En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Greenpeace Internacional ha publicado el informe “El negocio pesquero del transbordo de capturas”, para denunciar el turbio negocio de los transbordos de capturas de pesca en alta mar, es decir, las transferencias ilegales de barcos de pesca a buques de carga frigoríficos (referidos en inglés como reefers).
Estas operaciones se realizan sin vigilancia adecuada, desarrollando un sistema opaco a gran escala que facilita la sobrepesca y la explotación de las personas trabajadoras del mar. Según la FAO, el transbordo es la mayor causa de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (IUU).
Los trabajadores/as se ven obligados a trabajar en turnos sin descanso, o en condiciones inseguras, e incluso se les retiene su paga o confiscan su documentación.
Utilizando datos de Global Fishing Watch, e investigaciones de una amplia gama de fuentes marítimas, Greenpeace ha detectado un récord de 416 buques frigoríficos “con riesgo” que operan en alta mar, del alrededor de 1600 casos estudiados.
Estos barcos representan una amenaza para nuestros océanos al facilitar la pesca IUU, que representa el 15% de la captura mundial anual.
De esos barcos frigoríficos, 318 de ellos pertenecen a compañías de Rusia, China Continental, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Grecia, Noruega y Holanda.
Dejando fuera los barcos rusos, que sólo operan en sus aguas, todos los mares, incluido el océano Antártico, son operados por 250 buques del resto de estas siete naciones, que dominan el negocio en alta mar.
Los propietarios de esta flota y responsables de las posibles ilegalidades se esconden detrás de complejas estructuras empresariales y de “banderas de conveniencia” (FOC, por sus siglas en inglés), que reducen la responsabilidad y la transparencia.
En 2019, la flota de buques frigoríficos más activa involucrada en transbordos en alta mar era propiedad y/o estaba controlada por el magnate naviero griego Thanasis Laskaridis.
Barcos con alto riesgo ambiental y que usan FOC que requieren estándares ambientales, laborales y de seguridad más bajos. Más de dos tercios de los barcos frigoríficos que han visitado la Antártida en los últimos tres años pertenecen a la familia Laskaridis, que posee 20 buques de estas características. Su conglomerado empresarial tiene puntos logísticos en Las Palmas de Gran Canarias y Santander.
Incluso en la Antártida, que, gracias a la Comisión para Protección de la Antártida (CCAMLR) tiene una de las mejores gestiones pesqueras del mundo, están operando regularmente buques con infracciones de seguridad y ambientales y las evidencias sugieren que incluso transbordando capturas ilegales.
De hecho, un barco investigado por Greenpeace colisionó con un témpano de hielo dentro de aguas antárticas mientras transportaba una cantidad importante de combustible, que podría haber causado daños en el ecosistema más prístino del planeta.
Fallos de seguridad
Los reefers de Laskaridis, que operan en las aguas de CCAMLR, tienen una tasa de fallo en las inspecciones de seguridad de, por lo menos, el 60%. Entre 2017 y 2019 seis de sus barcos fueron retenidos en puerto.
El 70% de los buques de carga refrigerados (o “reefers”) que han realizado transferencias en la Antártida entre 2017-2019 no pasaron sus inspecciones ambientales o de seguridad de los trabajadores/as.
El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces de la FAO, que está ratificado por 90 Estados, ha solicitado que el transbordo de carga de pescado se realice dentro de los puertos con mayor control.
Greenpeace reclama la acción inmediata de las autoridades relevantes en la Antártida y en todo el mundo para prevenir los continuos riesgos ambientales de los mares y pide un Tratado Global de los Océanos que brinde un enfoque más holístico a su gobernanza.
“El Tratado que se negocia este mes es vital y debe permitir que los impactos acumulativos de las actividades industriales sean reguladas. Para 2030, el 30% de los océanos debe estar fuera del alcance de las actividades humanas por completo” ha declarado la responsable de Biodiversidad de Greenpeace, Pilar Marcos.
A fines de febrero y principios de marzo de este año activistas de Greenpeace abordaron el buque de carga refrigerado Taganrogsky Zaliv, vinculado a Laskaridis Shipping Ltd, en su camino hacia operaciones de transbordo en aguas antárticas.
Los activistas realizaron una inspección, confirmando que el barco transportaba capturas de una pesquería no regulada, calamar capturado en el océano Atlántico Sur.
Esto implica desde el uso de redes prohibidas hasta pescar más de lo permitido o la captura de especies ilegales. Y debido a que los pesqueros ilegales no informan de su captura, es imposible hacer un seguimiento de las poblaciones.
La pesca no regulada se refiere a la actividad en aguas internacionales, casi el 45% del planeta, donde hay poca regulación o seguimiento. Sin gestión, controles ni supervisión, no hay forma de proteger los océanos.
