de pesos”, adelantó.
“Así que tenemos la herencia del déficit de 300 millones, la caída estrepitosa de la recaudación, y el ahogo por el atraso en la remisión de fondos coparticipables. Para la prestación del transporte público también tenemos una redeterminación de 10 millones de pesos que no fue saldada y corresponde al 2019. En 2019 ya se había dejado aprobado el aumento del boleto a 24 pesos y recientemente por decisión del intendente hemos suspendido este aumento, atendiendo esta coyuntura. Esto implica una erogación importante en un marco complicado. El monto presupuestado en subsidios para la empresa City Bus fue de 180 millones. En abril se redujo el pago por unidades, porque no están funcionando las 27 sino 20. La empresa además tiene menos corte de boleto y tiene que seguir afrontando las erogaciones para poder prestar el servicio”, planteó.
Reunión en puerta
El secretario aspira a poder concretar un encuentro en el muy corto plazo con los funcionarios de gobierno para llegar a un acuerdo. “Hemos tenido charlas informales y la idea es convocar a una reunión en el mes de junio, porque es necesario disminuir ese atraso y que nos permita afrontar el pago del aguinaldo. Hoy no está asegurado el pago del aguinaldo y está condicionado a que aminore esa deuda de 30 días para afrontar este monto extraordinario en junio”, alertó.
Proyecto de emergencia
Por otra parte, se le pidió opinión sobre el proyecto que comenzó a debatir ayer la Legislatura, y dijo que “nuestra postura es clara y estamos a favor de esta herramienta como mecanismo de reactivación económica de corto plazo. Entendemos que nuestra economía necesita que se inyecte esa suma de dinero y estamos a favor. Lo que me pareció acertado fue que se enviara a comisión para discutir algunas cuestiones que no estaban claras en el proyecto original, como el destino de los fondos. El proyecto original establece tres destinos, para créditos a través del BTF, del Ministerio de Producción y para obra pública, y no se establece cuánto se va a destinar a cada uno de esos canales”, observó.
“Nosotros planteamos la posición a favor de este instrumento, pero es importante clarificar estas cuestiones, para que los fondos lleguen a quienes lo necesitan. Esta herramienta va a paliar la situación del sector privado, y nos hubiese gustado conocer los plazos de los créditos, cuál va a ser la tasa con que se va a prestar y el mecanismo de otorgamiento, los montos. Son varias cuestiones a clarificar para garantizar que se cumpla el espíritu del proyecto”, dijo.
“No queremos que esos recursos se dilapiden en otros objetivos y que esta herramienta de reactivación no se convierta en una herramienta de especulación. Respecto de las exenciones impositivas, se habla de ingresos brutos, que es un tributo coparticipable a los municipios, y en caso de que haya eximiciones implica un esfuerzo fiscal importante de los municipios. Por eso era importante poner palabra en este sentido”, concluyó.
