El legislador del MPF comparte con la oposición la necesidad de establecer controles de los organismos estatales en la empresa de hidrocarburos, como también las críticas por la falta de información de los funcionarios del Ejecutivo en su paso por las comisiones. Pablo Villegas remarcó que, en función de los cuadros políticos que integran la Cámara, su experiencia y conocimiento, se los debe “respetar” dando información seria, por lo que no ve apuro para avanzar en el debate hasta tanto se cumpla con este requerimiento. Respecto del reclamo de deudas de coparticipación, reveló que según el Tribunal de Cuentas la mora en la gestión Bertone osciló “entre los 20 y los 50 días”, y sin embargo no hubo tanto énfasis en el reclamo como ahora. Si hay consenso, la Legislatura se abocará a este tema, pero planteó “separar la paja del trigo”, dado que hay “condimentos políticos”.
Río Grande. – El legislador del MPF Pablo Villegas fue consultado por FM La Isla sobre el debate del proyecto de creación de Terra Ignis, que quedó en suspenso hasta contar con mayor información: “Yo creo que hay que pisar la pelota y dejar que a totalidad de los legisladores puedan evacuar las respuestas que no fueron dadas de la manera que esperaban de parte de algunos funcionarios del Ejecutivo. Los legisladores de la oposición han tenido una actuación de una alta responsabilidad institucional, todos lo han demostrado en el tratamiento de la ley de emergencia, y este caso no va a ser la excepción. Hay cuestiones que se tienen que seguir debatiendo, hay que conseguir mayor y mejor información”, sentenció.
“Tengo entendido que hay legisladores que han requerido la opinión de la Inspección General de Justicia acerca del estatuto que se adjunta al proyecto de ley. Algunos están de acuerdo con que sea una SAPEM, es decir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, otros dicen que debería ser una sociedad anónima. Todos estamos de acuerdo con que esta herramienta, bajo la figura que sea, tenga los debidos controles que prevé nuestra Carta Magna, tanto del Tribunal de Cuentas como de la Fiscalía de Estado. Es mi opinión personal y la de muchos legisladores”, afirmó.
“Creo que hay una férrea convicción de que todos queremos que la provincia participe de los beneficios de la renta petrolera y gasífera, y de lo que puede generar la producción de energía. Esa es la posición de fondo y es muy importante. No es un tema menor ver cómo debe pararse el Estado frente a la explotación de los recursos naturales. La mayoría de los legisladores queremos que los fueguinos obtengan mayores recursos económicos para volcarlos en mejores servicios”, planteó.
“Si bien es importante la cuestión de fondo, la forma también es importante, y por lo que pintó hasta ahora no fue muy feliz el trámite parlamentario, porque quedaron interrogantes sin resolver. Hay posiciones encontradas y hay que dar el tiempo necesario a este debate. No es lo mismo que el tratamiento de la emergencia por la pandemia. Hay que acercar la información que se requiere, despejar dudas y sobre todo lo relacionado con los sistemas de contralor de dineros públicos, porque una empresa de estas características va a manejar recursos provinciales. No hay que apurarse a sacar algo rápido y mal, sino ser prudentes y trabajar en el consenso”, propuso.
Casi rayano con una acusación de falta de respeto de parte de algunos funcionarios, remarcó que “esta es una Legislatura integrada por verdaderos cuadros políticos, tenemos un ex gobernador, un ex intendente, ex concejales, legisladores con varios mandatos en la espalda, gente joven con experiencia gremial, y mujeres con experiencia política en el Partido Verde. Es una Legislatura con cuadros que hay que saber respetar y darles argumentos serios e información seria”, enfatizó.
Caída en la actividad económica
Por otro lado se le preguntó sobre los datos conocidos ayer de la caída del 26% interanual en la actividad económica, un 17% al mes de marzo, según relevamientos de abril que se conocen en junio. “Los legisladores no vivimos encerrados en un huevo y todos tenemos contacto con vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo, comerciantes, empresarios. No desconocemos esta realidad y por eso tratamos de que el Estado provincial de la manera más rápida posible pudiera salir en auxilio del sector privado. Luchamos por una ley de emergencia que afectara recursos al sector, pero también sabemos que tenemos un déficit mensual de aproximadamente mil millones de pesos, que resiente toda la actividad estatal y la posibilidad de poder crecer de acuerdo a lo que se había previsto en diciembre del año pasado. El gobierno provincial está haciendo uso de herramientas financieras habilitadas por el gobierno nacional, que permiten por ejemplo adelantos de coparticipación. Sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana, pero son soluciones que hay que utilizar, en la medida que permitan mantener el statu quo en el ámbito del sector público”, dijo.
