El fiscal Virgilio Martínez de Sucre realizó una presentación ante el plenario de comisiones con una reseña de las “frustraciones” en la historia de la provincia. Habló de la experiencia con este tipo de iniciativas y expuso una serie de delitos que se cometieron, si bien no hubo condenas en algunos casos por razones de prescripción. La información quedó a disposición de los legisladores.
Río Grande.- Este miércoles concurrió el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, acompañado por el fiscal adjunto y el vocal del Tribunal de Cuentas Hugo Pani, al plenario de comisiones para avanzar en el debate de la creación de Terra Ignis SAU.
Habló de “la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años con este tipo de iniciativas” y llevó “una serie de antecedentes para ilustrar a los legisladores”, según dijo en su intervención.
Se remontó a los inicios de la provincia y dijo que se puso a “repasar las intervenciones que hemos tenido a lo largo de los años, que han sido frustraciones. Es lo que sentí después de las cosas que vivimos y no pudimos concretar. En el año ’93 firmamos el convenio con el Estado nacional, en base al cual modificamos la coparticipación y obtuvimos beneficios interesantes para los intereses de la nueva provincia. Recibimos 160 millones en bonos del Estado nacional, que se coparticiparon a los municipios. Esos bonos los comercializaba el banco, pero quisimos jugar a la bolsa en el año ’94 y ’95. Nos fue muy mal, porque cada vez que la provincia compraba bonos, lo hacía al valor más caro del día; y cada vez que vendía bonos, lo hacía al valor más barato del día. Eso se repitió durante más de un año, con pérdidas incalculables”, afirmó.
“Hay una causa penal, hubo procesamientos en su momento, la causa es la 1016 donde están detalladas las operaciones. También quisimos jugar a la bolsa en 2003 con los bonos del banco y también perdimos, inexplicablemente. Quisimos jugar al banco de fomento con el banco como herramienta de desarrollo provincial, y se dieron préstamos indiscriminadamente, sin ningún tipo de garantía, de seriedad, sin legajos. En esa causa también hubo procesamientos, llegó a juicio oral y lamentablemente prescribió en el tribunal de juicio. Es la causa 2099, para quien la quiera ver. Quisimos también comprar una tarjeta de crédito a través del banco y nos fue mal”, agregó.
“Producto de este desastre que se hizo en el banco con préstamos indiscriminados sin ningún tipo de garantía, llegó un momento en que no había cobros. Entonces contrataron una fuerza de cobro externa, un estudio jurídico de afuera la provincia que venía a traernos las soluciones mágicas para el banco que no tomó los resguardos cuando dio los préstamos. Esa fuerza de cobro mágicamente iba a recuperar todos los créditos, firmaron un contrato en base al cual la fuerza de cobro iba a ir cobrando sus honorarios de cada cuota que cada deudor moroso pagara. Ese convenio lo rompieron, falsificaron el libro, lo lavaron y transcribieron un contrato nuevo”, expresó.
“Esta historia desencadena los hechos y las frustraciones de las que hablé. Debido a la experiencia que tenemos, hemos visto una tendencia permanente a ocultar información, la inexistencia de antecedentes serios, la desaparición o sustitución de documentos, dictámenes sin respaldo documental, querer abstraerse de los controles y evitar aplicación de normas que rigen para el Estado. Si se piden expedientes y licitaciones para compras menores, no se entiende cómo para contrataciones millonarias se ha recurrido a reglamentos que también han sido falsificados”, concluyó.
La documentación con los antecedentes quedó a disposición de los legisladores, dado que se vio interrumpida por mociones de algunos legisladores para abocarse al tratamiento del asunto materia de análisis.