“Si bien es importante el sector privado, y por eso se tomó la decisión de inyectar dos mil millones de pesos de recursos de los bonos, también es cierto que el sector público tiene una seria incidencia en la actividad económica local y por ende hay que mantener por lo menos el statu quo, respetar los acuerdos salariales que se habían pactado, en un contexto muy distinto para el país y la provincia”, expresó.
“El Ministro de Finanzas está llevando a cabo una ingeniería financiera para que esta bola de nieve se descomprima lo más rápido posible, pero no deja de ser preocupante, porque las perspectivas del país indican una realidad complicada, que tiene que ver con la reestructuración de la deuda pública, con la caída de los precios de los productos primarios a nivel internacional. Tenemos realidades muy complejas y no nos tienen que frustrar, sino que hay que encontrar la manera más inteligente para buscar algunas soluciones y buscar respaldo también en aquellos que tienen la espalda más gorda para poder dar soluciones, y estoy hablando del gobierno nacional”, apuntó.
“Nosotros no tenemos la posibilidad de generar recursos más que a través del sistema de coparticipación de impuestos, por regalías y recursos locales por la recaudación de Ingresos Brutos, sellos o tasas, donde hay una caída sustancial. Necesitamos todas las provincias del país recurrir al auxilio financiero de la nación de manera extraordinaria y Tierra del Fuego no va a estar ajena a esta realidad”, manifestó.
Reestructuración provincial
Con respecto a la reestructuración de los bonos del endeudamiento anunciada por el gobernador Melella, aclaró que es “un testigo de oídas en esto, no tengo la autoridad técnica ni política como para poder dar una respuesta cierta y con asidero. Sé que Gustavo ha hablado en más de una oportunidad sobre la posibilidad de hacer una reestructuración de esa deuda en mejores condiciones y con otros plazos de amortización. Tenemos una tasa de interés muy alta a nivel internacional y hay una negociación en marcha. No sé qué perspectiva de éxito o fracaso se tiene, y esto escapa a mi conocimiento porque me supera la parte técnica, y también escapa a mi conocimiento político porque no estoy en el ámbito del Poder Ejecutivo”.
Coparticipación municipal
Por último se le planteó si tiene herramientas la Legislatura para intervenir en este conflicto entre el gobierno y los municipios, por la deuda de coparticipación. “Yo soy un convencido de que la Legislatura de la provincia aporta sustancialmente un marco de gobernabilidad a nivel provincial, y hay un vínculo con los tres municipios. Este es un tema recurrente, si hablamos con unos dicen una cosa, si hablamos con otros dicen otra, y parece que están jugando al truco, porque no se sabe quién miente más y mejor”, disparó.
“Es un tema importante y, si se obtiene el consenso mayoritario de los legisladores, va a ser tratado y debatido. Siempre tomo con cierta relatividad los reclamos que hacen los intendentes respecto de sus recursos municipales, teniendo en cuenta los antecedentes. En estos últimos seis meses he escuchado reclamos de todo tipo respecto de la demora en el pago de los recursos coparticipables. Algunos dicen que son 20 días, otros 30, otros 50, pero si se analiza objetivamente la cuenta general del ejercicio del año 2018 remitida a la Legislatura por el Tribunal de Cuentas, surge de forma palmaria que el plazo de demora en el pago de la coparticipación osciló entre 20 y 50, dicho esto por el propio Tribunal de Cuentas. Es una demora parecida e incluso superior a la actual. Sin embargo no se hacían los reclamos con el énfasis que se están haciendo hoy”, observó.
“Si bien es razonable y legítimo que cada intendente defienda sus recursos, no se puede soslayar que en todo este debate hay un condimento político que debe ser ponderado para diferenciar la paja del trigo. Vamos a ver el grado de evolución de este tema en el ámbito legislativo”, concluyó.
